La aceptación como parte de la macrocausa le da acceso a toda la documentación y abre la puerta a ampliar la cantidad reclamada si se repiten las irregularidades detectadas en la denuncia original. Desde 2008, la CEC ha recibido directa o indirectamente 20 millones para formación
VALENCIA. La macrocausa abierta en un juzgado de Nules para investigar el fraude supuestamente cometido por la patronal de Castellón en la tramitación de los fondos para cursos de formación adquiere una nueva dimensión. La Abogacía de la Generalitat recibió este jueves la notificación en la que el juez instructor acepta su solicitud para personarse como acusación.
La entrada de la Generalitat en el proceso le da acceso a la ingente cantidad de documentación que forma parte de la misma y abre la puerta a la ampliación de las cantidades reclamadas si el Servicio Valenciano de Empleo (Servef) comprueba que las irregularidades que dieron origen a la denuncia original se repiten en más expedientes.
Así lo señalan a este periódico fuentes de este organismo, que detallan que las cantidades concedidas a la Confederación Empresarial de Castellón (CEC) desde 2008 superan los 20 millones de euros. De ellos, más de 5,3 millones corresponde a fondos para formación de desempleados tramitados directamente por la CEC, mientras que 14,8 millones para formación continúa fueron tramitados a través de la patronal autonómica Cierval.
La personación en esta causa de especial complejidad para la que el juzgado incluso ha pedido refuerzos sigue la estrategia trazada en otros casos relacionados también con la tramitación supuestamente irregular de las subvenciones como el del instituto tecnológico Aido. El objetivo es, según destacan desde el Servef, recuperar para las arcas públicas la mayor cantidad posible del dinero presuntamente defraudado.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de junio por parte de la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de fraude en subvenciones y otro continuado de falsedad documental derivado de las irregularidades detectadas en la tramitación de subvenciones por parte de la CEC.
Rafael Montero, secretario general de la CEC. Foto: EVA MÁÑEZLa Fiscalía, a su vez, actuó tras las deficiencias observadas por el Servef en 493.000 euros en ayudas gestionada por la CEC como parte de un paquete de subvenciones de 12,2 millones de euros concedidos a Cierval en 2009. Según el relato del Ministerio Público, se imputaron gastos por actividades no realizadas, se presentaron facturas falsas y se usaron las subvenciones para fines distintos para los que se concedieron.
El Servef reclamó la devolución de esos importes que la patronal castellonense defiende que pagó a las empresas de formación, por lo que presentó un contencioso. Cierval tuvo que asumir la devolución al Servef de 418.000 euros en julio de 2014.
Esa partida podría ser la punta del Iceberg de un fraude millonario. En mayo de 2014, los responsables del Servef del anterior Consell instaron a la Abogacía de la Generalitat a pronunciarse sobre la conveniencia de escrutar la totalidad del expediente, a lo que este ente respondió instando a la revisión de la totalidad de las subvenciones que forman parte del mismo para trasladar a la Fiscalía posibles nuevas irregularidades.
En esa línea, los nuevos responsables del Servef aseguran haber detectado que los mecanismos de control en muchos casos no se estaban llevando a cabo, por lo que existen más expedientes que ya han sido trasladados a la Fiscalía y la Policía.
De hecho, en febrero de este año se presentó un informe de delito por otros 120.000 euros en ayudas incorrectamente justificados cuya devolución también le ha sido reclamada a la patronal.
José Roca, presidente de la CEC. Foto: EVA MÁÑEZAhora que ya forma parte de la causa, el criterio del Servef será reclamar el reintegro de todas las cantidades correspondientes a expedientes en los que se aprecien las mismas irregularidades que en los que dieron origen a la primera denuncia, explican fuentes de este departamento.
Tras abrir diligencias, el juez realizó una primera ronda de declaraciones de la que derivó la imputación de Elodia Salvador, Elodia Benedito, José Antonio Espejo Pérez, y los representantes legales de L.R. Centro de Oficios La Vall S.L., Restaurante El Palay de La Vall S.L. y CFAL, C.B.
Posteriormente se amplió el número de personas investigadas hasta diez, entre los cuales están el presidente de la organización, José Roca, y su secretario general, Rafael Montero. Montero, a su vez, era secretario general de Cierval en el momento en el que se tramitó el expediente que dio origen a la primera denuncia.
La investigación a la cúpula de la CEC ha generado enormes tensiones internas en Cierval. Además de tener que asumir los reintegros que reclama el Servef, fuentes de la organización aseguran que la patronal de Castellón les ocultó que tramitaba los cursos a través de una empresa privada -el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón-, mercantil administrada por los propios José Roca y Rafael Montero.
La auditoria de las cuentas de la CEC correspondientes a 2014 y firmadas por el auditor en diciembre de 2015 contiene un párrafo de énfasis en el que se destaca la existencia de una incertidumbre relacionada con el resultado de un contencioso-administrativo que "podría afectar negativamente a la situación financiera y patrimonial" en el caso de que el desenlace fuese desfavorable a la CEC, ya que la cantidad en discusión supera los 478.000 euros.
