El Gobierno modifica los límites de gasto para la modernización de servicios de empleo

VALÈNCIA (EP). El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Trabajo y Economía Social la modernización y digitalización de sus diferentes departamentos, así como de ciertos servicios y trámites administrativos relacionados con el empleo.

Esta autorización se produce con la finalidad de dar cobertura a los compromisos derivados del Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyas necesidades presupuestarias para las próximas anualidades de 2023 a 2025 ascienden a un total de 20.505.213,53 euros.

Al superarse los límites a que se refiere el Real Decreto-ley 36/2020, se requiere autorización del Consejo de Ministros para elevar los compromisos máximos de gasto con cargo a ejercicios futuros para 2023 en ambas aplicaciones presupuestarias.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social solicitó autorización para modificar los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para el ejercicio 2023, en las aplicaciones 19.50.24KB 'Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Fomento del Empleo' y 19.50.28KB 'Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Gestión y Administración de Trabajo y Economía Social', cuyos créditos presupuestarios en 2022 son de 3.291.100 y 5.170.000 euros, respectivamente.

La modificación del límite de gasto va encaminada a atender una serie de proyectos, relativos a modernizar la aplicación informática empleada en la tramitación electrónica de los expedientes de regulación de empleo, los servicios digitales en materia de empleo, la mejora de las estadísticas, acciones de ciberseguridad, desarrollo de puestos de trabajo digitales, modernización de las aplicaciones para móviles, inteligencia artificial y satisfacción ciudadana, entre otros.

Los proyectos citados pueden incluir uno o varios contratos y se distribuirán entre dos programas, según ha explicado el Ejecutivo en la referencias del Consejo de Ministros. Para el cálculo de las previsiones anteriores se han tenido en cuenta los importes de licitación, el IVA y un incremento del 10%, sin perjuicio de que posteriormente se ajuste el importe final ejecutado. Además, en 2022 están pendientes de concretar otros proyectos adicionales por un importe cercano al millón de euros.

Equipos electromédicos y protonterapia

El Consejo de Ministros ha autorizado además la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.

El organismo competente para efectuar dicha tramitación será la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, a través de la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', con una dotación inicial en los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 de 28.006.000 euros, quedando fijados en los términos que se indican a continuación:

En octubre de 2021, el Ministerio de Sanidad, las consejerías competentes en materia de salud de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid, y la Fundación Amancio Ortega Gaona suscribieron un Convenio para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.

Para el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud, Sanidad ha previsto la incorporación de diez equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en centros públicos del territorio nacional para dar cobertura a todos los pacientes de la sanidad pública española necesitados de estos tratamientos.

La ubicación de estas unidades de protonterapia se determinó tenido en cuenta la distribución geográfica y el tamaño de la población, así como la disponibilidad de vías y medios de transporte adecuados que faciliten el acceso a dichas unidades. De modo que País Vasco tendrá una unidad en Vizcaya; Cataluña tendrá dos unidades en Barcelona; Andalucía tendrá también dos unidadades, una en Sevilla y otra en Málaga; Galicia tendrá una en La Coruña; La Comunidad Valenciana tendrá una en Valencia; Canarias contará con otra en Gran Canarias y la Comunidad de Madrid tendrá una unidad en la capital.

Sanidad, de conformidad con la cláusula tercera del convenio, coordinará el proceso de puesta en marcha y el desarrollo de la implantación de la protonterapia, y adquirirá los equipos de protonterapia y complementarios para el diagnóstico y simulación necesarios para la aplicación del tratamiento con protonterapia en el Sistema Nacional de Salud en colaboración con las comunidades autónomas. El procedimiento de adquisición de los equipos se realizará con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

De otra parte, según se recoge en la cláusula quinta del convenio, la Fundación Amancio Ortega Gaona se compromete a colaborar en la puesta en marcha y el desarrollo de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud mediante la financiación de los equipos de alta tecnología de mayor coste necesarios para la puesta en marcha del plan elaborado por el Ministerio de Sanidad (diez equipos de protonterapia) a través de una donación realizada a dicho Ministerio bajo la condición de su afectación a la finalidad de adquisición de los citados equipos, por una cantidad máxima de 280 millones de euros, a razón de una cantidad máxima de 28 millones de euros (IVA incluido) por cada uno de los equipos.

Este coste incluye, además del equipo, el software, el equipo de dosimetría, el equipo de cámaras y el servicio de formación del personal clínico. El plazo de vigencia del convenio será de cuatro años, sin perjuicio de su terminación anticipada y sin perjuicio de su prórroga, por acuerdo de las partes, del tiempo que se estime necesario, hasta el máximo de cuatro años.

El suministro de los equipos mencionados se imputará a la aplicación presupuestaria 'Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios', y se ejecutará a través de la licitación de un contrato plurianual, con un presupuesto base de licitación de 271 millones de euros, cuyo inicio de ejecución se estima en el último trimestre de 2022. La distribución por anualidades fijada es de 28.000.000 euros este año; 24.300.000 euros en el año 2023; 121.500.000 euros en el año 2024 y 97.200.000 euros en el año 2025.