Alfonso Rus y Marcos Benavent, en la primera sesión del juicio. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent se han vuelto a sentar este martes en el banquillo por un nuevo juicio del caso Taula. Se trata de la causa relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ para la empresa pública, que fue a parar a la empresa Servimun. La investigación apuntó a que se amañó el proceso y que la adjudicataria percibió de Imelsa 930.000 euros por ese contrato entre 2013 y 2016.
En esta pieza figuran un total de siete acusados –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. La Fiscalía pide 8 años de prisión para Rus, 4 años y medio para Benavent y 13 años para el exsuegro de este último, Mariano López –vinculado a Servimun, de donde habría percibido dinero a través de otra empresa–. Aunque inicialmente había ocho acusados, finalmente se ha sacado de la causa al que fuera administrador de Servimun, Fernando Palomares.
La jornada se este martes se ha dedicado a las cuestiones previas. Al igual que sucediera en el anterior juicio, el de los zombies de Imelsa y Ciegsa, las defensas han solicitado al tribunal la nulidad de todo el procedimiento al considerar ilegales las grabaciones realizadas por Benavent que dieron origen a la macrocausa de Taula. Los letrados consideran que se trata de una vulneración de derechos fundamentales. También han alegado defectos de forma durante la instrucción.
El primer abogado en intervenir ha sido el de Marcos Benavent, que también ha impugnado la prueba obtenida del despacho del exabogado de su cliente. El argumento de las nulidades ha sido compartido por el resto de defensas. El letrado de Alfonso Rus ha añadido que la entrega de los pendrives fue "ilícita", que no hubo cadena de custodia y que se ocultaron a las defensas diferentes informes, lo que "genera vulneración del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva".
Ambos abogados han destacado igualmente el retraso de seis meses del juez instructor en declarar la causa de Imelsa compleja, lo que consideran que invalida todas las diligencias practicadas posteriormente. Los letrados han reclamado a este respecto que se dejen fuera del procedimiento las diligencias que se practicaron una vez había caducado el plazo para declarar la causa compleja y su ampliación de la instrucción.
Por su parte, el letrado de Mariano López ha criticado que se ha vulnerado el derecho de su cliente a conocer la acusación que se vierte contra él. "Se abrió esta pieza hace siete años por una presunta adjudicación irregular y mi cliente no sabe qué ha hecho, cuándo, cómo y en qué momento", ha afirmado. Asimismo, ha reclamado que su representado declare al final del juicio pero el tribunal se lo ha denegado.
La Fiscalía ha expresado su oposición de todas estas peticiones y ha rechazado que exista vulneración de derechos fundamentales porque todas las declaraciones de los investigados se produjeron antes de que caducara el plazo para declarar la causa compleja. En este sentido, ha explicado que el fiscal pidió que la causa se declarase compleja en el plazo previsto en la ley, en el año 2016, y el juez instructor lo acordó en 2017, fuera de plazo, "pero tiene igual validez". Aunque se acordase después, ha dicho, no se anulan las diligencias practicadas, sino que se convalidan. En cuanto a los audios y grabaciones, ha afirmado que "carece de sentido" cuestionar su validez.
Por su parte, el tribunal ha señalado que todas las cuestiones previas se resolverán en la sentencia cuando se analice todo el material.
