Alfonso Grau, el día que fue detenido. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. A los investigadores del caso Azud, en el que se investiga una trama de corrupción de concejales y funcionarios en varios ayuntamientos, especialmente el de València, no les fue muy difícil determinar cómo algunos de los principales comisionistas, Alfonso Grau, Rafael Rubio y José Luis Vera, cobraban parte sus mordidas del empresario Jaime Febrer, que lograba beneficios urbanísticos para sí y para otros empresarios. Según el relato del fiscal, lo hicieron mediante "un sistema clásico en el delito de blanqueo de capitales", mediante ingresos de menos de 3.000 euros "de manera constante" y la utilización de cajas de seguridad en bancos que impide conocer al fisco la cantidad real que ingresaban.
Así consta en el sumario del caso Azud, levantado parcialmente el pasado viernes y del que Valencia Plaza ha podido consultar algunos documentos.
El exvicealcalde de València Alfonso Grau, del PP, alquiló entre 2002 y 2014 tres cajas de seguridad en las entidades bancarias BBVA y Bancaja, en las que constaban como autorizadas sus hijas Sofía y María Ángeles Grau González, para guardar el dinero en efectivo que se le entregaba como pago de las comisiones ilícitas previamente pactadas.
Además, del estudio de todos los movimientos de las cuentas de todo tipo, declaraciones de renta, transferencias o abonos, en ese período, Grau realizó imposiciones en efectivo en cuentas suyas o de su familia directa por un montante de 412.725 euros, siempre en cantidades que por su importe no estaban sujetas a control financiero o administrativo, es decir en cuantías inferiores a 3.000 euros. Eran cuentas en las que nada tenía que ver su primera esposa, ya fallecida, y en la que no se efectuaban disposiciones de dinero.
Además, la Fiscalía señala que su hija Sofía Grau González intentó abrir una cuenta corriente en una sucursal bancaria francesa "que le fue denegada por aportar documentación falsa sobre el origen del dinero". Dicha acción "realizada en el ario 2015 y por supuesto no comunicada", según Anticorrupción, fue coincidente con la clausura de la caja de seguridad que mantenía su padre en España. Según el fiscal, esto indicaría, "de forma indiciaria, una directa participación en delitos de blanqueo de capitales" por parte de la hija del vicealcalde.
En cuanto al exlíder de la oposición y funcionario municipal Rafael Rubio, que fue candidato del PSPV a la Alcaldía, abrió una caja de seguridad compartida con su esposa en la oficina del BBVA sita en la plaza del Ayuntamiento, a pocos metros de donde trabajaba. La misma donde Grau tenía una de sus tres cajas.
Fue en julio de 2007, poco después de, presuntamente, acordar con Febrer una comisión no inferior a 300.000 euros. A partir de junio de ese año, Rubio empezó a efectuar en sus cuentas bancarias y en cuentas a nombre de familiares directos en las que se encontraba autorizado, imposiciones en efectivo inferiores a 2.000 euros.
Por su parte, José Luis Vera, hasta hace poco director de los servicios jurídicos, transparencia y prevención de riesgos penales de Divalterra -empresa pública de la Diputación de València-, al no ser funcionario y poder facturar a través de una SL, pudo desviar parte de sus ingresos irregulares a través de la mercantil Vera Llorens SLU.
Según la fiscalía, Vera, directamente o a través de la citada mercantil, entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis más de 1,34 millones de euros "bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias, servicios inexistentes de los realmente prestados, todo ello sin perjuicio del dinero en
efectivo que recibiera". Gran parte de estos ingreses llegaron vía cheque.
No consta en los documentos a los que ha tenido acceso Valencia Plaza que Vera tuviera una caja de seguridad en un banco. No obstante, la jueza del caso Azud requirió hace un año a Caixabank que informara de cualquier caja de seguridad abierta por Vera o en la que estuviera autorizado tanto en esta entidad como en Bancaja o Banco de Valencia.
