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VALÈNCIA. Los casi 1.500 millones extra que la Comunitat Valenciana recibió en 2020 para luchar contra la pandemia no evitan que los valencianos repitan un año más entre los ciudadanos peor tratados por el sistema de financiación autonómica (SFA) junto a los habitantes de Murcia. En concreto, si a los recursos ordinarios del sistema de financiación se les suman los inyectados de forma excepcional para luchar contra la pandemia, los valencianos se quedan a 240 euros de la media y a 738 euros de los cántabros, los mejor tratados por el sistema.
El motivo, según explica el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en un informe en el que realiza una primera estimación sobre el sistema de financiación autonómica durante el año marcado por la pandemia, fueron los criterios aplicados por el Gobierno central para repartir entre las CCAA los casi 15.000 millones del llamado Fondo Covid.
Este fondo, del que la Comunitat recibió 1.485 millones, se destinó a gastos extraordinarios en sanidad, educación y transporte generados por la pandemia, pero incluía también un cuarto tramo no ligado a las urgencias sanitarias para compensar la caída de ingresos tributarios prevista por la crisis económica derivada de la sanitaria.
Al optar por este criterio, según el experto de Fedea, el Gobierno trató de preservar el statu quo vigente en el actual sistema de financiación, de ahí que incluso siendo la Comunitat Valenciana una de las regiones que más transferencias extra recibió, estas apenas representasen el equivalente al 93,5% de la media en recursos totales por habitante.
Por ello, de cara a 2021, De la Fuente realiza una propuesta que consistiría en que una parte de los 13.486 millones de euros que el Gobierno ha previsto repartir este año entre las CCAA se asigne según criterios de "nivelación". Esto es, teniendo en cuenta que la reforma definitiva del sistema de financiación autonómica aún parece lejana, el informe propone aplicar en el reparto de los fondos covid criterios que permitieran a las regiones peor tratadas por el modelo, como la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, aproximarse a la media.
La conversión del último tramo del Fondo Covid-19 en un fondo de nivelación de esas características habría reducido nada menos que un tercio la desigualdad entre CCAA en términos de financiación por habitante ajustado, "lo que sería especialmente deseable en momentos como el actual, de crisis sanitaria, económica y social", abunda el experto.
Ese fondo de nivelación, que De la Fuente ya propuso como una suerte de minirreforma del sistema de financiación, complementaría los ingresos de aquellas comunidades que, como la valenciana, estén por debajo de la media en financiación por habitante ajustado. Sus recursos se desembolsarían de forma inmediata en forma de entregas a cuenta del SFA y se liquidaría junto con el resto del sistema a los dos años, con los datos definitivos de recaudación tributaria.
Repartir el fondo covid con criterios de nivelación, como propone De La Fuente, reportaría 1.179 millones a la Comunitat
En el caso de la Comunitat, el hipotético Fondo Complementario de Nivelación (FCN) que propone De la Fuente supondría la llegada de 1.179 millones de euros extra, el 28,1% de los 4.200 millones en total a repartir entre el conjunto de CCAA de régimen común.
Al respecto, la Conselleria de Hacienda destacó este lunes que la propuesta de Fedea va en la misma línea que su aspiración de lograr, mientras la Comunitat se mantenga infrafinanciada por la reforma pendiente del actual sistema de financiación, se habilite un fondo de nivelación transitorio en la transferencia Covid 2021.
De hecho, siguiendo la misma metodología que Fedea, el departamento que dirige Vicent Soler asegura que, teniendo en cuenta la población total en lugar de la población ajustada, la Comunitat Valenciana debería recibir 1.370 millones adicionales de ese fondo de nivelación.
Por otro lado, el experto advierte de que la decisión del Gobierno de asumir en primera instancia todo el impacto financiero de la crisis, manteniendo unas entregas a cuenta a las CCAA basadas en previsiones anteriores a la llegada de la pandemia y aportándoles fondos extraordinarios no reembolsables, les ha permitido ir más desahogadas en 2020, pero se volverá en su contra el próximo año a menos que el Ejecutivo aplique medidas para evitar que las comunidades tengan que devolver nada menos que 3.000 millones de euros al Estado.
Pese al descenso de la recaudación tributaria, todas las CCAA han contado con muchos más recursos que en 2018, hasta un 18,7% más teniendo en cuenta las transferencias ordinarias a cargo del SFA y las partidas destinadas a hacer frente a los gastos extraordinarios en sanidad, educación y transporte generados por la pandemia.
Cuando el próximo año llegue el momento de la liquidación definitiva de 2020 y sí se tengan en cuenta la caída de los ingresos tributarios causada por la pandemia, la financiación definitiva se reducirá apreciablemente respecto a 2018. En el caso de la Comunitat Valenciana, los cálculos de Ángel de la Fuente apuntan a que podría recibir 1.169 millones de euros menos de los que recibió con la liquidación definitiva del ejercicio 2018 (ingresada en 2020).
La liquidación surge de restar las entregas a cuenta que el Estado realiza a las CCAA sobre las estimaciones de recaudación que realmente se hace efectiva, que se conoce dos años después. De ahí que el conjunto de las CCAA vaya a tener que reembolsar unos 3.000 millones de euros cuando se practique la liquidación de 2020 por la decisión del Gobierno de ignorar el impacto de la crisis en el cálculo de las entregas a cuenta.
Para la Comunitat Valenciana, el saldo previsto de la liquidación de 2020 es de 656 millones de euros, siendo una de las pocas autonomías en las que, con todo, las entregas a cuenta aún estarían por debajo de los ingresos reales del sistema. Excepto Baleares e Islas Canarias, el resto de CCAA tendría que devolver dinero al Estado.
La Conselleria de Hacienda reconoce que la liquidación definitiva de 2020 supondrá una reducción de ingresos, por lo que considera "fundamental" que el Gobierno habilite mecanismos que minimicen el impacto en las cuentas autonómicas y que no implique una reducción de los recursos destinados al pago de servicios fundamentales.
"Será clave que el Gobierno nos permita a las autonomías ampliar el objetivo de déficit autorizado para el ejercicio 2022 en la cuantía correspondiente a la reducción de ingresos, lo que al menos nos permitirá a las autonomías endeudarnos por ese valor para seguir manteniendo el mismo nivel de gasto, ya que no contemplamos ningún otro escenario", considera la Conselleria de Hacienda.