VALÈNCIA. (EP) La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha presentado este martes el nuevo desarrollo normativo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos a través de tres decretos que, entre otras cuestiones, actualizan las ratios, amplían los perfiles profesionales y mejorar los recursos.
Al respecto, ha afirmado que "la organización, la participación y la ética" son los nuevos retos a los que se enfrenta su departamento en el proceso de construcción de un Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que "atienda al conjunto de la ciudadanía en condiciones de igualdad y equidad".
Para ello, se han aprobado tres nuevos proyectos de decreto: el de tipologías de centros, servicios y programas; el que regula los órganos de participación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales; y el que aborda los comités de ética.
"Hemos iniciado un cambio en el sistema que ya es una realidad en todo el ámbito público, y que con este próximo paquete normativo queremos ampliar a todo los rincones de los servicios sociales, con independencia de cual sea su titularidad", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha estado acompañada en el acto por el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda, y el director general del IVAFIQ, Joan Crespo.
Oltra ha recordado que la aprobación de la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana la pasada legislatura supuso la generación de "todo un nuevo marco que es la base sobre la que se construye el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que ya se ha venido desarrollando", y en este sentido ha citado el decreto de Ordenación, el de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria o el que ha establecido el Mapa de Servicios Sociales.
Así, ha resaltado que estos textos han permitido el desarrollo de instrumentos como el contrato programa, "que da estabilidad a los profesionales de los servicios sociales municipales que ya no son despedidos y vueltos a contratar cada año".
Oltra ha destacado que solo este año su departamento ha destinado cerca de 93 millones a contratar los equipos de atención primaria, aquellos que son "la puerta de entrada" al sistema desde los ayuntamientos, lo que ha supuesto multiplicar por 10 la inversión y el número de profesionales.
En este línea, ha resaltad la importancia del nuevo decreto de Tipologías para "establecer los principios comunes del sistema" y aglutina "una información que hasta ahora estaba dispersa y en muchos casos era incoherente, cuando no directamente era inexistente".
"Supera un ordenamiento jurídico de hasta 12 normas, algunas como en el caso de la que afecta al sector de la diversidad funcional y la exclusión social que se remontan a 1990".
De este modo, "se da un salto de 30 años en el ordenamiento normativo, ofreciendo una guía en la que cualquier persona, profesional o usuaria, podrá encontrar toda la información para
Asimismo, se actualizan las ratios de todos los recursos incluidos en el sistema teniendo en cuenta "una nueva realidad sociodemográfica, en la que la población es más mayor, existe mayores niveles de atención a la dependencia o más gente que vive sola".
En este sentido, se plantea una atención domiciliaria "más completa" y "una mejora" de las ratios en los recursos residenciales o centros que "se parezcan cada vez más a una casa" porque es así "como se responde a las verdaderas necesidades de las personas, garantizando unas condiciones de atención dignas y de calidad".
"Se establecen con detalle y de manera ordenada las condiciones materiales, funcionales y de personal de centros y servicios a cualquier recurso", ha recalcado.
Además, se incorporan nuevas figuras profesionales y se regulan los recursos para que se sitúen en entornos urbanos con acceso a todos los recursos sociocomunitarios habituales, y además se "deslocalizarán" los puntos de atención y los horarios de los centros de atención diurna, que ya no serán necesariamente de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Por otra parte, el decreto de órganos de participación crea el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que regulará el Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials, que tendrá carácter autonómico, y los consejos de participación zonales y locales que se crearán en cada ayuntamiento o mancomunidad.
"De esta manera creamos una participación bien regulada, ordenada, accesible y práctica, además de empoderar a la sociedad civil y permitir a las personas usuarias su participación en las decisiones del sistema", ha explicado la vicepresidenta. Este será un órgano de análisis y recopilación de datos que pondrán a disposición de la ciudadanía a través de jornadas, seminarios o plataformas de internet de libre acceso.
Además, se creará un comités de ética de carácter autonómico, y uno por cada uno de los departamentos de servicios sociales, en los que se incluirán personas expertas que ofrecerán respuestas a profesionales y personas usuarias, de manera que las actuaciones de unas y otras ganen en seguridad. Asimismo, aquellos ayuntamientos, centros o intercentros que quieran crearlos también podrán hacerlo.
Estos comités permitirán ofrecer seguridad en las actuaciones, ya que en muchos casos la norma "ni regula ni puede regular todos los aspectos del funcionamiento humano, por lo que es necesario un acompañamiento profesional para la toma de decisiones especialmente complejas", ha concluido la vicepresidenta.