Les Corts abandonan su labor de control al Consell

VALÈNCIA. La declaración del estado de alarma hace más de dos semanas y que se prorrogará al menos hasta el próximo 11 de abril hace más necesaria que nunca la labor de los parlamentos en una de las dos funciones que tienen encomendadas, la de control del poder Ejecutivo. La perentoria necesidad de actuar hace que los gobiernos, especialmente el español, pero también los autonómicos, actúen por la vía de urgencia mediante decretos y otras disposiciones no sometidas a control previo, tampoco en la contratación pública, pero eso no significa que los parlamentos no puedan actuar.

Lo contrario sería lo que ha ocurrido en Hungría, donde el Gobierno de Victor Orbán va a gobernar por decreto sin control parlamentario mientras dure el estado de alarma, lo que ha despertado críticas en toda Europa. En España, el Congreso de los Diputados se mantiene activo y ha celebrado varios debates y votaciones para convalidar las decisiones de Pedro Sánchez, así como comparecencias de ministros como el de Sanidad, Salvador Illa. Una labor dificultada por la imposición temporal de tiempo ilimitado para que el Gobierno dé respuesta a las preguntas de los grupos, lo que ha sido criticado por la oposición al considerarlo una limitación a la labor de control.

Les Corts han optado por un perfil mucho más bajo en lo que se refiere al control de Consell, que hace a la Cámara pasar prácticamente inadvertida. Desde el 12 de marzo en que se celebró un pleno monográfico sobre el coronavirus -dos días después de la suspensión de las Fallas y la Magdalena-, no se ha celebrado ningún pleno ni ninguna comparecencia de Ximo Puig o de la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Además, los grupos parlamentarios apenas han hecho uso de las preguntas por escrito, que es otro de los instrumentos habituales de control. 

Y no será porque no hay cosas que preguntar, como se demuestra en cada rueda de prensa que el president y la consellera dan por separado cada día: la gestión sanitaria, las compras y contratación, el cierre de los colegios y universidades, las oposiciones aplazadas, el coste económico del estado de alarma, las ayudas de la Generalitat a los afectados, los ERTE, la coordinación con el Gobierno central... Nadie del Consell ha comparecido en Les Corts, en Pleno o en comisión, para informar de todo esto.

Y es que la Cámara que preside Enric Morera está también en estado de alarma. Tras decretarse el confinamiento, la Mesa del Parlamento suspendió el periodo de sesiones aprobado para el primer semestre de 2020: no se celebrarían los plenos, ni tampoco las comisiones previstas. Mientras dure esta situación, la Diputación Permanente se encargaría de "velar por los poderes de la Cámara", según el acuerdo adoptado. La Diputación Permanente es un órgano compuesto por un total de 21 parlamentarios -de los 99 que hay en total- que se constituye para cumplir las funciones del Parlamento mientras se encuentra cerrado por si hubiera que tomar cualquier decisión de urgencia o aprobar algún decreto ley del Gobierno.

Ahora bien, para garantizar que todos los diputados pudieran presentar iniciativas que consideraran oportunas, la Cámara decidió mantener operativo el registro telemático. De lo contrario, los parlamentarios no podrían registrar preguntas escritas, una medida de control a la gestión Gobierno especialmente significativa ahora mismo. 

Sin embargo, a pesar de que el registro telemático se encuentra operativo desde el día 14 -según confirman fuentes del servicio jurídico-, la actividad parlamentaria se ha visto mermada hasta prácticamente caer en la parálisis. Y aunque es cierto que Les Corts no pueden operar con las mismas funciones que en una situación de normalidad, las cifras llaman especialmente la atención -y no para bien- en un contexto donde, dadas las circunstancias, el control al Gobierno es crucial. Más allá de que el president de la Generalitat, Ximo Puig, mantenga semanalmente una reunión por videoconferencia con los síndics de cada partido para informarles de la evolución de la situación.

De hecho, la cantidad de preguntas de control parlamentario que realizan las formaciones de la oposición en el Congreso de los Diputados al Gobierno de Pedro Sánchez se cuentan por centenares -solo el PP la semana pasada alcanzó las 500 iniciativas, entre ellas la creación de una comisión de seguimiento-, mientras que en Les Corts apenas llegan a las 20. También en la Cámara Baja se celebran plenos, a los que acuden un número de diputados limitado para guardar las distancias de seguridad.

Iniciativas de la oposición

Si se acude a la web de Les Corts Valencianes, entre el 14 de marzo y el 1 de abril tan solo aparecen doce preguntas escritas, y una petición de comparecencia, -además de la convalidación de un decreto ley por parte del Consell que obligatoriamente debe tramitar el Parlamento, y un escrito al president de Les Corts, Enric Morera, para que no se abone a los diputados la indemnización que reciben por acudir al Parlamento mientras dure el coronavirus-. Todas ellas, son propuestas de Ciudadanos y se registraron entre el 20 y 1 de abril. 

La petición de comparecencia la anunció el síndic del partido naranja, Toni Cantó, que quiere que se convoque la Diputación Permanente y proponer una reforma del Presupuesto de la Generalitat el objetivo de crear un fondo de contingencia de 3.000 millones de euros para luchar contra el coronavirus. Entre las propuestas que proponía el líder de Cs, se encontraba la reducción de los fondos de À Punt o prescindir de consellerias que se han mostrado "incompetentes" -a su juicio- durante esta crisis "como Transparencia, Vivienda o Innovación". 

