Foto: DIPUTACIÓN DE VALENCIAEl pasado 18 de junio el Pleno de la Diputación de Valencia aprobó la propuesta de aportación de 44 millones al Fondo de Cooperación Municipal con una fórmula de reparto que beneficia a los municipios más pequeños: 40 millones para los de menos de 50.000 habitantes y cuatro para las cinco ciudades con más de 50.000 habitantes.
Tras meses de especulaciones y falsos vaticinios por parte de la izquierda, se ha demostrado que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha cumplido con la palabra dada, reafirmando su compromiso con el municipalismo y con la suficiencia financiera de nuestros municipios y ayudando de manera especial a los que menos recursos tienen, lo que desmonta las tergiversaciones del señor Fernández Bielsa.
Hay que señalar que se trata de una primera aportación y reparto, pues la Diputación cuenta por el momento con 60 millones de euros en su presupuesto disponibles para este Fondo de naturaleza incondicionada y no finalista. Un Fondo por el que apostamos firmemente a la vez que afirmamos que los cometidos de la Diputación de Valencia van mucho allá de la inyección económica a este Fondo, lo que en ocasiones la oposición parece no comprender.
La acción de la Diputación en el ejercicio de sus competencias en asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios se plasma en numerosas actuaciones y programas, en ámbitos que van desde carreteras a patrimonio histórico o servicios sociales. Y también a través de otros planes inversores innovadores y sin precedentes como el Pla Obert d´Inversions, que cuenta con una dotación económica histórica al alcanzar en cuatro años los 340 millones de euros para los municipios y otros 10 para las mancomunidades.
Frente a argumentaciones interesadas y sesgadas de la oposición, que ha usado esta cuestión como arma arrojadiza, la realidad es que el Partido Popular siempre ha creído en el Fondo de Cooperación Municipal como instrumento para corregir desequilibrios y desigualdades, promover el equilibrio económico de las entidades locales y la realización interna del principio de solidaridad.
De hecho, fue la reforma del Estatuto de Autonomía impulsada por el PP y acordada con el PSPV en 2006, la que incorporó a nuestra norma institucional básica un nuevo artículo 64.3 con el siguiente tenor literal: “Para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad, por Ley de Les Corts, se creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el fondo estatal”.
Así, se creó el mencionado Fondo por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, estableciendo que a través del mismo “se financiarán servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios de la Comunitat Valenciana, estableciéndose sus dotaciones en cada Ley de Presupuestos de la Generalitat”.
Por parte del Consell de Ximo Puig, con el propósito de limitar la autonomía local de las Diputaciones, obligándolas a participar en el Fondo, se impulsó la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunitat Valenciana.
Muestra de la voluntad botánica de controlar las Diputaciones fue la intervención en Les Corts de la entonces consellera Gabriela Bravo, quien destacó como novedad de la ley “la superación de los mecanismos de colaboración voluntaria entre las diversas administraciones implicadas, Generalitat y diputaciones provinciales”.
En 2023 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de dos de los preceptos de la citada ley por oponerse a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía en relación con los criterios del Fondo.
Tras los problemas generados en su aplicación y varias sentencias judiciales, ha sido el actual Consell de la Generalitat el que ha impulsado la modificación de esta norma recientemente, para garantizar el máximo respeto a la autonomía local, establecer la participación voluntaria de las Diputaciones en el Fondo y adaptarla a la legalidad vigente.
En este sentido, y en contra del relato de algunos promotores de bulos, hay que destacar el compromiso inequívoco con el municipalismo por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha dicho sí al blindaje del Fondo y sí a una mayor dotación del mismo, con un incremento del 20% por parte de la Generalitat. El presidente ha demostrado que es compatible creer en la autonomía local y en la mayoría de edad de las Diputaciones, con respeto escrupuloso al ordenamiento jurídico, y a la vez hacer prioritario este instrumento de cohesión y solidaridad.
Finalmente, quiero aprovechar para recordar que sigue pendiente una reivindicación reclamada por el municipalismo que debería ser abordada sin dilación: la reforma del sistema de financiación local, equitativo y estable, que profundice en la autonomía y responsabilidad fiscal de los gobiernos locales.
Nuestro objetivo es que nuestros municipios cuenten con más recursos para prestar servicios de calidad a la ciudadanía y para ello es imprescindible que todas las Administraciones sigan trabajando codo con codo y con altura de miras. Desde la Diputación de Valencia seguiremos trabajando en esa dirección.
