VALÈNCIA. "Si abres la aplicación de Cabify tienes un vehículo en siete u ocho minutos", denuncia Fernando Del Molino, presidente de la Federación del Taxi Valencia. Un incumplimiento de la norma valenciana que fija la obligación de contratar los servicios de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con una antelación mínima de quince minutos. "Se lo están saltando y no hay una vigilancia para controlarlo", asegura. No es la única prohibición que, según el sector del taxi, se está incumpliendo. También la geolocalización.
Fue el pasado once de febrero cuando Les Corts convalidaban el decreto ley del Consell que regula este servicio, aunque para el tema de la precontratación se fijó una moratoria de dos meses. Una decisión que permitía a la Generalitat tranquilidad en las campañas electorales que tenía por delante al evitar cualquier tipo de movilizaciones de taxistas y empleados de VTC. Y es que la contratación con 15 minutos de antelación ha sido la principal queja de las empresas de VTC que creen que esta regulación supondrá "su desaparición" en la Comunitat Valenciana.
De hecho, la plataforma Uber decidía adiós a València considerando "injusta" y "una restricción incompatible con la inmediatez" de su servicio la norma valenciana. En un escrito, el director de Uber España, Juan Galiardo, aseguraba que su "compromiso con la Comunitat Valenciana permanece intacto" y que seguía "a disposición de la Generalitat para trabajar en una regulación justa para todos". "Tanto Valencia como Cataluña necesitan una regulación que tenga en cuenta a los conductores y usuarios de VTC, que hoy ven desaparecer su medio de vida y su libertad de elegir cómo se mueven por su ciudad", aseguraba.
En cambio, ante el mismo escenario Cabify urdía una fórmula para sortear la norma valenciana utilizando la misma argucia que ya usó en Cataluña, es decir, aplicando la precontratación solo en la primera reserva. La fórmula utilizada fue operar como una empresa de transportes, como las contratadas por hoteles y otros servicios similares del sector VTC tradicional, y no como una agencia de viajes, que es como venía funcionando hasta ahora, lo que le permite un contrato anual con el usuario. De esta manera, resiste en el territorio valenciano.
Sin embargo, desde La Federación del Taxi denuncian que no solo han sabido adaptarse al nuevo escenario legislativo, sino que, además, lo incumplen porque, por ejemplo en València donde únicamente opera Cabify, se puede solicitar uno de los vehículos de su flota sin ser usuario y tenerlo disponible en menos de 15 minutos. "Es muy evidente que se están saltando la ley", denuncia Del Molino que pide fórmulas para controlar esta situación. "Las multas son de 400 euros. Muy bajas. Y no existe a nivel nacional un baremo sancionador sólido", señala.
Pero, además, Del Molino afirma que han constado como tampoco cumplen con la prohibición de circular por las vías públicas en busca de clientela ni la de no usar la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios. "En sus webs detallan dónde está cada vehículo. Además, estamos hartos de ver cómo están estacionados en zonas de influencia como son estaciones o discotecas para captar clientes", critica.
Como ya adelantara en una entrevista en Plaza Radio, Del Molino sostiene que pese a su despedida en el cap i casal la plataforma Uber "se está rearmando". "Nos ha llegado que están reclutando flota. No hay una certeza, pero tiene pinta de que volverán si consiguen los vehículos necesarios", defiende.
Precisamente con el fin poder competir con estas plataformas de VTC el sector del taxi solicitó a la Conselleria de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad la creación de una aplicación móvil al estilo Cabify que permita cerrar los precios para que el usuario pueda conocer cuánto le costará el viaje antes de comenzar el servicio. Una petición que se incluyó en la Ley de Acompañamiento del Consell con el objetivo de posibilitar el servicio de taxi mediante precio pactado previamente entre los usuarios y el conductor, como ocurre en otras comunidades autónomas.
El objetivo, según Del Molino, es adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad y poder competir con las VTC ya que conocer el coste final supone una mejoría del servicio y ofrece mayor transparencia y garantías para que la ciudadanía conozca el importe del trayecto en función del kilometraje y la distancia que haga por servicio, independientemente de la congestión del tráfico.
