VALÈNCIA. (EP) La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está en contacto con el Ayuntamiento de Llíria (Valencia) y ofrecerá "colaboración máxima" si alguna de las familias quiere trasladar a su pariente de la residencia DomusVi de esta localidad a otra plaza pública disponible: "Que se pongan en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo".
Así lo ha indicado el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, en declaraciones a los medios para informar de las actuaciones realizadas tras la denuncia pública de una exempleada de la residencia que grabó imágenes de ancianos desasistidos, por la que la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto de oficio diligencias de investigación penal.
En este centro privado hay 35 plazas públicas concertadas y, según ha indicado Juan, el consistorio es el encargado de tramitar los recursos de la dependencia y "sabe cómo puede tramitar los cambios" de estas a otras plazas si así lo piden las familias. Se pueden solicitar, ha recordado, en cualquier momento, como también pasar de un tipo de prestación a otra.
"Nosotros ofrecemos colaboración máxima, si alguna de las familias quiere trasladarse que se ponga en contacto con el ayuntamiento y nosotros lo facilitaremos al máximo", ha indicado.
Respecto a la investigación abierta tras la difusión de las imágenes de la exempleada, ha recordado que ya había incoado un expediente sancionador sobre esta residencia ante denuncias previas de los familiares, que está en su última fase y en el que se ha propuesto una multa de 174.000 euros a la empresa.
Esas denuncias estaban relacionadas en algunos casos con "el trato que se daba a los usuarios" o sobre las propias condiciones en que se encontraba la infraestructura. La Inspección "fue, comprobó los detalles, se han hecho inspecciones de seguimiento para ver qué aspectos se subsanaban y cuáles no y en base a eso es por lo que se ha impuesto sanción".
Las denuncias se produjeron en 2019 y, según Enric Juan, la Conselleria ha actuado siempre tanto de oficio, dentro del plan de inspección, como a raíz de las quejas. Preguntado sobre si cree que se debería haber estado más pendiente de este centro a raíz de esas denuncias, ha indicado que "es de las que más se ha visitado", con cuatro visitas en los últimos meses antes de la pandemia e incluso en 2020. "Desde ese momento no hemos tenido ya más quejas de las familias y por eso no se ha actuado", ha agregado.
Así, ha reiterado: "Hemos ido de oficio a instancias de la familias y en cuanto hemos tenido conocimiento de alguna actuación se ha actuado de manera inmediata".
A la luz de las nuevas imágenes, el director general ha precisado que se ha dado traslado de este hecho a Fiscalía y a la Inspección de Servicios Sociales "por si hay nuevos hechos que se tengan que investigar", se incoarán "los expedientes que toque para depurar responsabilidades" y si hace falta se hará una nueva visita.
"Vamos a comprobar primero mediante la Inspección de Servicios Sociales la veracidad de los hechos, si pueden ser constitutivos de alguna sanción, si puede ser algún delito si así Fiscalía lo determina y a partir de ahí se derivarán las responsabilidades tanto por la Ley de Servicios Sociales como posiblemente por incumplimientos contractuales", ha dicho.
Preguntado sobre si la empresa, DomusVi, funciona peor que otras del sector, ha indicado que es un análisis que queda pendiente porque aún estamos en pandemia pero la percepción general es que la Covid-19 "ha afectado de forma muy desigual a las residencias".
El sector, ha añadido, "funciona de manera adecuada de forma general" pero la incidencia en algunas "ha sido bastante mayor y en algunos grupos empresariales también ha sido bastante mayor que en las residencias públicas por ejemplo", algo que "habrá que investigar".
