La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de València, Joan Ribó. Foto: VPVALÈNCIA. Continúa el tira y afloja entre el Gobierno y los ayuntamientos a cuenta del decreto que permitirá al Ejecutivo financiarse con los ahorros locales. Un texto que todavía requiere ratificación en el Congreso y que no cuenta con los apoyos suficientes tras el rechazo de las principales ciudades del país y de hasta 15 partidos. Por ello, el Ministerio de Hacienda que dirige la María Jesús Montero, intenta ahora enmendar la propuesta para convencer a los alcaldes y al resto de fuerzas políticas. Pero ni así parece conseguirlo: la rebelión municipalista continúa.
Según el decreto original, los ayuntamientos que deseen usar sus propios ahorros -amasados a la fuerza por las restricciones para la estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro- deberán entregarlos al completo al Gobierno central, que devolverá el 35% entre este año y el próximo, y el resto, hasta los próximos 15 años. Si el sumatorio de los ahorros de todos los ayuntamientos asciende a 14.000 millones de euros, el Gobierno devolvería 5.000 de ellos hasta 2021. Una medida que, ciertamente, servirá a La Moncloa para financiarse a lo largo de los próximos 15 años.
La falta de consenso en torno al texto -la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio luz verde sólo con el voto favorable de los alcaldes socialistas y el voto de calidad del presidente Abel Caballero- ha empujado a Montero a matizar la medida y a publicar este martes una resolución para especificar cuáles serán las condiciones de este préstamo. Así, como contraprestación por el préstamo realizado por cada consistorio, el Gobierno asumirá el pago de los intereses que las entidades locales abonan a los bancos por tener depositados sus remanentes.
En definitiva, los ayuntamientos que deseen hacer uso de sus remanentes, deberán hacer un préstamo al Ejecutivo central, que además de devolverlo en los plazos señalados, se hará cargo de los intereses que pagan los consistorios por guardar los ahorros. Concretamente, el Gobierno pagará un interés del 0,05%, lo que podrá ahorrar a los ayuntamientos unos 70 millones de euros aproximadamente.
Pero esto tampoco ha generado demasiado entusiasmo. Más bien, todo lo contrario. Para el alcalde de València, Joan Ribó, el ejecutivo de Pedro Sánchez continúa "queriendo apropiarse" de los ahorros de los municipios "sin una contrapartida atractiva a cambio" y sostiene que se trata de un "ataque a la autonomía municipal". "No nos convence", dijo el primer edil, para señalar que la idea de "optar a un reintegro a 15 años vista con un tipo de interés del 0,05% es irrisoria".
A su juicio, "los incumplimientos de diferentes ministerios con València durante décadas nos hacen dudar incluso de lo que pueda pasar en los 10 o 15 años en que el Ministerio de Hacienda prevé devolver lo recogido a los municipios. En el fondo, se trata de un ataque a la autonomía municipal". Y por ello el alcalde insiste en la reclamación original de los ayuntamientos: poder utilizar los ahorros libremente en los municipios: "Si la gestión del Ayuntamiento de València ha sido eficaz y hemos conseguido obtener un superávit, ¿por qué no podemos destinarlo a aquello que realmente es necesario en estos momentos?".
Por todo ello, sostiene que el Real Decreto del Ministerio de Hacienda "debería, al menos, mejorar". "Los municipios no debemos hacer seguidismo partidista en un asunto que afecta directamente a nuestras economías y a nuestra autonomía. Desde València haré todos los esfuerzos posibles para que el Ministerio reconsidere su posición en beneficio de la ciudadanía o, al menos, este Real Decreto se mejore".
El Partido Popular ya había anunciado que los ayuntamientos de su color no entregarán sus remanentes si finalmente el decreto sale adelante -huelga recordar que se trata de un mecanismo voluntario para los consistorios-. Pero este martes, tras conocer la nueva propuesta de montero, el Ayuntamiento de Madrid, que dirige el popular José Luis Martínez-Almeida, envió una carta al Gobierno para reiterar la petición hecha en varias ocasiones por los grandes consistorios: poder usar sus ahorros libremente. Una acción cosumada también por otras ciudades como Málaga o Valladolid.
Tampoco agradó la idea a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien pidió a Sánchez "rectificar sí o sí" al considerar el decreto "una falta de respeto e incomprensión hacia el municipalismo". "Es sencillamente inaceptable", dijo, porque "pretende que le entreguemos los ahorros que hemos hechos con la buena gestión de estos años para que él nos devuelva una pequeña parte". Criticó en este sentido que el Estado "haya podido ir a los mercados internacionales a financiarse", que las comunidades autónomas hayan tenido un fondo extraordinario y que deje a los ayuntamientos "atados de pies y manos".
Así, el Ministerio de Hacienda no ha conseguido aplacar la rebelión municipalista. Allí en Cataluña también, tanto la Associació Catalana de Municipis (ACM) como la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han impulsado una moción de rechazo y han instado a todos los alcaldes de la comunidad a aprobarla en sus respectivos entes locales. Incluso el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, pidió a las corporaciones un "cierre de cajas": "¿Qué es lo que no entiende el Estado de que los remanentes y superávits son de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos?".
Incluso Podemos Navarra se manifestó durante el martes para entonar el 'no' al decreto: "A pesar de ser voluntario, atenta contra la autonomía local en un momento en el que es imprescindible que se ese gasto se destine a la recuperación económica y social de nuestros municipios". La división regional de Podemos considera que el acuerdo alcanzado "no es suficiente, no puede entenderse como un punto final aunque haya mejorado algo la situación pues se flexibiliza la regla de gasto y así los ayuntamientos podrán seguir dando los servicios esenciales a sus vecinas y vecinos".
Actualmente, el decreto de los remanentes tiene en contra a una quincena de partidos del hemiciclo que suman 190 diputados de los 350: se trata de partidos tan dispares como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG o la CUP. Así pues, mucho le queda al Ejecutivo de Sánchez para recabar apoyos antes de llegar a la votación en el Congreso de los Diputados, que tendrá lugar en menos de un mes.
