Los trece acusados de fraude en el 'caso Metrored' salen absueltos por falta de pruebas

VALÈNCIA. El Juzgado de lo Penal número 17 de Valencia ha absuelto por falta de pruebas a los trece antiguos miembros del consejo de administración y directivos de la empresa Metrored o administradores de otras mercantiles que estaban acusados de defraudar unos 7,7 millones de euros a la Hacienda Pública entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2008.

Entre los acusados están el exconseller de Obras Públicas y exalcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena; el presidente de Cleop, Carlos Turró -imputado también en el caso Imelsa-, el naranjero José Luis Martinavarro o el azulejero Rafael J. Benavent, de la familia fundadora de Keraben.

Junto a ellos, los miembros del consejo de administración Reyes Ballester, Jorge Sanz y Ana Patricia Barreda; los apoderados de la empresa Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera y Ramón Gregori; el administrador de Dania Servicios Telefónicos Pedro Obrador, y el titular del local que figuraba como domicilio social de Dania, Pedro Estupiñán.

La sentencia, notificada este viernes a las partes, puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en un comunicado, el juicio por estos hechos se celebró en 17 sesiones entre los días 21 de octubre y 18 de noviembre del pasado año. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en la causa, solicitaron para 12 de los encausados -retiraron los cargos para el decimotercero- penas de entre un año y tres meses y 20 años de prisión por cuatro delitos fiscales.

La magistrada considera que no ha quedado acreditado que los consejeros de Metrored, que tenía como objeto social, entre otros, la venta de minutos telefónicos, facturaran a sabiendas sin IVA operaciones y servicios que debían estar sujetos a ese impuesto.

Así, no se ha probado que los clientes a los que giraron esas facturas hubieran fijado de forma ficticia su domicilio a efectos fiscales en Canarias y operaran realmente en el territorio de aplicación del impuesto (TAI). Y aunque así fuera, tampoco consta que los responsables de Metrored, extinguida actualmente tras un procedimiento concursal, fueran conscientes de ello.

"No puede entenderse que el deber de auxilio de los retenedores del IVA como colaboradores de la AEAT tenga que traducirse en la necesidad de que estos investiguen, más allá de lo razonable, que los datos que facilitan sus clientes son o no reales", razona la juzgadora, pues eso equivaldría a que esos colaboradores actuaran "como verdaderos inspectores de Hacienda".

En cuanto al segundo mecanismo defraudatorio relatado por las acusaciones, el fallo establece igualmente la ausencia de pruebas suficientes para sostener que Metrored eludió el pago del IVA facturando parte de los servicios propios de su objeto social, la venta de minutos telefónicos, a empresas radicadas en el TAI a través de una sociedad "pantalla", sin estructura propia y domiciliada de forma ficticia en Canarias.