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la exsecretaria del grupo recurre su procesamiento y pide el archivo 

García Fuster niega que participara en "maniobras" para financiar al PP de València 

Foto: EFE
6/11/2021 - 

VALÈNCIA. La exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García Fuster ha presentado un recurso contra el auto que la procesa por presunto blanqueo de capitales y cohecho pasivo impropio en el conocido como caso Taula para pedir el archivo. En concreto, medio centenar de personas del entorno de los populares, entre ellas concejales y asesores, habrían donado mil euros para la campaña electoral de 2015 que les habrían sido devueltos en billetes de 500, según la investigación. 

La parte fundamental del escrito del juez se centraba en ese supuesto blanqueo, pero las operativas que desgranaba también abarcaban las campañas electorales de 2007 y 2011. Así, hablaba de una "sobrefinanciación articulada" del partido llevada a cabo de manera opaca y al margen de la contabilidad oficial en la que apuntaba como responsables principales al exvicealcalde Alfonso Grau como recaudador y a García Fuster como administradora del dinero. 

En su recurso ante la Audiencia Provincial, la defensa de esta última argumenta que no realizó "maniobra alguna de ocultamiento, ni maquinó operativa alguna, ni la guardó en un cajón para un posible blanqueo". "Prueba de que nunca sospechó de la procedencia del dinero ni se le advirtió, porque no la había, de ninguna ilegalidad en cuanto a su procedencia", indica. Así, remarca que se trataba de recibir unas donaciones para el PP "absolutamente legales en aquella época, cualquiera que fuera la persona que las hiciera". 

Indicios de criminalidad

Respecto al delito de cohecho pasivo impropio, el recurso expresa que se esperaba "un razonamiento coherente, intenso, racional y sensato", pero "nos encontramos ante la frívola afirmación de que dichos indicios son difusos, dado que no conocemos detalle acreditativo de los correlativos donantes".

El abogado de García Fuster hace hincapié en que no ha quedado probada la procedencia delictiva del dinero en las diversas campañas electorales que se investigan ni la devolución de los billetes de 500. Motivos por los que entiende que no se dan los indicios racionales de criminalidad. 

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