PSOE, PP, Vox y Ciudadanos rechazan la ley de UP en el Congreso para impulsar una eléctrica pública

VALÈNCIA (EP). El PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos han tumbado en el Pleno del Congreso la proposición de ley de Unidas Podemos para impulsar una empresa de energía pública con la que gestionar las instalaciones de generación hidráulica que fueran caducando.

La propuesta, por tanto, no ha pasado el primero de los filtros, el de su admisión a trámite, y ha decaído con el rechazo de su socio de Gobierno, además de los partidos de la bancada de la derecha, pero también del PNV, el PDeCAT, UPN y Foro Asturias. Esquerra Republicana, EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP, Compromís, Teruel Existe y el BNG han votado a favor de la tramitación de la iniciativa, mientras que Junts se ha abstenido.

La iniciativa del grupo confederal pasaba por agrupar las concesiones hidroeléctricas que vayan caducando en esta compañía, por crear un registro público para planificar esta recuperación, impulsar con ella nuevas instalaciones de energía renovable y por coordinar la empresa con otras comercializadoras públicas.

Durante el debate de la iniciativa, el portavoz de Unidas podemos, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de contar con una eléctrica pública para frenar a un "oligopolio mafioso" justificado su acusación en las multas por manipulación de precios, el vaciamiento de embalses para maximizar beneficios, la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el 'caso Villarejo' o la amenaza de cierre nuclear anticipado al Gobierno hace unos meses.

Por su parte, su portavoz de Transición Ecológica, Juantxo López de Uralde, ha reivindicado que un bien público como el agua "sea gestionado desde lo público y el beneficio público" con la reversión de estas centrales, por lo que cree que su propuesta es "de puro sentido común", recordando que España es de las excepciones de la OCDE en no contar con una gran energética pública.

Precios incluso más elevados en países con empresas públicas

Su homólogo en el PSOE y socio de Gobierno, Germán Renau, ha defendido que es posible actuar contra la pobreza energética y conseguir precios más baratos con un marco regulatorio adecuado, sin una empresa pública, recordando que otros países con una gran energética pública han superado a España en sus precios de electricidad. Por ello, ha desdeñado la propuesta de Unidas Podemos como un "plan a 20 años" vista si quiere bajar los precios.

José Alberto Herrero Bono, del PP, ha asegurado que una empresa pública "no es, ni de lejos, la solución" a la escalada de precios, con reversión de centrales en un plazo de 20-35 años, una situación en la que también ha incidido Idoia Sagastizabal, del PNV, que se ha preguntado si cubrir los costes servirá para garantizar energía asequible.

En todo caso, sí han defendido ambos una regulación para la energía hidráulica, el PP para su reserva estratégica como tecnología de respaldo, y el PNV para su gestión a las órdenes del operador, poniendo el foco no en la rentabilidad, sino en el momento de su generación.

ERC habla de "propaganda" y Bildu de oportunidad perdida

Por ERC, Joan Capdevila ha recordado que en mayo cumple el compromiso del Gobierno de llevar una nueva reforma del sector eléctrico --"Y ni hemos oído hablar de borradores", ha incidido--, invitando a Unidas Podemos a "hacer propaganda con cosas menos serias", mientras que Bildu ha lamentado la falta de acuerdo entre socios, que condena al fracaso la iniciativa.

Por su parte, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, ha incidido en el papel que han jugado estas instalaciones hidroeléctricas en la despoblación, y en la necesidad de que la reversión de las mismas a los poderes públicos corrijan estos efectos.

PSOE y Unidas Podemos rechazan prohibir la publicidad de coches con emisiones

Por su parte, tanto el PSOE como Unidas Podemos han rechazado impulsar un calendario para prohibir la publicidad de los vehículos con emisiones, como plantea Más País-Equo, que defiende vetar sus anuncios a partir de 2025 y sus patrocinios a partir de 2027.

En su defensa de la iniciativa, la diputada de Más País-Equo ha lamentado las resistencias de adoptar medidas como estas cuando la Unión Europea ha planteado prohibir su venta en 2035 y esta publidad "ha sido enormemente utilizada para blanquear o rebajar la responsabilidad que tienen los vehículos en la salud y la crisis climática".

Esta industria, ha abundado, invirtió en publicidad 500 millones en 2019, el 13% de toda la publicidad en España, y por mucho que haya formaciones que crean que "no toca", ha señalado que permitir su publicidad implica incentivar productos nocivos "que ya tienen fecha de caducidad" y que dejarán de exportarse a otros países europeos.