La falta de consenso obliga al CGPJ a cambiar ponentes al informe sobre la Ley de Calvo

VALÈNCIA (EP). La falta de consenso entre los dos ponentes designados inicialmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elaborar su informe al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática ha obligado a este órgano a designar a dos vocales diferentes para tratar desatascar la situación, que ha requerido además pedir una nueva prórroga al Gobierno.

Según ha adelantado Infolibre, las posturas claramente enfrentadas por los inicialmente designados, el progresista y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta y José Antonio Ballestero -designado por el PP- y perteneciente al ala conservadora del órgano de gobierno de los jueces, ha impedido sacar adelante este asunto a mitad de mayo, que es cuando estaba previsto.

Ambos trabajaban sobre un informe realizado por el Gabinete Técnico del Consejo, pero mientras el primero proponía validar el proyecto añadiendo algunas puntualizaciones a dicho informe, Ballestero se mostraba mucho más crítico, incluso con la postura técnica, por lo que el consenso era imposible según señalan a Europa Press fuentes de este órgano.

Por ello la Comisión Permanente del pasado jueves nombró nuevos ponentes, que ahora serán Roser Bach, designada a propuesta del PSOE, y el también magistrado del Supremo Wesceslao Olea, cuyos perfiles son más moderados y con los que se espera avanzar en este asunto. previsiblemente optarán por un enfoque meramente técnico para el que aún deben instruirse, y que las mejores previsiones sitúan en el mes de junio.

Entre otros aspectos, la ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la significación del Valle de los Caídos, de donde saldrán los benedictinos. La Comisión Permanente del pasado jueves también acordó solicitar al Gobierno una nueva prórroga de un mes más para poder cumplimentar con el dictamen de este órgano a todas estas propuestas. 

Dificultades en el Consejo Fiscal

El informe preceptivo sobre este Anteproyecto en el Consejo Fiscal tampoco fue aprobado de modo sencillo. El texto, favorable a la propuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo, que es su principal impulsora, salió adelante con la mínima, siendo determinante el voto la fiscal general, Dolores Delgado, para superar el empate existente en este órgano consultivo.

Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, presentaban un texto alternativo que ponía serios reparos al Anteproyecto. Entre otros motivos, por la indefinición que la ley da a la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal.

Así, el texto que avala la ley salió el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), del jefe de la Inspección Fiscal -miembro nato-, y de la fiscal general, que ha desecho el empate existente frente a los cinco votos en contra de los vocales de la AF.

Objetivos de la Ley

El Anteproyecto pretende, según su Exposición de Motivos, "fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana", y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de "las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado".

Crea además la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.