Francesc Gmero. Foto: GVAVALÈNCIA (EP). La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha sacado a información pública el nuevo reglamento de funcionamiento de la Caja de Depósitos y Fianzas de la Generalitat (La Caja) que gestiona la Tesorería de la Generalitat y que tiene como objetivo "la modernización de su regulación y funcionamiento", según ha explicado el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero.
La Caja de Depósitos y Fianzas es el órgano en el que deben constituirse todas las garantías y depósitos previstos en las diferentes normativas que son de competencia autonómica. Así, por ejemplo, se encuentran las fianzas de los inquilinos (Ley de Arrendamientos Urbanos) o las garantías que han de prestar las empresas adjudicatarias de contratos y concesiones administrativas (Ley de Contratos del Sector Público).
Al respecto, el secretario autonómico de Hacienda ha destacado en un comunicado que, con esta nueva normativa, que refundirá y actualizará la regulación de La Caja, "se persigue una simplificación administrativa y una modernización de los procesos, que, entre otras cosas, implicará la posibilidad de realizar los trámites de manera digital, facilitando las gestiones a la ciudadanía. En el caso, por ejemplo, de las fianzas de los inquilinos ya no será necesario el depósito en efectivo en una sucursal bancaria en horario de caja, que son cada vez más reducidos".
Tal y como ha explicado Gamero, se deberán presentar ante La Caja las garantías que tengan que constituirse a favor de la administración de la Generalitat, los entes del sector público de la Generalitat, las universidades públicas y el resto de entes públicos de la Comunitat Valenciana. Las modalidades de garantías previstas seguirán siendo en efectivo, avales, seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras o valores de deuda del Estado o de las comunidades autónomas.
Asimismo, podrán constituirse ante La Caja diferentes modalidades de depósitos y, entre sus novedades, se prevé los depósitos constituidos por entes del sector público de la Generalitat a disposición de la administración de la Generalitat; por entidades locales de la Comunitat a disposición de sí mismas o de entes vinculados o dependientes de sí mismas, así como de la Generalitat.
"De esta manera se podría aprovechar la liquidez del conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas en beneficio de aumentar la rapidez en los pagos a proveedores y personas de la Generalitat, incluyendo las propias entidades locales, universidades y resto de entes públicos depositantes, y minimizar las tensiones de Tesorería que en algunos momentos del año, el propio sistema de financiación autonómica actual y la misma infrafinanciación valenciana puede provocar hasta que se tramitan el FLA o los anticipos por parte del Estado", ha indicado.
Por su parte, los entes depositantes se beneficiarían también porque se ahorrarían las comisiones por el saldo que las entidades bancarias han comenzado a aplicar en un contexto de tipos de interés negativos.
Igualmente, en su caso, podrán constituirse ante La Caja los depósitos y consignaciones judiciales cuando así se prevea por la correspondiente normativa estatal. Unos depósitos y consignaciones judiciales que, si bien comunidades como la valenciana han asumido competencias en materia de Administración de Justicia, siguen siendo gestionados por la Administración General del Estado a través de una entidad de crédito colaboradora.
Según los datos del Consejo del Poder Judicial, en 2020, se produjo un movimiento en estos depósitos judiciales de más de 550 millones de euros en la Comunitat Valenciana, teniendo las cuentas un remanente de unos 370 millones de euros al finalizar el ejercicio.
