FOTO: GVAVALÈNCIA. (EP) El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo en la que ha quedado constituida la comisión de seguimiento del convenio marco de colaboración entre la Generalitat y la entidad sobre el embargo de los ingresos de derecho público que se produzcan fuera del ámbito de competencia de cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana.
El pleno del Consell autorizó en junio la suscripción de convenio de colaboración entre ambas instituciones, por el que se establecía un plazo máximo de tres meses para la formación de la comisión de seguimiento que debe asegurar su correcta ejecución, así como dictar las instrucciones necesarias para mejorar su funcionamiento y la coordinación con las entidades locales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
"Con la constitución de esta comisión damos un paso al frente para hacer realidad dicha colaboración", ha apuntado el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Por parte de la Generalitat, también han participado en la reunión el secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, y la directora general de la Agència Tributària Valenciana (AVT), Sonia Díaz. Por parte de la FVMP, Rubén Alfaro y el secretario general, Vicent Gil.
Según ha detallado Díaz, "este acuerdo establece un marco de colaboración para que la administración de la Generalitat pueda ejecutar los embargos por deudas correspondientes a ingresos de derecho público que tengan pendientes los municipios que libremente decidan sumarse al convenio y que pertenezcan a ciudadanos de fuera de sus respectivos ámbitos de competencia territorial, lo que hasta el momento les impedía reclamar su cobro".
El acuerdo facilitará el cobro de tributos, tasas o multas impagadas o cualquier otra deuda municipal que tenga pendientes todos los ciudadanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana, dado que hasta ahora las entidades locales no podían reclamarlas si pertenecían a residentes de fuera de su respectiva localidad.
La comisión de seguimiento contará con una composición paritaria de ocho personas: cuatro representantes de la AVT designados por su Consejo Rector --Sonia Díaz, Inmaculada Domínguez, David Duato y Francisco Javier Casas-- y otros tantos de las entidades locales designados por la FVMP: Vicent Gil, Lourdes Pozo, Julia Colomer y Pablo Ruíz.
Entre las funciones de este organismo está supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas. También informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución del convenio y proponer las correspondientes actualizaciones o modificaciones en las anualidades derivadas del retraso.
Para Vicent Soler, "la recaudación por parte de la ATV de deudas que los municipios tengan pendiente permitirá que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de su lugar de residencia, cumplan con sus responsabilidades fiscales y con las normas municipales y, además, que el dinero revierta en mejoras para cada municipio".
"Esta medida contribuye además a la construcción de una administración pública moderna que preste servicios a la ciudadanía con eficiencia, equidad y transparencia", ha añadido el conseller, que asegura que el "municipalismo que defiende la Generalitat es muy importante y con este convenio ganamos todos y todas". "Gana la Generalitat al contar con un instrumento eficaz, ganan los municipios porque harán caja con dinero que antes perdían y gana la ciudadanía porque hay igualdad de condiciones", ha recalcado.
Las entidades locales podrán adherirse voluntariamente y a título individual a este convenio marco de colaboración con la ATV y, como titular de la competencia recaudadora, decidir libremente qué deudas remite a la ATV para su gestión recaudatoria. En este caso, se entiende como entidad local tanto los municipios como los consorcios, las provincias, las mancomunidades, así como las áreas metropolitanas legalmente inscritas.
En concreto, la Agencia Tributaria será la encargada de autorizar las diligencias de embargo a realizar fuera del ámbito de actuación territorial de la respectiva entidad local; ordenar el levantamiento de embargos y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos de gestión recaudatoria.
Además, a través de este convenio las partes se comprometen a impulsar el uso común de plataformas de teleadministración, con la debida compatibilidad técnica y funcional entre las plataformas y sistemas, así como a la cesión, transferencia o compartición de los sistemas, aplicaciones o software utilizados para mejorar la eficacia y rapidez del proceso, evitar duplicidades y aumentar la garantía jurídica.
Igualmente, se busca impulsar el uso de la firma electrónica y de los servicios asociados a la misma como el pago de los tributos a través del certificado digital para facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el pago y gestión de estos, al tiempo que se reduce el uso de papel con una mayor garantía jurídica y mayor sostenibilidad.
