La Fiscalía pide 8 meses de prisión para los manifestantes del Forn de Barraca

VALÈNCIA (EFE). La Fiscalía reclama penas que van de los cinco a los ocho meses de prisión para las cuatro personas que fueron detenidas en septiembre de 2019 y acusadas de resistencia y desobediencia grave en el desalojo de la alquería conocida como Forn de Barraca, antes de su demolición para ampliar la autovía V-21 de acceso norte a València.

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada (Valencia), al que ha tenido acceso EFE, se considera responsable de un delito de resistencia a una mujer, y del delito de desobediencia grave a otra mujer y dos hombres.

Para la primera se reclama una condena de cinco meses de prisión y para los otros tres de ocho meses, además del abono de las costas procesales y del pago, en concepto de responsabilidad civil, del dispositivo que fue necesario para su desalojo seguro.

El fiscal considera que debe ser el Ministerio de Fomento, responsable de las citadas obras, el que cuantifique el importe de este dispositivo que permitió al personal del Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil acceder a la referida alquería el 27 de septiembre de 2019.

Por el contrario, la Fiscalía reclama el sobreseimiento respecto de la acusación por un delito de ocupación, "ya que los acusados no fueron identificados en el inmueble con anterioridad, constando únicamente que se adentraron en él el día de los hechos, sin que la finalidad perseguida por los acusados fuera la de ocupar la vivienda o habitarla y sin que se produjera el elemento de permanencia exigido jurisprudencialmente".

Según el relato de los hechos que hace el fiscal en su escrito, miembros de diversas plataformas sociales "accedieron sin autorización al inmueble y permanecieron en él de forma ininterrumpida con la finalidad de evitar su demolición".

Y lo hicieron, añade, "obstaculizando los caminos de acceso a la finca mediante colocación de barricadas, causando desperfectos de consideración en maquinaria utilizada por la empresa adjudicataria y llevando a cabo diversas conductas disruptivas que interfirieron en la ejecución de las obras".

En este contexto, informa de que los dos acusados "se adentraron en la parcela sin autorización de su legítimo titular, con la finalidad anteriormente señalada, cerrando la puerta de acceso mediante la colocación de un candado".

"Personadas diversas patrullas de la Guardia Civil con la finalidad de proceder al desalojo, tras eliminar el candado mediante uso de una cizalla, se identificó en la zona no techada del interior de la alquería a diversas personas, entre las que se encontraba una de las acusadas, quienes fueron desalojados con el uso de la fuerza mínima indispensable".

El fiscal continúa: "Mientras un agente de la Guardia Civil acompañaba a la acusada hacia la salida, ésta, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y consciente del probable menoscabo a la integridad física del agente, se lanzó al suelo y comenzó a propinar patadas llegando a impactar una de ellas en la rodilla derecha del agente que, sin embargo, no llegó a sufrir lesiones al encontrarse protegido por rodilleras".

"Los restantes acusados, actuando de mutuo acuerdo e idéntica finalidad, se adentraron en el interior de la vivienda, bloqueando las dos puertas de acceso. Posteriormente, mientras una acusada se ataba a una reja, los otros dos acusados accedieron al tejado de la vivienda desde el patio interior haciendo uso de una escalera que retiraron para impedir que la fuerza actuante pudiera acceder a éste", concluye el relato del fiscal.