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Ofensiva en el Senado para cambiar la definición de productor independiente, que requiere el apoyo del PP

El PSOE asegura que no está negociando este punto de la Ley Audiovisual, que se debate mañana y suscita el rechazo del sector del cine

14/06/2022 - 

VALÈNCIA (EP). Un total de ocho partidos de distinto signo político han presentado en el Senado enmiendas al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que se debate este miércoles en la Cámara Alta, con el objetivo de modificar la polémica definición de productor independiente.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press aseguran que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado "no está negociando en ese sentido", mientras que el 'popular', que no ha registrado ninguna enmienda al proyecto, está "trabajando en ello". De este modo, el cambio solo podría salir adelante con el apoyo del Partido Popular (PP).

En todo caso, fue precisamente la abstención del PP en el último minuto la que permitió al Gobierno sacar adelante el proyecto de Ley Audiovisual en el Congreso sin modificar esta definición, que mantiene en pie de guerra al sector del cine español. Entonces el texto fue aprobado gracias a la abstención de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos --incluidos los miembros del Gobierno Yolanda Díaz, Irene Montero Ione Belarra y Alberto Garzón--, y los votos a favor del PSOE, PNV, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria. En cambio, votaron en contra Navarra Suma, CUP, EH Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y VOX.

En este sentido, fuentes del PNV en el Senado adelantan a Europa Press que, como ya hicieron en el trámite del Congreso, votarán "a favor de todas las enmiendas para que el artículo vuelva a su redacción original, eludiendo la enmienda 'técnica' que introdujo el Grupo Socialista".

En el caso de Junts, que ha presentado una enmienda conjunta con EH Bildu, Geroa Bai y Teruel Existe, señalan que "se está negociando todo". Los senadores nacionalistas han presentado 60 enmiendas para preservar las competencias que tienen las comunidades autónomas en este ámbito; las cuotas de las lenguas cooficiales; el productor independiente; la protección a los menores de 18 años y la defensa del papel de la mujer, entre otras.

Será la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Senado la que debatirá y votará este miércoles la Ponencia y el Dictamen sobre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA). Los senadores decidirán si incluyen o no las seis nueva enmiendas a la polémica definición de productor independiente, que el PSOE incorporó en el trámite de Ponencia del Congreso y ha causado el rechazo de los productores independientes.

Con el cambio del PSOE, "se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual" y "a cambio de una contraprestación los pone a disposición de 'dicho' prestador del servicio de comunicación audiovisual".

A esta redacción, EH Bildu, Geroa Bai, Junts per Cataluña y Teruel Existe de forma conjunta; y Compromís; de nuevo Geroa Bai; Más Madrid; Coalición Canaria; y VOX han presentado media docena de enmiendas para sustituir el término 'dicho' por 'un'. Para estos partidos, las modificaciones que se hicieron al proyecto de Ley en el trámite del Congreso introdujeron un cambio "que es muy lesivo para el sector ya que promueve e incentiva la concentración del negocio de la producción, laminando y afectando muy negativamente a los pequeños productores sin vinculación a grupos empresariales mayoritarios".

Los productores entienden que se les está pidiendo "un acto de fe" en relación a posibles cambios en el texto, sin descartar el ir a Bruselas en caso de que no se consigan, mientras que el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha emplazado al sector a la futura Ley del Cine para "mejorar aquellos elementos" que ahora están en el punto de mira.

Tras su paso por el Congreso, ahora es la Cámara Alta la que tiene que tramitar el texto por procedimiento de urgencia. El pasado mes de mayo la Comisión Europea informó sobre su decisión de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a España y otros cuatro Estados miembro por no cumplir con la obligación de trasladar a sus legislaciones nacionales antes de septiembre de 2020 la revisión de la directiva de servicios de comunicación audiovisual, un retraso por el que Bruselas reclama sanciones financieras contra los incumplidores.

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