VALÈNCIA. Las 43 cooperativas de crédito asociadas a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), entre las que se encuentran una docena de la Comunitat Valenciana, acabaron el pasado año con un incremento del número de empleados y socios. Todo un logro teniendo en cuenta que continúa el proceso de desapalancamiento bancario donde los despidos están a la orden del día. Así, a 31 de diciembre pasado -según el anuario de la Unacc de 2017- el número de empleados alcanzaba los 12.230, cierto es que solo siete más que un año antes pero acercándose cada vez más a los 12.263 del año 2014.
En cuanto a los socios, las cooperativas de crédito asociadas a la unión contaban con 1,50 millones al cierre de 2017, un 4% por encima de los 1,45 millones del ejercicio precedente. De esos 1,50 millones 6.827 eran cooperativas (+2,7%), 1,38 millones personas físicas (+4%) y casi 116.000 correspondía a personas jurídicas (+4%).
Lo que sí se dejó sentir entre el sector cooperativista fue el cierre de oficinas -tal y como sigue sucediendo en la banca-, dado que 59 sucursales bajaron la persiana, al pasar de las 3.303 hasta las 3.244; mientras el número de cajeros automáticos aumentó en casi un 4% desde los 3.554 hasta los 3.689.
Las 43 entidades integradas en la Unacc tenían activos por valor de 98.397 millones; créditos por un montante total de 55.197 millones; 6,4 millones de cuentas y fondos por 7.429 millones, siempre según la institución presidida por Manuel Ruiz, también presidente de la Caja Rural Central de Orihuela. Precisamente la cooperativa oriolana es una de las 10 de la Comunitat Valenciana, que forman parte de la Unacc, y se han asociado al margen de Cajamar a través de un mecanismo de protección institucional (MIB), tal y como avanzó este diario hace tres semanas.
El propio Ruiz manifestaba entonces a Valencia Plaza que "se trata de una tercera protección que van a tener los clientes y socios de las cajas rurales/cooperativas de crédito que han entrado a formar parte del Mecanismo de Protección Institucional (MIP) de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR). Es una tercera protección porque ya contaban con el de los recursos propios de cada entidad y el del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Es algo positivo y diferenciador porque le da un plus; tendremos lo mismo que los demás y un poco más: una tercera garantía adicional".
