El diputado Miguel Domínguez. Foto: MARGA FERRER. VALÈNCIA. El diputado Miguel Domínguez pidió la pasada semana a la Mesa de Les Corts Valencianes que la institución se haga cargo de su cotización a la Seguridad Social hasta el mes de octubre para poder cobrar su pensión de jubilación. El diputado prevé jubilarse entonces, a sus 65 años y ocho meses, tal y como marca la normativa estatal. Pero al acabar la legislatura en primavera, no podría cotizar hasta esa fecha. De ahí la petición.
Según la regulación del parlamento autonómico, los diputados cotizan por su trabajo parlamentario hasta la constitución de la nueva cámara, que según los plazos marcados a partir de la convocatoria electoral, se prevé en mayo. Así pues, si Les Corts no cotizan por él los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, Domínguez no tendría derecho a percibir la pensión correspondiente.
Huelga decir que la petición del parlamentario no es descabellada: está contemplada en la legislación. A los diputados se les aplica un convenio que Les Corts suscribieron con la Seguridad Social a finales de los años noventa y que incluye el régimen de cotización, entre otras consideraciones.
En él se incluye la posibilidad de prorrogarlo para aquellos miembros cuando se cumplan dos condiciones indispensables: que tengan cumplidos los 55 años y que hayan ocupado un escaño al menos durante dos legislaturas. Y la prórroga se puede fijar "durante el tiempo que sea necesario para que aquéllos completen el período mínimo de cotización exigido" para optar a una pensión de jubilación.
Si bien Domínguez cumple el requisito de la edad, sólo ha sido diputado autonómico una legislatura. Por ello, cabe la posibilidad de que la Mesa de Les Corts, que tendrá la última palabra para resolver si su señoría cumple con las condiciones o no, podría encontrar algún reparo a la hora de acceder o no a la petición.
Domínguez fue nombrado diputado autonómico del Partido Popular en 2015, cuando entró en sustitución de Juan Carlos Moragues, nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat. Formó parte del grupo parlamentario popular hasta octubre de 2016, cuando abandonó el partido y pasó a formar parte del grupo de No Adscritos de Les Corts porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) abrió una causa contra él por presunto blanqueo de capitales en el caso Imelsa. Finalmente fue archivada.
