La sección cuarta resuelve sobre la petición de archivo del exconcejal Emilio del Toro y de un exasesor
VALÊNCIA. El archivo provisional que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pía Calderón, realizó sobre la causa abierta por un presunto blanqueo de capitales a pequeña escala -pitufeo- contra el exconcejal de Valencia, Miquel Domínguez, era, hasta ahora, la tabla de salvación para los cerca de 50 acusados de pitufeo, entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de València.
Todos ellos confiaban en que la Audiencia Provincial obligara al juez instructor a archivar sus causas por los mismos motivos que se archivó, provisionalmente, la pieza abierta contra Domínguez. Nada más lejos de la realidad.
En primer lugar, varios de ellos realizaron una petición de archivo al magistrado instructor de la Operación Taula a raíz de la decisión de Calderón en el TSJCV, a lo que el juez instructor se negó. Ante tal decisión, algunos acusados recurrieron ante la Audiencia Provincial como último recurso ante un, más que posible, procesamiento por blanqueo de capitales, lo que para todos ellos supondría una ‘muerte’ política.
Sin embargo, la magistrada de la Sección Cuarta de la AP encargada de resolver el primero de los recursos, quedan varios pendientes pero la AP no se contradice a ella misma, el emitido por las defensas del exconcejal Emilio del Toro y de un exasesor, al igual que su compañero de instrucción no ha tenido dudas, deben seguir imputados.
Tal y como ha podido saber Valencia Plaza, la magistrada ha asumido como válidos los argumentos esgrimidos por el juez de instrucción. En el mes de febrero, y ante la petición de archivo de varios acusados, el juez explicó en un auto que: “lo que efectivamente puede decirse que está instruido es ‘la mecánica de pitufeo’, pero que el delito de blanqueo es algo más, y lo que está en curso de investigación, son hechos relativos precisamente a la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado, o de la fuente de recursos, clandestinos, ilícitos y de posible origen criminal de donde salieron esos 50.000 euros". Y apostillaba que "la actividad delictiva previa no es sino un elemento integrante más de delito de blanqueo, lo que parece que las partes no quieren asumir".
Y el magistrado proseguía explicando que los indicios que hay contra los investigados son de sobra conocidos: "confesiones, declaraciones de testigos, conversaciones grabadas, omisiones declarativas en cuanto al origen del dinero ingresado en las arcas del grupo, ambigüedad declarativa sobre el origen de la idea de llevar a cabo la aportación económica, irregularidad notoria del proceso por el que se efectúan dichos donativos al margen de la legalidad electoral y de la financiación de partidos".
En esta parte de la causa, conocida como Operación Taula, destacó mediática y políticamente la pieza A o pieza del pitufeo. En ella se investiga si todo el grupo del PP del Consistorio salvo cuatro personas blanqueó dinero para la campaña electoral de las municipales de 2015 y, además, se cometió un delito electoral.
La magnitud de la operación policial desbordó al PP y la presión sobre los pitufos fue tal que el partido de Isabel Bonig se vio obligado a crear una gestora que dirigiera al PP de la Ciudad de València. Desde Génova se abrió un expediente a los implicados que, más de un año después, sigue durmiendo el sueño de los justos mientras los concejales y asesores investigados siguen en el Ayuntamiento cobrando un sueldo público.
Según los investigadores, desde el PP municipal se pidió que todos los miembros del grupo aportaran 1.000 euros para la campaña, mil euros que supuestamente después les eran reembolsados en dos billetes de 500. Esta mecánica de blanqueo, la más burda de todas las existentes, es la que se conoce como pitufeo.
El problema para los populares surgió cuando cuatro asesores, dos de Barberá y dos del vicealcalde Alfonso Grau, se negaron a blanquear dinero. Estas cuatro personas se dieron cuenta, según consta en el sumario, de que había algo turbio en la supuesta propuesta realizada por la secretaria del grupo municipal del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, y no quisieron entregar el dinero.
Como consta en sus declaraciones, la situación no fue nada fácil ya que, presuntamente, la conocida como cajera no dudó en amenazar a varios de ellos para exigirles el ingreso del dinero. Pero los cuatro se mantuvieron firmes y no entraron al trapo de las amenazas. De hecho, estas cuatro personas son los únicos cuatro miembros del grupo municipal que no están imputados.