VALÈNCIA. El PSPV, y en concreto la Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige Sandra Gómez, tratará en los próximos días de hacer todo lo posible para que la Comisión Territorial de Urbanismo pueda validar de forma definitiva el Plan Especial del Cabanyal (PEC) en el mes de mayo. Previamente, para que esto ocurra, deberán resolverse los reparos que, como adelantó este jueves Valencia Plaza, han puesto tanto el Ministerio de Transición Ecológica como el servicio territorial de Urbanismo de la Conselleria de Política Territorial.
La semana pasada, la Conselleria de que dirige Rebeca Torró acordó proponer la suspensión de su aprobación definitiva hasta que se resolvieran las deficiencias detectadas en varios informes en materia de "infraestructura verde y paisaje, patrimonio cultural, educación, movilidad urbana, costas, afectaciones ferroviales y telecomunicaciones". Esta propuesta de suspensión sería trasladada a la Comisión Territorial de Urbanismo que está convocada el próximo 4 de mayo para que esta decida qué hacer: aprobar el Plan con los reparos que consideró el citado servicio, o no.
Más allá de varios errores técnicos menores que contempla el informe, en su resolución la Conselleria hace hincapié en un fallo que no es baladí y que motiva, principalmente, su propuesta de suspensión: el Consell Jurídic Consultiu (CJC) no se ha pronunciado sobre el incremento de zonas verdes que plantea el proyecto. En concreto, subraya que en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) las zonas verdes calificadas suman una superficie total de 124.429 metros cuadrados, mientras el PEC propone ampliarlas a 192.342, lo que supone un incremento del 54%. Un porcentaje que, al ser superior al 10% (el máximo que fija la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje, LOTUP, tras su modificación de 2021), debe contar con informe preceptivo del CJC.
Sin ese informe, el Servicio Territorial de Urbanismo propone no seguir adelante con el PEC. Ahora bien, la intención del departamento gestionado por los socialistas es poder resolver este tropiezo de forma ágil y solicitar al Consell Jurídic Consultiu que se tramite con carácter urgente. Por el momento, y al cierre de este periódico, la petición formal no había entrado todavía en el CJC. Si esto ocurriera, el órgano que preside Margarita Soler tendría un plazo máximo de 10 días para emitir su dictamen, según marca la ley actual.
Con todo, el margen temporal que existe para que el Jurídic pudiera pronunciarse al respecto antes del 4 mayo sería ajustado, dado que contarían con 48 horas para elaborarlo (viernes y martes, pues el lunes es festivo) antes del pleno del CJC que debería aprobarlo el miércoles 3 de mayo previamente a su remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo. Sin embargo, fuentes municipales subrayan que aunque no dispongan del dictamen la próxima semana y no pueda validarse finalmente el próximo jueves, tratarían de hacerlo en cualquiera de las siguientes sesiones antes de las elecciones.
Así, todo parece indicar que Urbanismo podría salvar este reparo interpuesto por la Generalitat al PEC antes de que se acabe el actual mandato. No obstante, el mayor obstáculo que se presenta al proyecto no es ese, sino los peros que ha puesto la Dirección General de Costa y Mar del Ministerio de Transición Ecológica; unas pega que, en este caso sí, será difícil sortear o resolver en menos de un mes.
Por tercera vez, el Ministerio que dirige Teresa Ribera ha emitido un informe desfavorable a la tramitación del Plan que impediría, a la postre, su aprobación definitiva. En él afirma que, "tal como señaló en los informes emitidos en diciembre de 2019 y diciembre de 2022, la edificación de 15 plantas de altura contraviene lo regulado en el artículo 30 de la Ley de Costas". Por ello, subraya en sus conclusiones que "en tanto no sea tenido en cuenta" este punto, la Dirección General "no puede informar favorablemente" el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar.
El informe es preceptivo y vinculante. Por lo que si el Ayuntamiento de València no realiza la modificación que el Estado le reclama, no podría validar el Plan proyectado. Así, insta a Urbanismo a trasladar el PEC modificado -con la supresión del edificio de 15 plantas- de nuevo al Ministerio para poder emitir su informe favorable "en el plazo de un mes", según establece la ley.
En definitiva, Costas advierte de que la proyección de un edificio de 15 alturas -independientemente de que sea un hotel o finalmente sea destinado a oficinas- incumple la normativa estatal actual, que obliga a que los volúmenes se distribuyan "de modo homogéneo atendiendo al entorno", por lo que instaba a plantear el hotel en "una disposición y altura" armónicas y "sin romper la perspectiva litoral".
El informe, además, recuerda los artículos 112 y 117 de la Ley de Costas, que determinan que corresponde a la Administración del Estado "emitir informe, con carácter preceptivo y vinculante sobre planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación". También subraya que en la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, "el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes".
No es la primera vez que Costas pone estos reparos al Plan Cabanyal. Ante estas objeciones, el equipo redactor del PEC cargó duramente contra Costas y le acusó de "una invasión competencial inadmisible" en las funciones que son atribuidas al Ayuntamiento. En el consistorio defendían que el edificio de 15 plantas se encontraba en un extremo del barrio y en la zona más alejada del núcleo residencial. La construcción de este edificio de 15 alturas debía servir para financiar el 70% del Plan.
Según aseguró este jueves la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, el Ayuntamiento mantendrá el edificio terciario previsto en el documento desarrollado por Aumsa. Y, tras advertir que su departamento está "trabajando con Costas para llegar a un acuerdo", subrayó que esta edificación no tiene por qué ser finalmente un hotel, sino "un terciario para que, por ejemplo, empresas como Deutsche Telekom puedan tener un edificio en el que instalarse en el Cabanyal". "La Comisión Territorial de mayo aprobará el Plan Especial del Cabanyal", concluyó.