Pablo Iglesias junto a representantes de Podem. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El horizonte de unas nuevas elecciones generales está cada vez más cerca. El desacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sigue sin resolverse en Madrid, los días siguen transcurriendo y el calendario se acerca a la fecha límite del 23 septiembre para investir al socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. De no haber pacto, el país deberá volver a acudir a las urnas el 10 de noviembre.
Una situación de la que Podem no quiere oír ni hablar. Tanto es así, que ya hay diferentes voces en las filas moradas de la organización valenciana que plantean que su líder, Pablo Iglesias, debería investir a Sánchez y ejercer un papel fiscalizador desde el Congreso de los Diputados. Es decir, copiar a imagen y semejanza el modelo que durante la legislatura pasada tuvo el Consell del Botànic, con Podem de socio parlamentario pero fuera del Ejecutivo para controlar la acción de gobierno.
Un anhelo que hizo público este fin de semana la exdiputada de Podem, Fabiola Meco, a través de sus redes sociales pero que se encargaron de respaldar distintos miembros de la formación morada este lunes al ser consultados por Valencia Plaza. Temen que esta nueva cita electoral desmovilice a los votantes o en su defecto permita al "bloque de derechas sumar para gobernar en coalición". Pero no solo eso, también recelan de que el exdirigente Iñigo Errejón termine registrando una marca propia para las elecciones generales y "acabe dividiendo el voto de Podemos".
Un escenario que terminaría mermando la representación de los morados en el Congreso de los Diputados, quienes ya perdieron 29 escaños en estos comicios respecto a 2016.
Aunque la posición no es unánime en Podem, esta guerra de nervios que comienza a extenderse en las filas moradas más allá de la frontera de Madrid ya sirve a PP y Ciudadanos para mover ficha y tratar de colarse en un "relato" que durante días han monopolizado dos partidos -PSOE y Unidas Podemos-.
El propio Albert Rivera lanzó un órdago a Sánchez este lunes al proponer al presidente del PP, Pablo Casado, que ambos partidos se abstengan para facilitar la investidura del socialista como presidente del Gobierno a cambio de que el líder del PSOE asuma tres compromisos relativos a Navarra, Cataluña y la economía española.
Estos tres condicionantes serían que el presidente en funciones acepte un Gobierno "constitucionalista en Navarra"; la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el caso de que Quim Torra no acate la sentencia del procés y rechace indultar a los líderes independentistas que sean condenados; así como no subir los impuestos ni la cuota de los autonómos. Un ofrecimiento que Casado aceptó y que Sánchez de inmediato rechazó.
Una oferta -la de Rivera- que cabría leer teniendo en cuenta los estudios demoscópicos actuales. Según las encuestas publicadas en las últimas semanas -desde la realizada por Gad3 para ABC hasta la llevada a cabo por Sigma Dos para El Mundo o DYM para El Independiente-, Ciudadanos perdería una importante representación en la Cámara Baja si se volvieran a celebrar elecciones generales situándose en una horquilla de entre 35 y 45 escaños; muy lejos de los 57 obtenidos en abril.
La maniobra, por tanto, buscaría sortear esta cita en las urnas a pesar de las reticencias que los naranjas mostraron en campaña electoral a pactar con Sánchez. Pero también, si finalmente esto fuera inevitable, un cambio de rumbo para más tarde poder ofrecerse como posible socio a los socialistas tras la cada vez más probable cita en las urnas.
