Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La tasa planteada por el Ayuntamiento de València para disuadir las denuncias falsas en la inspección municipal ha sido acogida de manera agridulce por las asociaciones de consumidores y la oposición municipal. En términos generales, si bien la idea de una nueva tasa por el servicio de inspección no entusiasma, las asociaciones exigen que de llevarse a cabo "no paguen justos por pecadores" y que el consistorio asegure que el cobro se produzca únicamente a aquellos que, según se haya constatado previamente, tengan mala fe en sus denuncias.
La medida está todavía en fase de estudio por parte de la concejalía de Actividades, que dirige Lucía Beamud, donde señalan que todavía no está elegida la fórmula concreta ni cómo se acabará aplicando. Por ahora, se trabaja en el anteproyecto de la ordenanza y, en todo caso, no se podrá aplicar durante la crisis derivada del coronavirus puesto que los acuerdos de reconstrucción aprobados por el consistorio impiden la creación de nuevos gravámenes y tasas.
En la Unión de Consumidores, el secretario general Vicente Inglada cree que "no debería tener que pagarse excepto en los casos en que se demuestre la mala fe" del denunciante. "Entendemos que algunas veces hay mala fe, pero esta la tiene que demostrar el propio Ayuntamiento. En este sentido, el ciudadano que denuncie de manera abusiva y se demuestre que no es cierto, se le puede imponer algún tipo de costa", explica Inglada, quien rechaza, por contra, "coartar desde el principio la libertad de denunciar" o cobrar en los casos en que no haya mala fe pese a verificarse que una denuncia no se cumple.
En esa línea, Inglada considera que a priori sería "una barbaridad" aplicar una tasa genérica a este servicio porque "no pueden pagar justos por pecadores" y porque en ese caso, "la tasa serviría para disuadir la libertad para denunciar situaciones abusivas". Sobre ello, el secretario general de la Unión de Consumidores avanza que, de aprobarse, la llevarán a instancias superiores como el Síndic de Greuges, e incide en que "el ciudadano no tiene por qué saber si la denuncia que está haciendo es correcta o no" y que, por ello, los vecinos deben tener "los mecanismos transparentes y gratuitos para preguntar y denunciar posibles cuestiones abusivas aunque tengamos dudas".
Por su parte, al presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), Fernando Móner, le parece "bien" solo en aquellas situaciones "donde se genera engaño" y no en aquellas donde se den "errores o malas informaciones". Así, Moner va en la línea de Inglada cuando señala que hay que "atar jurídicamente muy bien" esta tasa para las denuncias falsas y hay que constatar que "sea porque la persona iba con ese ánimo de engaño". Así, Móner pone en cuestión que "haya muchos casos como ese, pero si los hay no nos duelen las prendas en que se aplique esta tasa". Pero eso sí, recalca: "Debe verificarse la mala fe" y que "no paguen justos por pecadores.
A juicio de la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, esta tasa no debe crearse "con el afán recaudatorio del gobierno de Ribó y del PSPV, que ya ha subido el agua, el IBI y otras tasas", y no debe servir "para coartar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, San Segundo insiste en reclamar al gobierno municipal que "deje de hacer caja con los vecinos" y exige que no se haga ahora, "en un momento de tan grave crisis donde lo que se necesitan son ayudas y no más tasas".
Tampoco al portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, pareció gustarle demasiado la idea. "De entrada, no nos parece bien implantar nuevas tasas", explicó el edil a este diario. El motivo es que, subrayó, "no puedes penalizar el derecho de una persona a poner una denuncia. Es un derecho que tiene el ciudadano y no puedes castigarlo o disuadirlo de ese derecho bajo ningún concepto". Con todo, preguntado sobre la medida exclusivamente para aquellos casos donde se constate la mala fe, señaló que "todo en esta vida se puede dialogar".
