El exalcalde de Gandia Arturo Torró, imputado en otra causa por prevaricación administrativa

VALENCIA. El año 2017 trae novedades en torno a uno de los temas que sobrevuelan la política de Gandia y cuyo principal foco es la gestión llevada a cabo por el Partido Popular cuando dirigía Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), empresa pública de la localidad. En concreto, el exalcalde de Gandia Arturo Torró tendrá que explicar el 28 de febrero ante el juez las transferencias millonarias que efectuó desde el ayuntamiento a IPG en la pasada legislatura.

El juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha citado como investigados a Arturo Torró y a Gonzalo Morant, expresidente de IPG, por las operaciones de crédito efectuadas por el entonces Gobierno local del Partido Popular, mediante transferencias desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública —en proceso de liquidación—. Lo harán en el mes de febrero por presuntos delitos de prevaricación administrativa.

Igualmente, el juez pide la declaración como testigos a los entonces Interventor del Ayuntamiento de Gandia, Jorge García; secretario general del Ayuntamiento, Lorenzo Pérez, y tesorero municipal, Federico Merlos, y a Jesús Estruch, de la asesoría del ayuntamiento. Todos ellos deberán acudir el 1 de marzo.

La citación parte de una denuncia del PSOE interpuesta por el entonces portavoz socialista, Vicent Mascarell, en 2015. Tal y como recuerda el socialista, en su día se denunciaron "3,5 millones de euros en transferencias" pero estima que la suma asciende a más de 10 millones de euros, pues dichas transferencias, explica, se realizaron mediante pólizas y préstamos "que no se llegaron a devolver".

En concreto se investiga un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros formalizado por Arturo Torró, y Gonzalo Morant con informes negativos y con reparos de legalidad del interventor municipal y el tesorero. Una práctica "reiterada y continuada en anteriores ocasiones", pues fuentes del partido socialista resaltan que se firmaron otras tantas operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG. "Todos estos préstamos han comprometido la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento", indican.

Ahora, es el Ministerio Fiscal quién retoma el caso y quién exigirá ante el juez explicaciones a Arturo Torró y Gonzalo Morant sobre dichas transferencias.