José María Corbín. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La jueza envía a prisión a José María Corbín, el cuñado de la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá, al que la UCO de la Guardia Civil acusa de delitos como cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Corbín ha pasado a las 16 horas a disposición judicial. El otro detenido, Diego Elum, quedó en libertad provisional sin fianza a primera hora de la noche. La magistrada le ha impuesto como medida cautelar comparecencias apud acta ante el juzgado cada quince días y la retirada del pasaporte.
El cuñado de la exalcaldesa fue detenido este martes junto a Elum por el supuesto cobro de comisiones a contratistas del Ayuntamiento durante la etapa de gobierno de Rita Barberá, en una operación denominada "Azud" y en la que también figuran como investigadas la mujer de Corbín y hermana de Rita Barberá, Asunción Barberá, y sus tres hijas.
Tanto Corbín como Diego Elum fueron trasladados sobre las cuatro de esta tarde a la Ciudad de la Justicia de València desde la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, donde permanecían desde este miércoles tras participar en los registros de sus domicilios y despachos. Elum quedó en libertad sin fianza y como medidas cautelares se le impusieron la retirada de pasaporte y la comparecencia quincenal ante el juzgado.
En ese cuartel de Patraix declaran durante esta jornada los empresarios Vicente Prieto (de Secopsa) y Carlos Turró (de Cleop), por su supuesta relación con este caso.
Secopsa, grupo formado a partir de la empresa Derribos Prieto, es una de las históricas contratas de obras del Ayuntamiento de València. La empresa de la familia Prieto fue adquirida en julio de 2015 -después de los presuntos hechos que se investigan- por el Grupo Gimeno.
Cleop, antigua concesionaria de la grúa municipal de València y contratista de obras del Consistorio, ya apareció involucrada en el caso Taula, hace tres años, cuando su presidente llegó a estar detenido. A día de hoy continúa imputado. Cleop fue concesionaria del servicio de grúas del Ayuntamiento de Valencia hasta 2014, a través de su filial Servicleop. La empresa y el Consistorio acabaron mal esta relación, tras lo cual el Ayuntamiento exigió a la empresa el pago de 1,9 millones de euros.
Los agentes de la UCO registraron el pasado martes la sede de la Central Operativa de Saneamiento, dependiente de la Concejalía del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de València y pidieron facturas relacionadas con Acciona, según fuentes municipales.
En la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia figuran como investigadas doce personas.
Entre las últimas actuaciones como abogado de Corbín está la defensa de la exsecretaria del grupo popular en el Ayuntamiento de València Mari Carmen García-Fuster, procesada en el marco de la investigación del caso Imelsa por blanqueo de capitales y delito electoral.
Pese a al dato lapidario que supone que habrían cobrado mordidas durante diez años, lo que dejaría una media de 400.000 euros al año, las mismas fuentes informan de que la investigación "está más que en 'pañales' y podría remontarse mucho más atrás". Sobre todo, si se tiene en cuenta la ingente cantidad de documentación encontrada en los registros practicados este martes y miércoles que ha sorprendido a los investigadores por su volumen.
En cuanto a la operación Azud, según las fuentes consultadas la misma nació a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria. Datos como el hecho de que Corbín cobrara 3.000 euros al mes por asesorar a la empresa pantalla (Laterne) del PP de Valencia no cuadraban. Junto a esto, otro de los puntales de la investigación fue la bajada 'sorpresiva' de facturación tanto del despacho de Corbín como del de su amigo y segundo detenido, Diego Elum, tras perder las elecciones Barberá. Un descenso de más de un millón de euros un año y de dos el segundo.
El sumario explica que ambos detenidos habrían mediado y, presuntamente, cobrado mordidas de los contratistas del consistorio. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la salida de Barberá del ayuntamiento la facturación de ambos despachos de desplomó como la bolsa en EEUU tras el crack del 29, lo que, junto a la denuncia, habría puesto sobre aviso a la UCO.
Por el momento, la única empresa que ha se conoce que es objeto de investigación es Acciona, que fue adjudicataria del contrato de control de la red de saneamiento en 2006, que incluye estaciones de bombeo, alcantarillas y la red de túneles de desagüe de Valencia. Los agentes pidieron todas las facturas relacionadas con los despachos de Corbín y Elud.
Este pasado miércoles, la UCO siguió realizando registros. Entre los más destacados estuvo el que llevaron a cabo en el chalé que José María Corbín tiene en Xàbia. Hasta allí se desplazaron los agentes junto al detenido a primera hora de la mañana. Cerca de dos horas estuvieron buscando pruebas para el caso.
