VALÈNCIA. Al inicio de la presente legislatura, Podemos registró una proposición de ley para modificar el Estatuto de Expresidentes. La intención era que se derogaran distintos preceptos que el texto atribuye a los Molt Honorables como, por ejemplo, el apoyo de servicios de la Generalitat en sus desplazamientos fuera del territorio, coche oficial, despacho, o la desaparición del puesto permanente en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) que pueden llegar a ocupar 15 años.
Sin embargo, la norma aprobada por el Consell de Eduardo Zaplana se mantuvo intacta, ya que la propuesta de Podemos, después de superar el trámite de enmiendas en comisión, fue rechazada por unanimidad en el pleno de Les Corts. Incluso el partido que lidera Antonio Estañ se opuso a su propia iniciativa, ya que la mayoría de las modificaciones que querían introducir no habían sido aprobadas y consideraron entonces que la reforma había quedado "descafeinada" y había "perdido su esencia".
Si bien entonces estimaron que habían perdido "una oportunidad", ahora, en el contexto actual -en el que la Audiencia Nacional está juzgando el caso Gürtel y algunos de los investigados han apuntado al expresident de la Generalitat, Francisco Camps- los morados han rescatado sus intenciones y, este miércoles, registraron una proposición de ley nueva para modificar el texto normativo.
El cambio sustancial que recoge la propuesta del partido de los círculos es la supresión de que los Molt Honorables sean miembros natos del CJC. En su lugar, proponen que su salida sea al Consell Econòmic i Social (CES), donde no tienen asignada ninguna retribución -como sí ocurre en el órgano consultivo-. Un puesto que ocuparían, además, con una limitación temporal de 5 años, tres veces menos del que podían ostentar en el Consell Jurídic.
La nueva regulación, a su vez, establece supuestos de revocación total o parcial por parte del pleno de Les Corts de los derechos y recursos otorgados a los expresidents de la Generalitat Valenciana, y supuestos de renuncia voluntaria, forzosa o revocación parlamentaria.
Así, la norma señala que la propuesta de revocación deberá ser presentada por, al menos, "un tercio del número total de diputados y diputadas de Les Corts, que pertenezcan como mínimo a dos grupos parlamentarios diferentes" y aprobada por una mayoría reforzada. Es decir, dos tercios de la Cámara -66 diputados-. Una posibilidad contemplada, describe el texto, para preservar "la dignidad de la institución" y por la que también se establecen "mecanismos de retirada de la condición honorífica".
La diputada de Podemos y portavoz adjunta, Fabiola Meco, ideóloga de la propuesta, también elimina de la ley aprobada en 2002 el derecho de los expresidents a tener oficina y a contratar a dos personas -conductor y asesor-, e introduce obligaciones de "transparencia informativa" respecto al uso que los ex jefes del Consell den anualmente a los recursos prestados mediante la realización de una "memoria de actividades y económica". Esto es, que si los Molt Honorables utilizan las dependencias propiedad de la Generalitat en Madrid y Bruselas, justifiquen para qué las han usado.
En este sentido, el artículo 2 de la propuesta de modificación contempla restricciones sobre los desplazamientos fuera de la Comunitat y el uso que realicen de los medios de la Generalitat como las oficinas en el extranjero, de las que dice que solo "podrán utilizarse para funciones estrictamente necesarias para la tarea encomendada".
Los socialistas, que ya votaron en contra a la primera propuesta de Podemos, no parece que vayan a modificar esta vez su posición. No en vano, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, afirmó este miércoles que su grupo no iba a apoyar "legislaciones que partan de la presunción del 'choricismo' de toda la clase política". Así, subrayó que los del puño y la rosa parten de la premisa de creer que los presidents "son Molt Honorables" y "porque haya pasado esto" no consideran que haya "que satanizar y creer que todos son unos chorizos".
"Busquemos algo razonable, porque ahora en todas las leyes hay quien siempre propone que se añada una enmienda para decir que si alguien es un sin vergüenza, lo quitemos", criticó Mata después de señalar que la situación actual es "absolutamente excepcional".