VALÈNCIA (EP). El PSOE ha incluído entres las 370 medidas que ofrece a Podemos para negociar un programa progresista el "no" expreso a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante, en esta ocasión no incluyen la negación a la aplicación del 155 de manera permanente, como sí hicieron en el programa electoral.
El referéndum de autodeterminación ha sido un asunto controvertido entre los socialistas y los morados, ya que el partido de Pablo Iglesias defendió en la campaña electoral que Cataluña pudiera realizar un referéndum de autodeterminación, aunque ellos apostaban por votar "no". No obstante, Podemos no volvió a mencionar este asunto en la oferta que le hizo llegar al PSOE en agosto para negociar.
Los socialistas dedican a Cataluña un único punto --el 350-- de los 370 de que consta el documento que presenta hoy Pedro Sánchez para lograr de Podemos un acuerdo que permita la investidura, pero sin contemplar la presencia de miembros de la formación de Iglesias en el Ejecutivo.
En ese punto apuestan por un Estado de las autonomías "fuerte y cohesionado", se comprometen a mejorar la colaboración institucional con todas las CCAA y a abordar el "conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución".
Los socialistas defienden un "modelo de Estado integrador", en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles, en el que las autonomías cuenten con una "adecuada financiación" y en el que tanto el Estado como las CCAA actúen con lealtad.
"En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad", recalca expresamente el PSOE en su documento, rechazando de esta manera la propuesta que defendió Podemos en la campaña electoral de permitir que Cataluña celebrara un referéndum de independencia, aunque la postura desde el partido morado fuera la de votar "no" en el mismo.
Ese "no" expreso al referéndum no aparecía como tal en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones, aunque sí dejaban claro en el documento con el que se presentaron el 28 de abril que "ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 CE, puede construirse el futuro".
En el documento que presentan hoy los socialistas, han suprimido la mención al artículo 155 y su rechazo a la aplicación de manera permanente en Cataluña.
No obstante, la formación de Pablo Iglesias ya había rebajado su propuesta sobre Cataluña en el documento que presentó en agosto. En el que no mencionaba la propuesta de un referéndum de autodeterminación. Se limitó a "impulsar una Mesa de Diálogo multilateral sobre Cataluña", cuya propuesta de composición estuviera previamente desarrollada y acordada con el Parlamento de esa comunidad autonómica.
Además, dejaban claro que la citada Mesa "no sustituiría en ningún caso los mecanismos propios de la relación de bilateralidad entre Gobierno y Generalitat", sino que debería ser entendida como un espacio que ayudara a "impulsar" una vía de diálogo que permitiera desjudicializar el "conflicto político que se vive en Cataluña".
El PSOE ha incorporado en el documento de propuestas a Podemos para negociar un gobierno progresista la reforma de la regulación por despido con el fin de revisar las causas del despido objetivo, una de las demandas tradicionales de la formación morada que no estaba incluida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales, al tiempo que se compromete a eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones, dando un paso más sobre su compromiso inicial de reformarlo.
Junto con la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta el año 2022, el PSOE ofrece también eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y se compromete a actualizarlas con el "IPC real", aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas.
No obstante, este índice no se ha aplicado ni en los años 2018 ni 2019, cuando las pensiones han subido con carácter general un 1,6%, por encima del IPC previsto. Sin embargo, el IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo.
El PSOE se compromete en su programa a "blindar" en la Constitución el sistema público de pensiones e impulsar su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo.
Para ello buscará que las cotizaciones sociales soporten el gasto de naturaleza contributiva y aumentará progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del 'baby-boom', que supondrá pasar de pagar las 9,7 millones de pensiones actuales a más de 14,4 millones de pensiones. Además, revisará el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares.
Los socialistas también apuestan por revisar el complemento por maternidad de las pensiones para hacerlo "más equitativo", un complemento que perciben las madres trabajadoras cuando se jubilan en función del número de hijos que hayan tenido.
El PSOE quiere seguir adelante en la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que éstos coticen de acuerdo con sus ingresos reales, sobre la base de la información fiscal. Se compromete además a continuar mejorando la protección social de este colectivo con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena y a extender "gradualmente" los derechos laborales de los autónomos. También contempla la creación del Consejo del Trabajo Autónomo y el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo.
En materia de empleo, el PSOE vuelve a plantear la modificación, con "carácter de urgencia", de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya aspectos como ampliar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la dualidad entre temporales e indefinidos y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.
