Miedo en València a las expropiaciones millonarias: "Es un problema para muchos ayuntamientos"

VALÈNCIA. La justicia estudia si son inconstitucionales las sucesivas prórrogas aprobadas por las Cortes Valencianas para que los ayuntamientos no tengan que hacer frente a expropiaciones a las que están obligados. Si finalmente el Tribunal Constitucional falla en favor de los propietarios, los municipios pueden verse en serios "problemas", como admitió este miércoles la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

Ciertamente, los gastos a los que están expuestos ahora mismo numerosos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana no son pocos. Los consistorios han de expropiar los suelos donde se vayan a ubicar, según los planes urbanísticos, dotaciones o espacios públicos. Y los propietarios de esos suelos pueden reclamar la expropiación tras cinco años desde la aprobación de los planes. Pero desde 2016, la administración no lo permite.

Aquel año, y ante los elevados costes que estaban suponiendo las expropiaciones derivadas de planes urbanísticos de la burbuja inmobiliaria, les Corts suspendió temporalmente las reclamaciones de los propietarios privados. Veto que se ha ido prorrogando hasta ahora, por lo que los propietarios de suelo han llegado hasta el Constitucional para acabar con esta situación y conseguir que se les expropie e indemnice, como adelantó Valencia Plaza.

Por ello, Gómez, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València y encargada precisamente del área de Urbanismo, mostró su preocupación por las consecuencias que puede tener este proceso: un aluvión de expropiaciones que se han ido retrasando pero a las que tiene que hacer frente no solo el consistorio del Cap i Casal, sino muchos otros del territorio valenciano.

En ese sentido, la edil reclamó al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana que revisen los precios que se aplican a estas indemnizaciones: "Tenemos que hacer una reflexión sobre cómo calculamos determinadas expropiaciones porque el resultado final es que las indemnizaciones acaban siendo millonarias", aseguró: "Tiene que haber una reevaluación del precio del metro cuadrado", exigió. Si no, dijo, será un problema no sólo para València sino "para muchos ayuntamientos" valencianos.

Así, Gómez dijo entender que los propietarios "no pueden ver limitado su derecho a ser expropiados", pero insistió en que se debe abrir el melón en el método de cálculo de estas expropiaciones. "Tenemos casos de parcelas pequeñas que han tenido indemnizaciones millonarias, que han llegado a 10 millones de euros, en zonas donde nadie sacaría ese beneficio".

Un 4,7% del presupuesto en 2016

¿Cuánto dinero podría suponer esto a las arcas públicas del Ayuntamiento de València? Lo cierto es que es complicado cuantificar el coste total de las expropiaciones rogadas que no se han ejecutado hasta el momento, puesto que los precios totales a desembolsar por cada terreno se fijan una vez iniciado el proceso de expropiación, explican fuentes municipales. Ahora bien, hay datos de años previos que pueden servir como referencia.

El último dato que se tiene de València ciudad puede dar una idea de lo que supone. En 2016, la factura de la desidia costó al consistorio del Cap i Casal más de 40 millones de euros, un 4,7% del presupuesto total del ayuntamiento. Y la medida permitió ahorrar otros 60 u 80 millones en los dos años siguientes. De hecho, precisamente el elevado coste que estaban suponiendo al Ayuntamiento de València las indemnizaciones fue uno de los motivos por los que los partidos introdujeron las sucesivas moratorias en el parlamento valenciano.

Elevada probabilidad de que ocurra

A finales de julio, el doctor en Derecho y profesor del departamento de Urbanismo en la Universitat Politécnica de València (UPV), Jorge Hervás, publicó un análisis en El Consultor Urbanístico donde concluyó que es "más que probable" que se acaben declarando inconstitucionales las moratorias en cadena y que eso puede provocar "graves consecuencias financieras en los presupuestos municipales", que han tenido seis años para "corregir y poner en orden" sus respectivos planeamientos.

Como avanzadilla de lo que finalmente puede fallar el Tribunal Constitucional, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) -que elevó al TC el caso en cuestión- sí considera inconstitucionales los sucesivos aplazamientos aprobados por Les Corts, como publicó este diario, al considerar que violan "la seguridad jurídica que precisamente se quiere garantizar" con la figura de las expropiaciones rogadas -el derecho de los propietarios a reclamar la expropiación-. 

Con ello, según el TSJ, "se consolida en el tiempo un elemento suspensivo del ejercicio de sus derechos que, en principio, estaba llamado a ser meramente coyuntural". Pero el cual, ahora, introduce "un panorama confuso caracterizado por la incertidumbre e impredictibilidad de las consecuencias jurídicas". La propia Abogacía del Estado se pronuncia también en este mismo sentido en lo relativo a las últimas suspensiones.