La carrera a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Valencia se inicia con fractura en la UPF

VALÈNCIA. El puesto que la nueva jefa superior de la Fiscalía Teresa Gisbert ha dejado vacante ha abierto en canal a su propia asociación. No por ella, sino por lo goloso del puesto que ha dejado libre. La Unión Progresista de Fiscales ha presentado a dos candidatos a la plaza de fiscal jefe provincial, un hecho inédito, insólito y nunca visto en la Comunitat Valenciana, donde los progresistas siempre habían concurrido a las plazas cual partido político, es decir, uno por asiento.

Así, los fiscales que se presentan al hueco dejado por Gisbert son Dora Cano y José Antonio Nuño de la Rosa, ambos de la UPF, José Ortiz, de la conservadora Asociación de Fiscales, y Joaquín Baños como independiente.
A priori, Baños no tiene nada que hacer con respecto al resto de aspirantes pese a ser el fiscal delegado de Medio Ambiente, y superior directo en la especialidad de Nuño de la Rosa (fiscal de incendios forestales).

Y el hecho de ser el vagón de cola nada tiene que ver con su valía; una valía que sus compañeros observan día a día y no dudan en loar, sino con el hecho de que en el Consejo Fiscal hay empate técnico entre la UPF y la AF, y aunque sus votos no sean vinculantes pues la última palabra la tiene la fiscal general del Estado María José Segarra (UPF), habiendo dos candidatos de la UPF y otro de la AF, las fuentes consultadas le auguran cero votos.

En cuanto al candidato conservador, José Ortiz, fiscal delegado de Criminalidad Informática y delegado autonomico de Protección de Datos, las mismas fuentes le vaticinan un apoyo en bloque del sector conservador. Ortiz es otro fiscal visto con muy buenos ojos por parte de sus compañeros. Su trayectoria es inmaculada y lleva temas tan jugosos mediáticos como el del restaurante Riff o una de las denuncias por tortura del franquismo, a lo que hay que añadir que es la cabeza visible de su asociación en València, y también fue el fiscal del caso de las mujeres de El Palmar cuando no les dejaban faenar.

Nuño de la Rosa es de sobra conocido pues fue una de las tres personas que formó parte de la terna que se jugó la plaza de magistrado del TSJCV por designación parlamentaria.  Finalmente perdió por ocho votos a tres contra el ya exfiscal Anticorrupción, Vicente Torres. Pertenece a la sección de Medio Ambiente.

Por último, Dora Cano es la otra cabeza visible de una asociación, en este caso la UPF, además de formar parte del secretariado nacional de la misma. Cano es conocida por ser la fiscal que ha llevado a juicio el caso del accidente de metro de València. Un tema que terminó llevando pues procedía de la sección de siniestralidad laboral pero cuando se lo dieron estaba en delitos económicos, lo que suponía un plus de conocimiento para un tema tan sensible y complejo.

Con tantos candidatos, el problema real lo tiene la fiscal general del Estado, ya que vote lo que vote el Consejo Fiscal, su voto es el decisivo. Segarra se encuentra en una encrucijada sin parangón, pues deberá decidir entre dos progresistas, un conservador y un independiente.

Los votos del Consejo Fiscal no son vinculantes, pero sí importantes, y más en esta votación que está prevista para el próximo 13 de marzo, en plena precampaña electoral. Si la UPF se divide, que sería lo lógico si no quieren dejar a los pies de los caballos a un asociado, Segarra se encontrará con tener que decidir entre alguien poco votado y otro candidato con más votos, Ortiz.

Segarra es consciente de que esta votación será mediática pues el que salga elegido deberá lidiar, entre otros temas, con la operación Taula, el caso Erial o la operación Alquería entre otros muchos temas de repercusión mediática y política. La suerte está echada.