Junta Central Fallera se saltó la ley en contratos por valor de 650.000 euros

VALÈNCIA. La Intervención del Ayuntamiento de València ha detectado que la Junta Central Fallera (JCF) incumplió en 2017 la normativa de contratos del sector público en numerosas adjudicaciones por valor total de 652.194 euros, entre fraccionamiento y acumulación indebida de contratos en expedientes. Además, pone de manifiesto el mal uso de convenios por valor de casi 200.000 euros así como algunas reservas en el apartado de ayudas y subvenciones que se concedieron durante aquel ejercicio.

El informe de auditoría integral elaborado por el órgano de control concluye que el organismo autónomo que preside Pere Fuset "no ha cumplido, durante el ejercicio de 2017, en los aspectos más significativos con la normativa que resulta de aplicación". El aspecto más llamativo es el referido a las contrataciones, en el que la Intervención estudia la legalidad tanto de los procedimientos como de su adjudicación y desvela que en aquel año el ente fraccionó contratos por importe total de 190.497 euros.

Uno de los expedientes que estudia con detenimiento, por ejemplo, corresponde a los castillos del programa de Fallas, en el que se incluyeron varios contratos: uno de 46.281 euros (sin IVA) y otros tres menores de 16.116 euros cada uno con el mismo objeto y formalizados con adjudicatarios diferentes. Unas consideraciones que vulneran, a juicio de la Intervención, la ley de contratos del sector público según la cual no puede fraccionarse un contrato "con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad". Asimismo, este procedimiento también incumplió la mencionada legislación por otros motivos. 

En primer lugar, porque no se pueden acumular varios contratos en un solo expediente. Y otro de los errores tiene que ver con la adjudicación de mayor cuantía, que se tramitó mediante el procedimiento negociado sin publicidad pese a que en los pliegos no se determinaban "adecuadamente" los aspectos a negociar con las empresas. Es más, tampoco consta que se hubieran negociado estas condiciones, ni se justifica esta vía, dado que no se argumenta que el contrato sólo pudiera ser encomendado a una empresa determinada. Y para más inri, tampoco hay en el expediente documentación alguna para acreditar que las prestaciones se realizaron conforme a lo contratado.

Deficiencias, buena parte de las cuales se repiten en otros expedientes como el de intermediación y distribución de servicios de transporte; el de suministro y fabricación de estandartes, banderines y otro tipo de elementos para las Falleras Mayores y su Cortes de Honor; o el de organización de los campeonatos de fútbol sala.

También habla de fraccionamiento la Intervención en el expediente de contratación de las mascletaes. 23 contratos menores de entre 3.300 y casi 5.000 euros cada uno -siempre sin IVA- (95.868 euros en total) que considera el Interventor que se adjudicaron vulnerando la legislación porque tenían el mismo objeto y al fraccionarse se pasaron por alto los requisitos de publicidad, al mismo tiempo que, por otro lado, se concentraron en un mismo expediente.

La edil de Ciudadanos Amparo Picó cargó duramente contra el fraccionamiento constatado e instó al presidente de la JCF a "ser más riguroso en el proceso de adjudicación directa de las mascletaes". "Los auditores emplazan a agrupar en un contrato todo el proceso y a dividirlo por lotes para evitar acumular contratos menores, como también se ha detectado en otros once casos". Y es que, en estos otros once expedientes, algunos llegaron a incluir hasta 18, 12 u 11 contratos en una misma tramitación, y la suma económica total ascendió a 461.697‬ euros. Estos, añadidos a los anteriormente referidos a fraccionamiento, alcanzan los más de 650.000 euros en contratos que incumplieron la normativa estatal en esta materia.

Así, Picó puso el acento en que el procedimiento para contratar las mascletaes es el mismo que se usó para la Batalla de Flores de 2018 y años anteriores. No obstante, el año pasado "se adjudicó en un mismo expediente dividido en lotes todas y cada una de las carrozas". "Es decir -apunta Picó-, se le obligó a Fuset a abandonar el método de adjudicación directa, algo ilegal, como ahora está planteando la auditoría en el de mascletaes".

Sobre los contratos de espectáculos pirotécnicos -castillos y mascletaes-, Pere Fuset explica que en 2017 "se seguía lo hecho anteriormente y que nunca había sido cuestionado" y asegura que en los últimos años, desde el servicio de Cultura Festiva que dirige "se ha ido desarrollando una procedimiento diferente más ajustado a la consideración artística de la pirotecnia que se aplicará también a Junta Central Fallera". Una consideración que, insiste, tuvo el respaldo unánime en el pleno. "No se pueden tratar dichos espectáculos  y a los pirotécnicos valencianos de igual forma que se contrataría a un proveedor de tornillos", defiende Fuset a este respecto.

Asimismo, se han hallado diversos contratos menores -'a dedo', sin publicidad ni libre concurrencia- otorgados a la misma empresa y con el mismo objeto. Unos servicios que si se hubieran adjudicado en un mismo contrato, como dice la normativa, habrían requerido un concurso público al superar en su conjunto el límite presupuestario legal para los contratos menores. Son cuatro de servicio de retransmisión televisiva, cuatro de servicio de sonido, tres de servicio de iluminación y dos de espectáculo. En suma, unos 107.000 euros adjudicados de esta manera.

Son todas ellas formas de hacer muy mejorables sobre las que Fuset insiste que responden a "prácticas históricamente consolidadas" anteriores a 2015. Así, dice que los contratos de 2017 todavía no se regían por la nueva legislación que entró en vigor en 2018 y por ello aún "se seguía el procedimiento histórico utilizado desde hacia décadas". El edil aduce asimismo la falta de personal técnico: "solo dos auxiliares administrativos gestionan un gran volumen de presupuesto en un organismo singular, integrado por cerca de 200 voluntarios mayoritariamente elegidos directamente por las comisiones falleras y sin formación técnica".

Y por otro lado, subraya que esta auditoría "forma parte del plan aprobado por el gobierno de Joan Ribó con el objetivo de tener una visión lo más completa posible del funcionamiento interno de los organismos autónomos". "Es la primera vez en la historia que se somete a este organismo a esta auditoría", explica, e insiste en que el organismo está mejorando en su gestión: "Si la misma auditoría se hiciera para el año 2020, el resultado sería manifiestamente mejor; si la misma auditoría fuera de antes de 2015, daría un resultado manifiestamente peor".

Convenios que deberían ser contratos y ayudas sin transparencia

La Junta Central Fallera también se saltó la normativa en lo que concierne a convenios. Según el informe, se formalizaron diez convenios de colaboración con particulares por un importe conjunto de casi 200.000 euros y que integran prestaciones propias de un contrato publicitario. "Se ha utilizado de forma indebida la figura del convenio", asegura el órgano municipal, lo que ha motivado que faltara en los expedientes la acreditación adecuada y suficiente de las necesidades que pretendían cubrirse, la documentación acreditativa de las prestaciones pactadas, y la justificación por la no utilización de la vía contractual.

Y respecto a las ayudas y subvenciones concedidas, se estudia la concesión de unos premios a diferentes comisiones falleras que ascendieron a 283.000 euros, y la Intervención apunta que no se aplicaron los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y objetividad porque no se aprobaron unas bases reguladoras. Además, tampoco se publicó en el portal de transparencia la información de la concesión de las ayudas. Y en esta línea, otro de los puntos que pone de relieve es que la Junta Central Fallera carece de un plan estratégico de subvenciones en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.