Lorena Saus, presidenta de Eresa (Grupo Ascires). Foto: DIVALVALÈNCIA. La guerra abierta entre los principales socios de la UTE Erescanner Salud, que gestiona las resonancias magnéticas de casi todos los hospitales públicos valencianos, tiene una nueva batalla que va más allá de la pugna por los beneficios millonarios del negocio. Las empresas Inscanner y Beanaca, propiedad de la familia Paz (Clínica Benidorm), acusan a la familia Saus, propietaria de Eresa, de estafa por supuestamente haber facturado desde sus despachos de asesoría fiscal más de 600.000 euros a la UTE por servicios que no se habrían prestado, según la querella que ya instruye un juzgado de València.
La UTE Erescanner Salud está controlada en un 57% por la familia Saus (Grupo Ascires) –a través de Eresa (49%) e Iberdiagnosis (8%)– y los otros socios son la familia Paz (Clínica Benidorm) con el 28,5% –a través de Inscanner (20%) y Beanaca (8,5%)– y Ribera Salud, con el 14,5% restante. La UTE ganó en 2008 el concurso, valorado en casi 500 millones de euros, para gestionar durante diez años las resonancias magnéticas de una veintena de hospitales públicos. El contrato finalizó el 31 de octubre de 2018, pero la Conselleria de Sanidad no ha recuperado el servicio, como prometió, y las empresas continúan prestándolo.
La querella, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, forma parte del escrito de acusaciones del que ya dio cuenta este periódico sobre la discrepancia en el reparto de los beneficios de la UTE, pero se refiere a hechos diferentes y que, al contrario que aquellos, no habían sido sometidos a arbitraje para dirimir las controversias.
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En este caso, las empresas que preside Ana Paz Brown acusan a los Saus de haber percibido de la UTE 612.397 euros "por un supuesto asesoramiento laboral y fiscal desde noviembre de 2018 hasta la actualidad". Las empresas que facturaron ese asesoramiento fueron Saus Cano hasta 2012 y Saus, Cano y Rubio a partir de entonces. La primera era propiedad de Vicente Saus Mas -técnico de Hacienda que pidió una excedencia y montó una asesoría fiscal- y su familia, y en la segunda tiene una participación Alejandro Rubio de Prat, que en la actualidad es administrador único, siendo Lorena Saus -presidenta de Eresa- apoderada.
Tanto Vicente Saus como sus hijas Marta y Lorena y Alejandro Rubio de Prat, así como la directora financiera de la UTE Erescanner Salud, Rosalina-Gil Terrón, han sido citados como imputados por el juzgado. Algunos de ellos ya hay prestado declaración.
Los querellantes aseguran que no tuvieron conocimiento de estos pagos hasta junio de 2018, cuando solicitaron información a la directora financiera de la UTE, Rosalina Gil-Terrón. Según el escrito, la UTE pagó a Saus Cano 2.440 euros más IVA al mes por asesoría fiscal (1.000) y laboral (1.440), y a partir de julio de 2010, cuando se queda con una sola trabajadora -Gil-Terrón- el despacho de los Saus pasa a facturar solo por asesoría fiscal pero, "sorprendentemente triplica el importe" hasta los 3.000 euros al mes. Con la entrada en escena de Saus Cano y Rubio en 2012, la factura mensual asciende a más de 5.000 euros más IVA.
Los querellantes presentan como "indicio de falsedad de estas facturas" el hecho de que cuando Inscanner y Beanaca requirieron información en presencia de notario, la gerencia comunicó que se habían reintegrado a la UTE 491.672 euros, pero ese dinero no lo reintegró Saus Cano y Rubio sino Eresa. Lo cual, afirma, "atenta contra toda lógica" si los servicios facturados son reales.
Las empresas de Ana Paz añaden otras facturas pagadas por la UTE a la mercantil Vaalsol Soluciones de Ingeniería Energética, por un total de 41.486 euros. Esta empresa también está participada por los Saus y, al igual que la asesoría fiscal, con la que comparte domicilio -en la misma dirección que Eresa-, tiene como administrador único a Alejando Rubio de Prat y como apoderada a Lorena Saus. "Esta parte desconoce qué servicios ha prestado esta empresa para la UTE", afirman los querellantes.
El escrito guarda una sorpresa final, y es el pago de una factura de 990.780 euros por parte de la UTE a la mercantil Sun Chiz, de la que tampoco saben los querellantes qué servicios prestó a la empresa de las resonancias. Sun Chiz, que tenía un solo empleado, fue una empresa tapadera creada por Vicente Saus para desviar dinero de Eresa a su persona, según confesó el empresario cuando fue investigado por presunto fraude fiscal, ya que la Agencia Tributaria consideró que lo había hecho para facilitar a Eresa la disminución de sus bases imponibles mediante la deducción de gastos ficticios.
Como contó en exclusiva Valencia Plaza, el caso fue sobreseído provisionalmente tras regularizar los Saus su situación con Hacienda, al retirar la acusación la Agencia Tributaria y estimar la Fiscalía que no se había producido un fraude fiscal sino un artificio para que Vicente Saus cobrara un sobresueldo. En todo caso, añadía, se habría perjudicado a los socios de Eresa, algo que en todo caso deberían denunciar los posibles afectados. Y así fue, puesto que como recoge la querella, Vicente Saus está también imputado en una causa que se sigue en otro juzgado por una querella de varios exsocios de Eresa.
