VALÈNCIA. C'est fini. Se cerró este miércoles la comisión de investigación sobre el escandaloso fraude de cuatro millones de euros perpetrado contra la EMT de València por unos estafadores anónimos hace más de un año. El equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSPV, dio por finalizadas las tareas en el órgano que ha presidido la edil socialista Elisa Valía tras arrojar un informe de conclusiones en el que se desvelan fallos en el funcionamiento interno pero que, sin embargo, no ha supuesto la asunción de ninguna responsabilidad política.
Cayeron todos los directivos implicados en el área que sufrió la estafa. Justo después de lo sucedido, la empleada engañada, Celia Zafra, fue despedida; el gerente, Josep Enric García, fue cesado el pasado lunes; y las conclusiones incluyen la degradación de la jefa de Gestión, María Rayón, en el organigrama de la empresa. Tres sacrificios que han valido al gobierno municipal para dar carpetazo a la controversia y evitar una sangría mayor, con más tensiones y disputas internas.
Y eso que la oposición ha estado reclamando que el presidente de la firma, el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, abandonara este cargo y lo delegase en otro miembro del gobierno. Este miércoles, en la comisión, que se desarrolló durante varias horas de la tarde, volvió a ocurrir. PP y Ciudadanos presentaron sendos informes de conclusiones pidiendo esta salida, pero el ejecutivo cerró filas en torno a Grezzi.
Valía, como presidenta del órgano, que había llevado su propio informe de conclusiones -acordado con Compromís-, negó la mayor: "Nunca he considerado que el presidente de la EMT tuviera cualquier responsabilidad, siempre lo he dicho". Prestó así un último apoyo en esta cuestión a sus socios cerrando cualquier tipo de debate al respecto. Según Valía, "como entiende cualquier persona, el despido del gerente ya implica toda responsabilidad".
Si bien ya se ha admitido por todas las fuerzas políticas que García fue despedido para asumir responsabilidades por la estafa, el documento definitivo sobre lo que ocurrió obvia por completo su figura. "¿Por qué no aparece el gerente? El gerente estaba cuando sucedió", preguntaba el edil del PP, Carlos Mundina.
Precisamente la salida del gerente se había anunciado una semana antes de presentar el informe de conclusiones. Y el timing, aquí, no fue baladí. El despido o la dimisión previa a la presentación de las conclusiones sobre el fraude, acordado entre los socios de gobierno, tenía un único sentido: evitar que el nombre de Josep Enric García apareciera en el informe de la comisión, pidiendo así su cese y resultando en una salida deshonrosa para el máximo directivo tras cinco años al frente de la EMT.
Según Valía, la comisión se creó "para determinar qué es lo que ocurrió esos 20 días de septiembre". Y según dijo este miércoles, eso está ya "meridianamente claro". Así, el gobierno municipal cerró por la vía rápida la comisión y se desechó cualquier consideración que tuviera que ver con "el funcionamiento general de la empresa" o sobre otras consecuencias que pudieran derivarse de la investigación judicial.
Elisa dijo en varias ocasiones que la clausura del órgano no implica que no se puedan tomar más medidas fuera de ella, en el consejo de administración de la empresa, conformado por los mismos miembros que la comisión, o en la junta de accionistas -que es el pleno municipal-. "Hay temas en los que no va a haber acuerdo en la vida. Dimisiones y ceses se pueden seguir planteando en el pleno o en el consejo; la comisión no se creó para esto", sentenció.
La oposición exigía que no se cerrara la comisión de investigación. El Partido Popular insistió en que la empresa debe entregarle todavía un centenar de documentos que han solicitado -y sobre lo que el Consell de Transparencia falló en su favor-, pero tanto Grezzi como Valía subrayaron que mucha de la información que piden no existe, está ya entregada, o cuyo contenido no influiría en las conclusiones de la comisión.
"¿Qué va a cambiar sobre lo que ya sabemos?", reiteró Valía ante las peticiones de esperar al avance de las investigaciones policiales y la solicitud de esta documentación. la postre, el equipo de gobierno dio luz verde a su informe de conclusiones, con el voto en contra tanto de los consejeros del PP, Mundina y Marta Torrado; el de Ciudadanos, Narciso Estellés; y el de Vox, Vicente Montañez, quienes a lo largo de la cita, acusaron al equipo de gobierno de no querer asumir ninguna responsabilidad política.
La portavoz del PP, María José Català, exigió a Ribó como presidente de la junta general de la EMT la asunción de responsabilidades políticas o en su defecto censura, y criticó tanto "su pasividad omisa antes del suceso en cuanto a la patente vulnerabilidad de la empresa, que había sido ya advertida desde 2016 en distintas auditorias", como por su "proactividad durante más de un año defendiendo al presidente del consejo de administración y al gerente".
Por su parte, Estellés, de Cs, subrayó que la comisión tenía "las cartas marcadas desde el principio" y dijo no entender "cómo no se ha escrito ni admitido una sola responsabilidad política por parte del bipartito". Además, calificó de "inaudito" que el gerente no figure "ni en una línea, ni en una palabra en las conclusiones".
Conclusiones: fallos internos en la empresa
La disipación de la figura del gerente en las conclusiones otorgó todo el protagonismo a María Rayón, hasta ahora jefa de Gestión de la EMT. El informe preparado por el gobierno contiene el cese de sus funciones y su traslado a otra plaza dentro de la empresa por su falta de diligencia. En el escrito aprobado por Compromís y PSPV se admite que los protocolos internos y organizativos internos de la EMT de València eran vulnerables cuando se produjo la rocambolesca estafa.
Así, se ha constatado "vulnerabilidades no resueltas". Sobre el control de tesorería la vulnerabilidad reside en "la falta de delegación de funciones" de Rayón, que se encontraba entonces de baja por maternidad, y que es la superior de Zafra en el organigrama. "No se puede verificar en ningún protocolo ni relación de funciones de los puestos" a quién correspondía la tarea de revisar las cuentas, reza el documento. Eso sí, Rayón "no había delegado formalmente ninguna tarea" durante su baja.
María Rayón. Foto: EFE
Además, la EMT "no ha contado nunca con una relación de puestos de trabajo, tampoco antes de la llegada del actual equipo directivo", reza el texto, donde se constata que la firma también carecía hasta hace poco de un conjunto de protocolos conocidos por los empleados involucrados en los procesos. Se empezaron a hacer desde 2015 pero "no se han concluido para todas las áreas de la empresa", como por ejemplo en el área de Finanzas. "Se decidió priorizar otras áreas de la empresa", subraya el escrito, como el departamento de compras, "quedando el área de finanzas para un momento posterior".
Así, cuando ocurrió el fraude, el departamento de finanzas lo único que tenía "y que podían considerarse protocolos" son un "compendio de documentos de diferente naturaleza como instrucciones con los pasos a realizar para algunas tareas". Pero era una mixtura que se habían hecho las propias empleadas, nada formalizado por la mercantil. Por todo ello, las conclusiones recomiendan acometer tanto la relación de puestos de trabajo como los protocolos formales de funcionamiento interno.
Así las cosas, otro factor a tener en cuenta durante el fraude fue el hecho de que en el departamento sólo había dos trabajadoras cuando se produjo la estafa, lo que también influyó en el desarrollo de los acontecimientos. Por ello, el texto es contundente y revelador, al asegurar que según la declaración de la propia Rayón, "el reducido número de personas en el departamento fue, sin duda, una de las claves para que los trabajos relacionados con la conciliación bancaria no se llevasen a cabo con la debida diligencia". De manera que "existieron tareas que quedaron desatendidas" aquellos días.
Foto: KIKE TABERNER
