Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El abogado y exportavoz del PSPV en Les Corts Manolo Mata ha presentado este miércoles su informe de conclusiones durante la última sesión del juicio del caso Alquería, que apunta a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por siete contratos irregulares en la empresa pública Divalterra que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís.
El letrado ha vuelto a adoptar un estilo similar al de su primera intervención, con una reflexión global sobre una causa que cree que "se ha montado por algo que no existe". "Se está enjuiciando un desconocimiento de las leyes administrativas, de la política y de cómo funciona la vida", ha afirmado.
Mata ha defendido las empresas públicas y ha remarcado que Imelsa-Divalterra eran medio propio de la Diputación de Valencia, "un procedimiento para hacer política". También ha hecho hincapié en que la clave de bóveda de este asunto "no es la jurisdicción laboral" y que el fiscal en su informe citó 20 sentencias del Tribunal Supremo, toda del ámbito de lo Social, pero ninguna penal.
"El Supremo dice que los cargos directivos son de libre designación, por mérito y capacidad, pero sobre todo por idoneidad. En una empresa pública se elige a quien se considera oportuno y está abierta la vía de lo contencioso-administrativo si alguien quiere cuestionar la idoneidad. No hay ninguna sentencia laboral que hable de publicidad y concurrencia, y casi ninguna de mérito y capacidad, porque la legislación laboral analiza despidos, no cómo alguien entra a trabajar en un sitio", ha argumentado.
Mata ha mencionado el decreto autonómico de 2015 que define el personal directivo: el que, actuando bajo la dependencia de los órganos de dirección de un ente, ejerzan funciones separadas con autonomía y responsabilidad. Algo que cree que se ha cumplido en el caso de Divalterra y que "alguien muy listo" dio cobertura legal a las contrataciones.
El tipo de contrato que se firma, ha añadido, es "el mejor para la empresa". Y, en su opinión, los correos de exjefe jurídico de la empresa, José Luis Vera, "han desaparecido". "Yo pongo la mano en el fuego de que no nos darán traslado de todos los correos del señor Vera en otra causa (en referencia a la de Azud) porque ahí se comprobaría cómo se preparó este montaje y los correos con el fiscal", ha apuntado.
El letrado ha indicado que "los partidos no expolian, sino que son la garantía del sistema". Y ha criticado algunas investigaciones sobre corrupción. "Nos da la sensación de que la Comunitat Valenciana, entre 2015 y 2019, ha sido un experimento de un fiscal. Ha pasado en Taula, en Azud y en Erial. En un caso son denuncias anónimas, en otro los papelitos del sirio, y aquí no sabemos qué se le iluminó a los denunciantes para presentar esta querella", ha dicho.
Mata ha denunciado la "vulneración absoluta del derecho de defensa con pruebas capadas", que se ha producido una "investigación prospectiva" y que "la policía no puede tener atajos". "Aquí no estamos hablando de hallazgos casuales, sino de una pesca selectiva además con esa mirada sucia de que todo en política es corrupción", ha comentado.