Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La victoria electoral del PP en la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de València en las elecciones autonómicas y municipales de este pasado domingo implicará la puesta en marcha de un nuevo proyecto político en la región. Una nueva gestión con significativos cambios en materia de vivienda, una de las grandes protagonistas de la campaña electoral por la emergencia habitacional que afecta a la mayoría de ciudades españolas. Ahora, con Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana se abre un nuevo tiempo y otra forma de articular los ejes sobre los que pivotará la gestión en esta materia.
Una de las principales novedades será, a priori, la eliminación de la Conselleria de Vivienda, que durante los últimos cuatro años ha estado en manos de Unidas Podem. De hecho, fue un departamento que se creó ad hoc en el segundo Botànic para integrar a la formación morada en el Consell, primero con Rubén Martínez Dalmau al frente y, en los últimos años, con Héctor Illueca. Su creación fue, de hecho, una de las exigencias de la formación durante las negociaciones para reeditar un segundo gobierno progresista en la autonomía valenciana.
No obstante, 'los populares' ya han dejado claro en varias ocasiones su voluntad de adelgazar la Administración Valenciana y Vivienda será una de las Consellerias que borrarán del organigrama de la Generalitat Valenciana. De hecho, así lo recoge el programa electoral del PPCV y lo ha manifestado públicamente Mazón en varias intervenciones, por lo que en un principio estas competencias serán una pata de una Conselleria. Lo más probables es que sea Infraestructuras, ya que históricamente ha incluido estas políticas a excepción de los últimos cuatro años cuando se 'independizó'.
Por otro lado, el PP ha mostrado su profundo rechazo a la recién aprobada Ley de la Vivienda del Gobierno, que incluye el control de los precios de los alquileres, y cuya aplicación queda en manos de las autonomías que son las que tienen competencia en esta materia. En concreto, el texto incluye como medida 'estrella' ese control de los alquileres, pero también rebaja la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos e impide a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo.
El propio presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la norma asegurando que no resuelve el problema de la okupación ni el alza de los precios y varias comunidades gestionadas por el partido conservador como la de Madrid ya han avisado de que no la van a aplicar. Por tanto, lo más previsible es que el nuevo gobierno valenciano también se oponga a topar los precios en la Comunitat Valenciana y a cumplir con el resto de apartados que regula la norma.
Pero, además, y en base a las propuestas que incluía el programa electoral con el que concurrió a los comicios de este pasado domingo en la autonomía valenciana, el PPCV pondrá en marcha un plan de ayudas dirigido a los más jóvenes para favorecer la compra de una vivienda, así como rebajará el impuesto de Transmisiones y pondrá en marcha un nuevo plan para movilizar suelo y ampliar el parque público, entre otras cuestiones.
En concreto, y siempre según su programa, se activará un Plan de Vivienda Joven con ayudas dirigidas a jóvenes menores de 35 años para la cobertura mediante avales que cubran el 100% del préstamo hipotecario, de forma que el aval se sume al 80% que conceden los bancos en la compra de primeras viviendas y daremos ayudas directas para gastos de tramitación de hasta 2.000 euros. De otro lado, se habilitarán ayudas destinadas a jóvenes menores de 35 años para la rehabilitación integral o construcción de su primera vivienda mediante avales que cubran el 100% del préstamo hipotecario, de forma que el aval se sume al 80% que conceden los bancos.
Asimismo, se rebajará el Impuesto de Transmisiones, a un tipo superreducido del 3%, para la compra de vivienda de jóvenes menores de 35 años, familias numerosas, personas con discapacidad, municipios en riesgo de despoblación y víctimas de violencia de género. También, disminuirá del 10% al 3% el impuesto de vivienda a todas las rentas inferiores a 30.000 euros anuales.
En contratos de alquiler de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años, el PPCV incluye entre sus propuestas la promoción de la contratación de un seguro de impago de renta hasta dos años. También, prometió aumentar la aportación de la Generalitat para ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes, estableciendo convocatorias diferenciadas y con características propias.
En cuanto a la ampliación del parque público, se fijó la puesta en marcha de un concurso similar al que lanzó el Consell del Botànic para la cesión de suelos públicos a promotores para levantar inmuebles en régimen de alquiler asequible. Una fórmula, a través de la colaboración público-privada, para ofrecer al sector privado terrenos públicos en los que construir 3.000 viviendas de alquiler para jóvenes, mayores y familias.
Además, fomentará convenios en suelos públicos municipales para la construcción de vivienda protegida y de alquiler a través de colaboración público-privada y, especialmente, mediante la modalidad de cambio de solar por obra, de forma que los ayuntamientos reciban viviendas públicas y bajos para usos sociales.
Aunque hace solo unas semanas que la actual Generalitat Valenciana aprobó el decreto para reactivar la vivienda protegida en la autonomía a través de la actualización del precio de los módulos y la eliminación de las zonas geográficas, que diferenciaban el valor en función de municipios, el PP pretende volver a cambiar la norma para construir 10.000 nuevas VPO en la región. "Modificaremos los módulos actuales para facilitar la calificación y promoción de 10.000 nuevas viviendas protegidas, y restableceremos las ayudas a la promoción de vivienda protegida y vivienda de alquiler", señala su programa.
También, promete finalizar las promociones de viviendas protegidas que hayan quedado inacabadas y luchar contra la ocupación ilegal en el parque público de la Generalitat, así como movilizar los inmuebles vacíos de titularidad pública y que están pendientes de reparaciones o rehabilitaciones.
Además, el PPCV aboga por estableceremos una nueva regulación sobre las situaciones en las que es beneficioso para el interés general un cambio de usos del suelo de inmuebles vacíos y no residenciales situados en cascos y entornos urbanos y asegura que incrementará las partidas presupuestarias para beneficiar a más familias con ayudas para el alquiler de viviendas en el marco del convenio del Plan Estatal de la Vivienda, entre otras cuestiones.
