Primera condena contra una administración por no facilitar protección a los sanitarios

VALÈNCIA (VP). El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón y al Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos o privados, de la provincia.

Se trata del primer pronunciamiento que se produce en España de estas características. Es pues la primera condena contra una administración pública que se produce, según interpreta la juez, por haber vulnerado los derechos de los trabajadores públicos.

Se estima así la demanda que presentó el sindicato de médicos Fasamet contra el Gobierno de Aragón y los dos organismos que de él dependen por no proporcionar los equipos adecuados para protegerse del riesgo de contagio por la covid-19. 

Denuncias en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat hay varios procesos abiertos en ese sentido. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia abrió diligencias previas tras una denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la Conselleria de Sanidad por no proteger a sus profesionales ante la grave crisis de la covid-19.

El órgano judicial admitió la denuncia con el objeto de averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos, por si fueran constitutivos de un delito. Así mismo, trasladó las actuaciones al ministerio fiscal para que informe sobre la competencia y admisibilidad de la denuncia.

Por otra parte, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana Cesm-CV ha interpuso una querella contra la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, por haber incumplido su obligación de dotar de material sanitario adecuado a los médicos y sanitarios durante la gestión de la pandemia provocada por la covid-19. La querella se interpuso por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores e infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.