VALENCIA, (EFE). Extrabajadores de Radiotelevisión Valenciana han reclamado hoy a Les Corts que "se les escuche" y se busque una solución "negociada" con la anterior plantilla de empleados en la elaboración de la ley que regulará la futura RTVV.
Así lo ha expuesto el extrabajador de RTVV José Luis Fitó en su comparecencia ante la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, quien ha presentado varias enmiendas a la Proposición de Ley del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, y ha lamentado que haya una "campaña injusta" hacia la anterior plantilla.
"Hemos soportado una campaña injusta en la prensa valenciana, llena de calumnias, con malos entendidos como que reclamábamos la vuelta de la totalidad de la plantilla" anterior, ha lamentado Fitó.
El extrabajador ha señalado que llevan "mucho tiempo" pidiendo que se les escuche para negociar la nueva ley de la futura RTVV y ha advertido de que el nuevo modelo no debe caer en la externalización de la mayoría de la programación.
Eso, a su juicio, llevará a la "privatización" y a "deficientes condiciones laborales", como ha ocurrido en televisiones públicas como las de Murcia, Aragón y Extremadura.
"Pedimos una solución negociada", ha aseverado Fitó, quien ha agregado que "no se ha de ir al escenario de la Audiencia Nacional" para resolver la reincorporación de extrabajadores, y que los grupos parlamentarios de Les Corts "tienen la obligación de ofrecer una solución política".
Ha defendido por último que los extrabajadores han mostrado "responsabilidad" y están "dispuestos a negociar", y piden que se validen los procesos de selección por oposición de la anterior etapa de la RTVV, que "respetaron el mérito, la capacidad y la coherencia", para evitar volver a entrar en "el bucle de que cada vez que entra un gobierno retira las oposiciones anteriores".
En la comisión parlamentaria también ha comparecido hoy el asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez Baixauli, quien ha pedido que la Ley incluya la participación "activa" de las asociaciones cívicas más importantes.
"Las administraciones públicas -ha dicho- tienen el deber de la defensa de los derechos de los consumidores" y por ello ha reclamado que al menos ocho de los trece miembros del Consejo de la Ciudadanía, incluido en la nueva Ley, sean representantes de las principales organizaciones cívicas de la Comunitat.
