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la vicedecana cree que este país es tercermundista en justicia

Ángela Coquillat (ICAV): "Tenemos una pandemia judicial total"

3/06/2020 - 

VALÈNCIA. Desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país, en la Comunitat Valenciana se han suspendido en torno a 25.000 juicios. Esto, unido a la judicialización de varios asuntos y las demandas a nivel de lo social o mercantil, generará un colapso judicial que puede crear una situación catastrófica. Eso es, al menos, lo que piensan desde el Ilustre Colegio de Abogados de València. Su vicedecana, Ángela Coquillat, así lo ha manifestado en una entrevista concedida, este miércoles, a Plaza Radio.

Una situación que, según Coquillat, "se une a la falta de inversión en tecnología en la justicia, lo que acarrea que se acumulen las causas, sin que los juzgados puedan sacar adelante los señalamientos". De hecho, antes de la pandemia, según explica la vicedecana del ICAV, "ya se señalaban juicios de lo social para el año 2021, nosotros tenemos una pandemia judicial total".

Por eso, desde el ICAV, van a remitir a cada uno de los Jueces decanos de su territorio y a la Presidencia de la Audiencia Provincial, un escrito solicitando que se notifiquen los señalamientos concretos en todos los Juzgados y Tribunales para estos próximos meses de junio, julio y agosto, y con inmediatez las suspensiones de señalamientos de este mes de junio. Los abogados no saben cuándo van a volver. "Esto va a ser un desastre", señala Coquillat.

Coquillat asegura, en este sentido, que la "justicia está paralizada". A pesar de que cuentan con un sistema telemático de comunicación con los juzgados, Lexnet, los plazos de los juzgados siguen suspendidos. "No se ha hecho nada, sólo algunas actuaciones que la ley consideró que no podían paralizarse, como las causas con presos", explica.

Tampoco es posible el teletrabajo en justicia. La vicedecana del ICAV explica las complicaciones del trabajo telemático en este sector, que es más delicado que otros por el contenido de los expedientes.  

Todos estos retrasos crean inseguridad jurídica para los inversores que quieran venir a nuestro país, lo que le hace a Coquillat preguntarse "¿qué inversores van a venir a un país en el que para resolver un asunto se tardan dos o tres años? Es un país tercermundista en este sentido". Además, la vicedecana del ICAV asegura que "los ciudadanos son los más perjudicados, sobre todo los más vulnerables".

Con todo, desde el ICAV reclaman una mayor inversión en justicia, ya de por sí saturada, que se verá colapsada cuando se reanude la actividad judicial.

 


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