Manuel Trigo y Francisco LlopisVALÈNCIA. Las concesionarias de ITV de la Comunitat Valenciana, servicio que a partir de 2023 prestará directamente la Generalitat tras 25 de gestión privada, han anunciado este martes un conjunto de reclamaciones judiciales contra la decisión de la administración de no prorrogar los contratos de concesión por las "falsedades" e inexactitudes" de los informes económicos de la Generalitat sobre la viabilidad del servicio. A estos recursos por la vía contencioso-administrativa se suma otra reclamación de 130 millones de euros para ser indemnizadas por el perjuicio económico derivado de la rebaja de tarifas anuladas por el Tribunal Supremo.
Así lo han anunciado este martes Francisco Llopis, portavoz de la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV en la Comunitat Valenciana (Aecova), y Manuel Trigo, expresidente y vocal de esta asociación, en una rueda de prensa en la que han adelantado algunos datos de un informe económico que las empresas han incorporado como pericial en los recursos contenciosos que ya han presentado contra la decisión comunicada por la Conselleria de Economía el pasado septiembre de no prorrogar los contratos más allá del 31 de diciembre de este año.
Los representantes de Aecova, que este miércoles se reunirán con el conseller de Economía, Rafael Climent, para presentarle este informe con el que persiguen desmontar los "delirios, inexactitudes y en algunos casos falsedades" de la Conselleria de Economia para justificar la viabilidad de la gestión pública han avanzado que ya se está estudiando un posible recurso contra la aprobación el pasado viernes por parte del Consell del decreto-ley de creación de la sociedad pública mercantil que asumirá a todos los empleados de las concesionarias para prestar el servicio a partir de 2023.
Como ejemplo de las "inexactitudes" en las que la administración justifica la viabilidad del paso de la gestión privada a la pública Trigo ha destacado que el coste laboral medio de los trabajadores para las empresas de ITV supera los 49.500 euros frente a los 27.380 euros, incluidas las cotizaciones sociales, en los que se basa el informe elaborado por Nuve Consulting para la Conselleria de Economía.
La consecuencia de ello es que, según las concesionarias, el coste total de las plantillas para las empresas ronda los 46,7 millones de euros frente a los 30,2 millones que dicen los informes de la Conselleria de Economía. Ello supondría que la Generalitat estaría subestimando en un 54,7% los costes laborales que va a tener que afrontar la nueva empresa pública que prestará el servicio.
Según predijo Trigo, han estimado en hasta el 65% los sobrecostes laborales en los que puede incurrir la administración por la necesidad de homologar todos los convenios actuales para aplicar un solo acuerdo a toda la plantilla. Al respecto, el informe de Nuve Consulting dejaba ese porcentaje en un 45% en el peor de los escenarios.
"Los datos son inconsistentes y no se atienen a la realidad de los trabajadores", ha criticado el representante de Aecova, quien ha puesto en cuestión que se haga una reversión "en base a ese delirio". "El informe es voluntarista y político, inconsistente", ha criticado el empresario, quien ha denunciado que la administración "ha mentido" en sus informes al utilizar "datos falsos con los que influir en los tribunales".
"No es de extrañar lo errático de los tribunales porque se basan en un cuaderno informativo que no es vinculante", ha explicado Manuel Trigo en relación a las sentencias en las que el TSJ ha desestimado la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por las empresas para ser indemnizadas por la anulación por parte del Supremo de la rebaja de tarifas aplicadas por el Consell de Alberto Fabra en 2014 .
Las dos sentencias del TSJCV ya notificadas a la administración para desestimar la reclamación económica de las concesionaria ITV de Levante y Valenciana de Servicios ITV por valor de 10,7 millones y 16,1 millones, subrayan que las empresas han utilizado "un cauce formal inadecuado" –el de la acción de responsabilidad extracontractual y/o patrimonial de las Administraciones Públicas en lugar del de la responsabilidad contractual– que impide a la Sala "entrar a examinar ninguna de las alegaciones" que formulan las empresas.
Por ese motivo, dado que la sección quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV desestima esos recursos por un asunto "formal", Manuel Trigo ha avanzado que las empresas, además de recurrir al Supremo, van a volver a reclamar a la Generalitat ser indemnizadas, aunque ahora lo harán por el cauce de la responsabilidad contractual en lugar de por el de la acción de responsabilidad extracontractual y/o patrimonial de las Administraciones Públicas.
De esa manera, las empresas van a reclamar en conjunto 83 millones de euros más el 3,5% en intereses por la rebaja tarifaria de 2014 anulada por el Supremo más otros 50 millones por la siguiente rebaja tarifaria, aprobada ya en 2019 por el Consell del Botànic en respuesta a la anulación de las anteriores y también anulada por el Alto Tribunal.
Además de estas indemnizaciones, la comunicación de la reversión y la creación de la sociedad mercantil pública, las empresas de Aecova también van a recurrir para que se aplique el "derecho a reequilibrio" por el cierre forzoso de sus empresas durante la pandemia. Al respecto, Trigo ha explicado que todos los concesionarios por separado han presentado escritos a la administración para que el contrato se prolongue por el mismo tiempo que estuvieron cerradas sus estaciones pero ha lamentado que la Generalitat no les haya dado respuesta.