Ahora bien, de la docena de preguntas tan solo tres tienen que ver con cuestiones relacionadas con la gestión del coronavirus: una versa sobre si la Conselleria de Vivienda que dirige Rubén Martínez Dalmau ha gestionado una solución habitacional a las víctimas de violencia machista tal y como ha hecho el Gobierno central con los alojamientos turísticos, y si es así, cuantas unidades; también preguntan si este departamento está trabajando conjuntamente con la Conselleria de Igualdad o cuenta con viviendas disponibles para víctimas que deben abandonar sus hogares durante esta crisis sanitaria; la tercera pregunta, dirigida a Presidencia de la Generalitat, se centra en un anuncio sobre la contratación a una agencia de comunicación para difundir medidas de autoprotección y precauciones a adoptar con el fin de evitar la transmisión del Covid-19 por un importe de 300.000 euros. 

En este sentido, fuentes de los servicios jurídicos de la Cámara advierten que no todas las iniciativas pueden consultarse de manera actualizada a través de la página web porque previamente deben pasar por una reunión de la Mesa de Les Corts hasta que se publican. Por lo que este diario ha consultado con todos los grupos parlamentarios cuál ha sido su actividad estas semanas. 

El PPCV, con 19 diputados, traslada a Valencia Plaza que tan solo ha registrado una iniciativa en la que sus diputados renuncian al incremento del 2% del sueldo que iban a empezar a cobrar estos meses. Un ritmo de actividad que difiere significativamente del que mantiene el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. 

Vox, por su parte, es el segundo partido, por detrás de Ciudadanos, que más solicitudes de documentación y preguntas de control parlamentario ha realizado al Gobierno para conocer cómo está gestionando esta crisis sanitaria que afecta a varios departamentos del Consell: un total de seis. Así, el partido que dirige Ana Vega en el Parlamento, solicitó el primer día un informe a la Conselleria de Sanidad sobre protocolos aplicados como consecuencia del primer contagio y fallecimiento por Covid-19; otro sobre el número de personas contagiadas del personal de limpieza de hospitales y centros sanitarios y en cuarentena por coronavirus en la que se especificara además la "provincia y nombre del centro sanitario"; una solicitud de documentación en la que se demandaba el pliego de condiciones de las contratas de limpieza; y dos proposiciones no de ley. 

La primera de ellas, instaba a la Conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra a realizar de manera "urgente las pruebas diagnósticas de la pandemia en las residencias de la tercera edad, tanto a residentes como a sanitarios"; "aislar a los positivos, de los mayores sanos"; "aumentar la protección de sanitarios con equipos de protección adecuados"; e "incorporar medios tecnológicos que permitieran la comunicación con sus seres queridos".  La segunda, instaba al Consell a realizar un análisis de las partidas del Presupuesto de 2020 y restar las subvenciones a patronal y sindicatos, así como la publicidad institucional, para destinarlo a "frenar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad empresarial" o "rebajar la carga fiscal de los ciudadanos". 

En total, entre todos los partidos de la oposición (47 diputados) habrían registrado 12 preguntas y una petición de comparecencia. Un escenario que dista significativamente de cómo funciona la Cámara Baja nacional, y también el Senado, donde los populares han registrado en torno a 160 preguntas escritas dirigidas al Gobierno. La sequía podría quizá venir motivada por la decisión de eliminar los plazos para responder, ya que en un periodo normal se fija una limitación de uno a tres meses, mientras que ahora esta franja se ha eliminado. Lo que permite al Gobierno contestar las preguntas planteadas dentro de, por ejemplo, un año. En cuyo caso, se perdería la utilidad de realizar pregunta. 

El Botànic II

Unides Podem, por su parte, defiende que los diputados están haciendo una labor explicativa a la ciudadanía y las medidas que se están adoptando desde el Gobierno valenciano a través de sus redes sociales, donde contestan respuestas que les hacen llegar los valencianos, por lo que están "en contacto constante con las consellerias"; mientras desde Compromís, explican, que se han centrado en lanzar campañas de proximidad a la ciudadanía. La semana pasada los valencianistas pusieron en marcha "la figura del representante de proximidad ante la crisis del Covid-19". Una iniciativa para crear una red de atención  en las 34 comarcas valencianas a través de sus diputados para "recoger las necesidades y demandas de los pueblos". La formación explica que, como grupo que apoya al Ejecutivo, ahora todas las preguntas que tienen sobre coronavirus las transmiten "directamente a los gabinetes de las consellerias". 

Tampoco los socialistas, grupo de Gobierno, han presentado ninguna iniciativa. Desde el PSPV explican que la labor de los diputados "se está centrando en contactos constantes con asociaciones, empresas, ayuntamientos o sindicatos para poder elaborar y coordinar las ideas más interesantes". "Evidentemente hay muchas iniciativas e ideas elaborándose, pero tienen que esperar su momento, que no es ahora. El periodo de sesiones está suspendido y presentar ahora una PNL no tiene mucho efectividad", añaden.