Los expertos del Consell proponen becas para que gente sin recursos pueda opositar

VALENCIA. Los expertos del Consell para la reforma de la Función Pública Valenciana han propuesto a la Generalitat iniciar un programa de ayudas o becas para fomentar la preparación de oposiciones con la finalidad de favorecer el acceso a la función pública de aquellos candidatos que, a pesar de tener un óptimo currículum necesario, puedan carecer de los recursos económicos para destinar varios meses o años de su vida a esa ocupación. 

Así lo explicaba este miércoles el presidente de la comisión, Miguel Sánchez Morón, en el Palau de la Generalitat. Una propuesta que ha quedado recogida en un informe que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado en el Palau de la Generalitat junto al comité de expertos al presidente de la Generalitat, Ximo Puig junto a otras 124 recomendaciones.

Sánchez lamentaba que uno de los problemas relativos al acceso al empleo público es el coste de la formación previa del aspirante, que se traslada íntegramente a quien oposita, algo que no ocurre con otros modelos como el alemán o el de los países nórdicos. Según se recoge en el informe, se trata de una medida correctora que amplía el espectro social de las personas que tienen oportunidad real de acceder a determinadas plazas, sobre todo en el subgrupo A1, que son aquellos a los que se exige titulación universitaria.

El propio Sánchez también apuntó a que son muchas las personas que no pueden permitirse, por ejemplo, no trabaLa fórmula sería otorgar una beca a los alumnos con mejor expediente que lo soliciten, previo compromiso del opositor de presentarse a las pruebas en un plazo máximo, superar al menos algún ejercicio y, en caso de obtener plaza, garantizar la permanencia en la función pública por un mínimo de tiempo no inferior a cinco años, obligándose en el caso contrario a la devolución de la ayuda recibida. 

Rebajar al máximo la libre designación

El presidente de la comisión también recogía la necesidad de minimizar el uso de la libre designación, figura por la que se suele designar, por ejemplo, a los gerentes de los hospitales públicos, y que tanta polémica causó con la consellera de Sanidad, Carmen Montón. En su  regulación actual, la  libre designación es una  fórmula  de provisión de puestos  de  trabajo  que  se  califica  como ordinaria. 

Sin embargo, como recoge el informe, "la situación no es la más acorde con la aplicación de los principios de mérito y capacidad en la provisión de puestos". "Debería considerar excepcional". Para ello, pide la acotación de los supuestos en que procede usarse esta figura con el fin de evitar el riesgo de arbitrariedad. De hecho, señala directamente a las jefaturas de servicio y secretaría de altos cargos y la necesidad de convocar concursos específicos, a excepción de que en alguna ocasión deban adjudicarse por libre designación. 

Proteger a quien denuncie la corrupción

Una medida novedosa incluida en el informe de los expertos para combatir la corrupción en el ámbito público consiste en establecer un régimen legal de protección de los empleados públicos que denuncien casos de esa naturaleza ('whistleblowers' en la terminología inglesa), al igual que se ha hecho ya en otros ordenamientos.  La garantía mínima es proteger la identidad de la persona que realiza una denuncia o alerta de una irregularidad, tanto para evitar que su actuación se divulgue públicamente como para ofrecerle confianza de que no sufrirá ningún tipo de represalias por parte de la administración o de sus superiores.

"Estos informes abren el camino para la nueva ley de Función Pública", apuntaba Bravo. "Van a sentar las bases de lo que será una administración moderna, eficaz, eficiente y transparente". Según apuntó la consellera, la intención es llevar el proyecto de la ley de Función Pública a Les Corts antes de terminar el año. 

En el Palau también se ha presentado el libro violeta de la Función Pública, un documento elaborado por expertas en el que se han detectado los problemas de las empleadas públicas. Según la presidenta de la comisión, Julia Sevilla, la actual ley de función pública viola hasta cien preceptos de la ley de igualdad de la Comunitat Valenciana.

Entre las propuestas está la composición equilibrada de las mujeres y hombres en los órganos ejecutivos, que la ordenación del personal evalúe su impacto o efecto en mujeres y hombres, el ejercicio de los derechos de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, permitiendo ventajas concretas que favorezcan la corresponsabilidad y la obligatoriedad de las seis primeras semanas de duración del permiso de paternidad.