VALÈNCIA. Hágase, dijo la EMT de València. El Consejo de Administración de la empresa municipal que dirige Giuseppe Grezzi dio luz verde -con los votos en contra de PP, Cs y Vox- este miércoles al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) acordado con el Comité de Empresa para reducir el impacto económico por la crisis del coronavirus. Así, según los informes económicos que sustentan el uso de esta herramienta se ha proyectado un ahorro de casi 1,5 millones de euros en concepto de reducción de nóminas y de cuotas a la Seguridad Social.
La previsión es que afecte a 433 trabajadores -se han presentado 435- entre el 9 de abril y el 10 de mayo, y conllevará también una rebaja del salario del 10% en altos cargos y directivos, y la rebaja de los costes a cargo de la empresa en los casos de incapacidad. Todo ello librará a la empresa de pagar casi 1,1 millones de euros en nóminas y unos 400.000 euros en concepto de Seguridad Social durante este período.
Ahora bien, todo ello no quita que la EMT, gerenciada por Josep Enric García, requiera, además, de otros fondos para cuadrar las cuentas del ente municipal. El descuadre debido al coronavirus se cifra en más de 5,4 millones de euros debido fundamentalmente a la merma de los ingresos por la baja actividad. Concretamente, se proyectan una bajada en los beneficios de 2,9 y de 2,6 millones en abril y mayo respectivamente.
De esta manera, el ahorro de 1,5 millones en el ámbito de las retribuciones no bastará para contrarrestar al completo el impacto negativo: quedará abierto todavía un agujero de casi 4 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la propia empresa, desde la que señalan que todo ello son sólo proyecciones: "Ahora mismo es difícil cuantificar exactamente el impacto de la crisis porque tampoco sabemos qué va a pasar en abril ni mucho menos en mayo; estamos atentos a la evolución de la situación porque nunca antes se había vivido un situación similar". Con toda probabilidad, correrá a cargo de las arcas del Ayuntamiento de València.
Con todo, en el Consejo se plantearon diversos interrogantes sobre la aplicación de un ERTE a una empresa pública como lo es la EMT de València, especialmente después de que la Abogacía de la Generalitat Valenciana cerrara la puerta a esta herramienta para el sector público autonómico por trabas legales. De hecho, el debate jurídico planteado no es menor debido a la ambigüedad de la normativa para esta situación y se circunscribe al Estatuto de los Trabajadores.
En esta norma regula las condiciones para aplicar la suspensión de un contrato de trabajo, pero en una disposición adicional detalla que esto no es aplicable a "las administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros". Según los informes jurídicos de la EMT, su caso no entraría aquí dado que su naturaleza es privada -es una mercantil-, por lo que,a su juicio, no entra dentro del concepto de entidad de derecho público, y por ende, se le aplica el derecho privado.
El informe asimila la EMT a otras empresas análogas como las empresas municipales de transporte de Málaga, de Sevilla o de Valladolid. Tres empresas públicas que han presentado ya sendos ERTE, por lo que la EMT de València podría seguir el mismo camino. Ahora bien, lo cierto es que está habiendo problemas en algunos de esos casos. Especialmente en el caso de Valladolid.
Allí, la empresa municipal de transportes, Auvasa, presentó un ERTE que afectaba a 280 trabajadores. Sin embargo, la inspección de Trabajo de la Comunidad de Castilla y León ha acabado tumbándolo y como argumento se ha acogido a la misma norma con la que la EMT de València quiere sustentar el suyo. A juicio de la inspección, Auvasa -como la EMT- sí se podría considerar administración pública y por tanto, no le sería de aplicación un ERTE.
Además, hay que tener en cuenta que buena parte de los ingresos de la empresa municipal de València vienen de la inyección del Ayuntamiento, mientras que menos de la mitad proceden de la actividad comercial, el servicio efectivamente prestado de movilidad. Con todo ello, queda por ver cómo analiza la normativa la Conselleria de Economía de la Comunitat Valenciana, y en concreto la Dirección General de Trabajo.
Pese a haberse aprobado el ERTE a mediodía, a medianoche todavía había empleados que desconocían si la empresa les había aceptado la petición y, por tanto, no tenían que ir a trabajar este jueves, según denunció el Comité de Empresa. Tanto es así que tuvo que emitir un comunicado pasadas las doce de la noche para aclarar qué empleados debían ir a trabajar y cuáles no.
Así, los sindicatos comunicaron a todos los empleados de las áreas de operaciones, técnica, y administración, que no debían ir a trabajar puesto que las peticiones para acogerse al ERTE en estas secciones no alcanzaban el número máximo de solicitantes, por lo que se entendía que todos estaban afectados por la suspensión temporal de su trabajo. El principal problema se planteaba en el ámbito de los conductores, el más nombroso del ERTE -el 80%-.
Para ellos, que sí habían excedido el máximo en su área, se les dijo que no acudieran a su puesto de trabajo "salvo que les hayan comunicado por teléfono lo contrario". Con todo, según ha podido saber este diario, hubo varios empleados que manifestaron su intención de no acudir independientemente de lo que hubiera decidido la empresa para ellos, decisión que decían todavía no conocer.
El acuerdo no salió por unanimidad en el Consejo: sólo recabó el apoyo del equipo de gobierno -los consejeros de Compromís y del PSPV-. La oposición o se abstuvo, como hizo el PP y Cs, o votó en contra, como hizo Vox. Según los consejeros del Partido Popular, Carlos Mundina y Marta Torrado, "no es ni ético ni responsable rebajar apenas el sueldo un 10% a la dirección de la EMT y condenar al paro temporal a la plantilla de la empresa de transportes, parece una broma".
Por su parte, el consejero de Ciudadanos, Narciso Estellés, criticó la "falta de capacidad de anticipación por parte del gobierno municipal y de la dirección de la empresa para haber llegado finalmente a esta situación". Además, aseguró que la empresa mostró "falta de garantías" para que el ERTE salga finalmente adelante y que si esto no fuera así, no existe "un plan B inmediato".
Para Vicente Montañez, consejero de Vox, el ERTE es una actuación "totalmente insolidaria al realizarse en una empresa que recibe sus ingresos en más de un 50% del ayuntamiento de Valencia, en su calidad de empresa pública". "La gran mayoría de los empresarios y autónomos han visto mermados sus ingresos en más de un 70% como consecuencia del coronavirus. No parece razonable que las empresas públicas opten a un recurso excepcional como este para disfrazar de buena gestión una dirección ineficaz".
Respondió el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, asegurando que la postura del PP y Cs "demuestra una gran incoherencia y falta de altura política". "No tiene ningún sentido que por un lado quieran retrasar el cobro de los impuestos y destinar más fundes municipales para paliar la grave situación actual y, por otro lado, no apoyen a una medida que permite ahorrar recursos municipales para destinarlos a otras emergencias", aseveró.