VALÈNCIA. El juicio del conocido como caso Alquería ha arrancado este lunes en la sección primera de la Audiencia de Valencia en una intensa jornada también marcada por la declaración de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra. El que fuera presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez se ha sentado en el banquillo junto a 13 acusados más por una causa centrada en las presuntas contrataciones irregulares de altos directivos del PSPV y Compromís en la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa), dependiente de la corporación provincial.
Durante la primera sesión, que ha comenzado con cierto retraso debido a problemas técnicos para la grabación interna, se ha comunicado la decisión de la retirada de todas las acusaciones contra uno de los cargos contratados, Pau Pérez Lledó. Lo cual ha conllevado que la Sala haya anticipado que el sentido de la sentencia no puede ser otro que el absolutorio. La causa se queda, así, con un total de 14 acusados.
En las cuestiones previas, la defensa de Rodríguez ha pedido tanto declarar al final del juicio y que se pueda sentar a su lado como la nulidad de toda la prueba consistente en la incautación de dispositivos, tablet, ordenadores, etc. por la que los investigadores tuvieron acceso a correos y conversaciones de los imputados. La abogada Ángela Coquillat ha recordado que se incautaron un total de 10.000 correos de 2003 a 2018 de su representado, mientras que la Policía Nacional "sólo cogió siete". La Udef, ha proseguido, "es la que hizo la selección y no sabemos cómo fue".
La letrada ha destacado que no se dio traslado a las partes de la documentación al completo y que la cuenta de correo de Rodríguez era personal, no corporativa, por lo que había comunicaciones con personas que "nada tienen que ser con este procedimiento". En este sentido, ha comentado que no se cumplió con los principios de necesidad y proporcionalidad y que la incautación tendría que haber respondido "a una necesidad muy concreta".
La abogada ha solicitado igualmente la declaración de vulneración del derecho a la libertad del expresidente de la Diputación para poder ejercer acciones penales de su defendido contra aquellos que la vulneraron. "¿Era necesaria la detención?", se ha preguntado. Rodríguez, ha señalado, permaneció arrestado 31 horas y media entre los días 27 y 28 de junio cuando no consta que su cliente "pusiera impedimento en las incautaciones, no tenía antecedentes penales y contaba con arraigo".
"No hubo orden judicial de detención. Sabemos que la Policía puede hacerlo sin ella, pero el arresto preventivo no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y ha de ser proporcional", ha apuntado. Algo que cree que no se cumplió en este caso y que se alargó excesivamente.
Considera asimismo vulnerados los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones por los medios de prueba reclamados por la Fiscalía debido a la intervención de los instrumentos de comunicación, tanto correos como móviles. Y también el derecho de defensa. "Toda la prueba testifical de la Fiscalía se realizó sin asistencia de la defensa porque se produjo bajo secreto de sumario. Ahora asistimos a un juicio con una prueba acusatoria sin participación de las defensas. Los testigos que sostenían la acusación del fiscal no fueron sometidos a contradicción y no pudieron ser interrogados por las defensas", ha explicado.
El resto de defensas se han ido adhiriendo a las pretensiones de la abogada de Rodríguez. Por su parte, el letrado de la exgerente de Divalterra Agustina Brines ha cuestionado la personación en la causa del PP y de Acción Cívica y ha pedido su expulsión y que se unifiquen en una única acusación.
Asimismo, el letrado de Brines, Javier Boix, ha hablado de "obstaculización del derecho de defensa" y de "cultura jurídica inquisitiva". "No se pueden permitir instrucciones que se salten todos los derechos", ha lamentado tras cuestionar algunos de los correos que obran en el procedimiento seleccionados únicamente por la Udef.
Aunque la mayoría de abogados ha intervenido, el exportavoz del PSPV en Les Corts Manolo Mata, que ejerce la defensa de Víctor Jiménez, se ha quedado pendiente para este martes, cuando continuarán las cuestiones previas antes de que la Sala decida sobre las peticiones.