El presidente del Consejo Audiovisual podrá cobrar como un secretario autonómico

VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este viernes el reglamento orgánico y de funcionamiento del Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana, el órgano que entre otras cuestiones tiene la potestad de proponer quién debe ostentar la presidencia del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) o intervenir en el proceso de adjudicación de licencias de radio y TDT.

El régimen interno, que en los próximos días será publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y al que ha tenido acceso este diario, contempla como recogía la ley que la presidencia perciba una retribución "correspondiente a una secretaría autonómica" en caso de que se dedique en exclusiva al cargo, o bien cobre las "indemnizaciones" que el resto de integrantes reciban por las reuniones que mantengan, como ya ocurre con los miembros del Consejo Rector de À Punt. Un secretario autonómico del Gobierno valenciano cobra 64.890 euros brutos al año.  

La vicepresidencia, además, también podrá cobrar un sueldo público. En concreto, como si se tratase de un director general, cuyo salario alcanza casi los 55.000 euros anuales. Eso sí, como en el caso de la presidencia, deberá optar por dedicarse en exclusiva a este cargo si lo que quiere es percibir esta retribución. En ese caso, según recoge el ROF "tendrán la consideración de altos cargos de la administración de la Generalitat". Lo que implica que el Gobierno valenciano aumentará en dos el número de altos cargos que tiene. 

Con este redactado, al que el Consell ha dado el visto bueno, el Gobierno valenciano volvería a aumentar el número de personas que percibirán un sueldo del erario público equiparable al de los altos cargos. Algo que ha venido realizando en los últimos meses con la creación de comisionados, agencias o nuevos entes públicos que, lejos de reducirse en aras de racionalizar el gasto y poner orden en el sector público instrumental tal y como se comprometieron cuando el Botànic accedió a la Generalitat, se han visto incrementados en la recta final de la legislatura. 

En la actualidad, la presidencia del Consell del Audiovisual la ocupa José María Vidal, exsecretario autonómico de Comunicación y uno de los impulsores de la norma en la pasada legislatura que por el momento ha renunciado a esta retribución. La vicepresidencia la ocupa Dolors López. 

Por su parte, el documento también contempla que el resto de consejeros del órgano perciban dietas por cada una de las reuniones que mantengan. Pero de momento la cuantía no se ha estipulado, pues será el propio pleno del organismo el que establezca la cifra más adelante. Pero lo que sí que está claro es que, además, los miembros tendrán "derecho al reembolso de los gastos acreditados en que incurran por los actos derivados del ejercicio de sus funciones". Todos ellos, eso sí, deberán ser públicos. 

Como mínimo, todos los miembros se reunirán una vez al mes, según el documento, y con carácter extraordinario "cuando se convoque expresamente por la Presidencia" o si lo solicita la mitad de miembros que componen este el órgano. 

Incompatibilidades y subvenciones

El ROF también contempla un régimen de incompatibilidades que impide a sus miembros ejercer "cualquier cargo de elección o designación política" ni el ejercicio de "funciones de dirección o ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales". Un régimen que se vuelve más estricto en el caso de Vidal y quien ocupe la vicepresidencia, que en caso de optar por dedicarse en exclusiva al Consell del Audiovisual se verán afectados por la ley de incompatibilidades y conflicto de intereses de los altos cargos. 

Asimismo, tampoco pueden tener "ni directa ni indirectamente" intereses en "empresas audiovisuales, de cine, de vídeo, de prensa, de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de internet". Y si este es el caso de alguno de sus miembros, tendrá un plazo de dos meses para resolverlo: es decir, para deshacerse de ellos o, en su defecto, deberá renunciar al cargo, tal y como en su día hizo el exconsejero de À Punt, Vicente Vergara. El exmiembro del Consejo Rector presentó su dimisión después de que se le acusara de incurrir en incompatibilidad por su responsabilidad en Cartelera Turia y más tarde por el hecho de que la radiotelevisión valenciana seleccionara una serie en la que trabajaba su hijo.

Una de las cuestiones que se han incorporado entre las normas de funcionamiento interno afectan a las subvenciones públicas. Según recoge el texto, el propio Consejo podrá "en ejercicio de las funciones de promoción que tiene atribuidas, conceder premios de carácter económico de conformidad con la normativa aplicable en materia de subvenciones". Antes de hacerlo, el propio pleno, que componen cinco miembros nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios, Vidal y quien ocupe la vicepresidencia, tendrá que elaborar las bases y publicar la convocatoria en el DOGV.

Entre las responsabilidades que tendrá que asumir Vidal se encuentra por ejemplo ostentar la representación del órgano, planificar los plenos de manera trimestral (lo que está previsto es que se celebre una sesión mensual), proponer al pleno el anteproyecto de presupuesto del Consejo, "autorizar gastos, pagos y movimientos de fondos", "ejercer la potestad sancionadora", proponer la firma de convenios o la participación en organismos del sector audiovisual o aprobar un informe anual que tendrá que exponer en Les Corts como ya hacen otros como la Agencia Antifraude, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu o la propia Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 

El pleno, por su parte, tendrá potestad para dirigirse a la Conselleria de Justicia y Administración Pública para proponer la revisión o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y aprobar los presupuestos del Consejo. 

El organismo, además, también contará con sede propia. De hecho, su ubicación ya no es un secreto para nadie. El año pasado, el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que la antigua sede de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), ya extinta, albergaría el Consell del Audiovisual, si bien el propio reglamento contempla que, cuando los consejeros lo acuerden, podrán reunirse en otras localidades, tal y como está haciendo ahora mismo el Consell, que desde este mismo mes celebra cada pleno en un municipio de la Comunidad Valenciana.