Junto con la eliminación de estos aspectos de la reforma laboral, el PSOE promete también un nuevo Estatuto de los Trabajadores, reforzar el principio de causalidad en la contratación, de forma que los contratos indefinidos sean más numerosos, mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, cambiar la legislación sobre subcontratación laboral y combatir los supuestos de contratación de los falsos autónomos.
También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea, a aprobar un plan de choque por el empleo joven, a elaborar el Estatuto del Becario, impulsar el derecho a la desconexión laboral y a llevar a cabo un mayor impulso en materia de formación profesional e innovación.
En materia fiscal, el PSOE no ha incluido el impuesto a la banca en sus propuestas a Podemos, pero sí se compromete a reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. También se propone la armonización a nivel europeo con los impuestos a determinados servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras y el impulso a la fiscalidad ambiental.
Para ello, el PSOE quiere aprobar el impuesto sobre las transacciones financieras ('tasa Tobin'), que grave con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas, y vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') con el fin de gravar aquellas operaciones que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
En el Impuesto sobre Sociedades, los socialistas insisten en establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos, al tiempo que quieren limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras empresas. El PSOE también ejercerá un mayor control sobre las sicavs, y en el caso de las pymes, el tipo de Sociedades se rebajará del 25% al 23%.
En el IVA, contempla reducir el tipo al 10% en el caso de los servicios veterinarios y se compromete a promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo, así como la revisión de los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización y su eficacia.
Igualmente, aprobará una Ley contra el Fraude Fiscal para prevenir y combatir las nuevas formas de evasión, aumentará los activos de la Inspección de Hacienda y luchará contra los paraísos fiscales, al tiempo que se compromete a prohibir las amnistías fiscales y a reducir a 1.000 euros los pagos en efectivo.
En el ámbito energético, el programa común progresista incluye la elaboración de un plan de reforma del sistema eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos "precios asequibles" para el consumidor y las empresas.
Además de introducir las modificaciones necesarias para dotar de estabilidad al marco retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, el PSOE se compromete a impulsar la elaboración de normas legales para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las renovables se traslade al precio de la electricidad y se garantice la rentabilidad adecuado y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas.
Otra de las iniciativas incluidas en este ámbito es la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y eficiencia de las empresas con altos costes energéticos, a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo.
En este marco, implementará un plan de vivienda sostenible ligada a la estrategia de rehabilitación de edificios a largo plazo (horizonte 2050).
La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha remarcado que la intención del Partido Socialista es empezar una negociación con Unidas Podemos en torno a la "propuesta programática progresistas" que presentará este martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha remarcado que la propuesta de un Gobierno de coalición "no está sobre la mesa". Según Celaá, las más de 300 medidas que presentará hoy Pedro Sánchez van desde el espectro más de izquierdas hasta el centro.
"La propuesta que está sobre la mesa es la propuesta programática, no hay propuesta de Gobierno de coalición", ha subrayado Celaá en declaraciones a los medios antes de participar en el 33 Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones organizado por Ametic.
La ministra, que ha rehusado valorar si se descarta o no ese gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, ha incidido en que la intención es empezar una negociación con la formación de Pablo Iglesias en torno a la propuesta programática progresista, que ha asegurado "está abierta al debate".
A este respecto, ha apuntado que tradicionalmente a la izquierda "le ha interesado más el programa que la configuración de los gobiernos" y ha insistido en que "en este momento", como se ha venido reiterando desde el Partido Socialista, un gobierno de coalición "no está sobre la mesa".
Asimismo, Celaá ha defendido que la propuesta que se presenta este martes es "progresista y abierta" y tiene "vocación de ser una propuesta completa, potente", porque recoge tanto el programa electoral 'España Avanza' del PSOE, ampliado posteriormente, como muchas de las propuestas presentadas por Unidas Podemos en agosto y las realizadas por los colectivos de la sociedad civil con los que se ha reunido en las últimos semanas.
En este sentido, ha remarcado que recoge "una amplísima gama" de medidas que incluyen desde el espectro más de izquierdas hasta el centro que, según afirma, en algunas de las reuniones que han mantenido con la sociedad civil les han transmitido que esta "poco representado" por la evolución de Ciudadanos.
La ministra ha defendido que es una propuesta "progresista, de igualdad y de apertura de España a Europa y al mundo", así como que aporta "muchísima importancia" a la necesidad de tener un empleo digno, de unas pensiones actualizadas, de la base del conocimiento como soporte para el desarrollo futuro y de la lucha contra el cambio climático, "y todo ello con la educación como herramienta fundamental para producir esos cambios".
