El PP abordará la restitución de militancia de los exconcejales cuando queden exonerados en 'Taula'

VALÈNCIA. Los primeros meses de 2016 son recordados para algunos como los peores en la historia del PPCV. El estallido del caso Taula –consistente en el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en varias administraciones valencianas– trajo en una parte de su investigación el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento de València. Esta concreta operativa por la que medio centenar de personas –entre ellos concejales y asesores– habría donado 1.000 euros para la campaña electoral de 2015 que les habrían sido devueltos en dos billetes de 500 convulsionó totalmente al partido a nivel interno. 

Las indagaciones del juzgado de Instrucción número 18 de València junto a la Fiscalía Anticorrupción afectaron de lleno a la práctica totalidad del grupo del PP en el consistorio de ese momento. 9 de sus 10 ediles acabaron imputados y la presidenta de la formación, Isabel Bonig, tomó contundentes decisiones. Entre ellas, el establecimiento de una gestora en la ciudad para dirigir el partido e, incluso, el replanteamiento de las siglas, algo que finalmente no se produjo. 

Pero, sin duda, una de las más dramáticas para una formación que parecía desorientada ante la situación que vivía llegó en marzo de ese año. El Comité Nacional de Derechos y Garantías acordaba la suspensión cautelar de militancia para los ediles y asesores investigados tras un escrito presentado por ellos mismos en el que la solicitaban a petición propia. En un comunicado oficial, Génova anticipaba que, en el caso de apertura de juicio oral, serían dados de baja definitivamente del partido.

Días antes, Bonig había mantenido reuniones con ellos para pedirles el acta en lo que fue uno de los momentos de mayor tensión interna junto al que meses después, en septiembre, se produciría con Rita Barberá cuando anunció que abandonaba el PP después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra ella (y pocos meses antes de fallecer). 

La renuncia al acta no llegó pese al ultimátum y mientras la dirección nacional también les abría expediente informativo. El partido siguió como pudo a la espera de cualquier novedad de un procedimiento judicial que se acabó dilatando más que cualquier cálculo inicial. Los años pasaron, las heridas no se acabaron de cerrar en la ciudad –aunque la tensión sí decayó con el paso del tiempo– y la imagen de 9 de 10 concejales investigados por supuesto blanqueo duró hasta el final de la legislatura. 

Génova revocaría la decisión de hace casi seis años

La historia, en este momento de finales de 2021, ha dado un vuelco. El pasado octubre llegó el esperado auto de procedimiento abreviado –procesamiento– en lo que suponía el paso previo a la apertura de juicio oral. Pero tras la presentación de recursos, la Audiencia Provincial ha frenado en seco la parte de la causa que afecta a los exconcejales y se encuentra estos días dictando sobreseimientos para todos ellos. 

Y la reacción del PP, a diferencia de entonces, es otra. Con un discurso público de exigencia de perdón por el daño causado, ahora las medidas que se plantean son las contrarias a aquel 2016. Según varias fuentes, la líder popular en València, María José Catalá, ha mantenido diversas conversaciones en primera persona a lo largo de estas jornadas con todos los excargos a los que se ha ido archivando. El compromiso adquirido pasa, al parecer, por la restitución de la militancia para todos una vez se resuelva judicialmente el asunto de manera definitiva. 

No concretan el cómo y el cuándo, pero sí que será de nuevo el Comité Nacional de Derechos y Garantías el encargado de revocar la suspensión que acordó hace casi seis años. La lógica indica que la cuestión se abordaría una vez el juez de instrucción haya abierto juicio oral a aquellos a los que la Audiencia no ha sobreseído la causa. Una resolución con la que todo quedaría zanjado para los exconcejales y exasesores.