Imagen de archivo de oposiciones. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Sindicato de Interinos de Educación (SIE) ha recurrido a los tribunales para paralizar las oposiciones que arrancarán el próximo 22 de mayo en la Comunitat Valenciana. Así lo recogía este jueves el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), donde Educación anuncia que ha remitido el expediente al Tribunal Superior de Justicia y se cita a las partes interesadas a comparecer en el proceso.
Los docentes sin plaza fija siguen adelante con la carrera de fondo por la estabilización de sus condiciones laborales, con la esperanza de encontrar “una solución que resuelva la situación antes de que se convoque la oposición”. Así lo explica a este diario la asociación, que temen quedar excluidos del mercado de trabajo en caso de que no superen la prueba, pues se sacarán a concurso más de 3.500 plazas de libre acceso de Secundaria y otros cuerpos.
“Hay gente que lleva incluso treinta años trabajando para la Administración y se tiene que presentar a una oposición a estas alturas”, se quejan desde el colectivo. Su abogado, Juan Selva, determina que el sistema debería tener menos plazas, sobre un ocho por cien, y apuesta por “cortar la entrada de interinos” y por la existencia de una base fuerte de personal fijo, con un “colchón temporal” de empleados para cubrir las necesidades de servicio.
El colegiado basa su argumentación en la postura de la jurisprudencia europea, que no considera viable la resolución del problema de temporalidad en el sector público a través de un concurso-oposición. Por ello, Selva advierte de que el Gobierno está “avanzando, ignorando y desentendiéndose” de las recomendaciones de la Unión Europea.
Se trata de un conflicto agravado en los últimos años, en especial durante la etapa del Gobierno del Botànic, dado que la Conselleria ha aumentado las contrataciones de personal interino para cubrir la pérdida de trabajadores públicos, que cada vez son menos a causa de las jubilaciones. Aunque la Generalitat continúa ofertando plazas públicas, la entrada de personal nuevo es reducida, dado que la tasa de reposición establece un tope que impide que la Administración ofrezca el número de plazas que necesita.
Así, el sindicato se mantiene firme en su propuesta sobre el aplazamiento del concurso, con el objetivo de ganar tiempo para implantar medidas que les garanticen “estabilidad”. Apuestan por la fijeza para aquellos funcionarios que cuenten con mayor experiencia, alegando que, de esta forma, no serían expulsados tras el concurso “después de haber sido utilizado durante años por la Administración pública”.
Por su parte, la Conselleria recuerda que los años de servicio del personal son el criterio que más puntúa en la fase de méritos y añade que en las pruebas de 2019 “la gran mayoría de plazas, el 77,4%, las ganó el profesorado interino”, lo que se traduce en 3.029 puestos de trabajo de los 3.925 ofertados. A su vez, argumenta que el ordenamiento jurídico vigente en España “no contempla otra vía posible para acceder a la función pública que las oposiciones”.
Cabe recordar que una parte de la comunidad educativa lleva tiempo preparando el temario para entrar en concurso, puesto que el año pasado la convocatoria se suspendió a causa de la pandemia y este año muchos aspirantes confían en que el examen tenga lugar en menos de dos semanas.
