El PSPV cuestiona al candidato a Síndic de Comptes de Compromís y eleva a Javier de Lucas para el CJC 

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts tratan de mantener estos días en el más absoluto secreto los nombres de sus candidatos para renovar los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana. Nadie quiere poner sus cartas sobre la mesa hasta saber si habrá acuerdo global o no para que los nombramientos de los seis entes que funcionan de manera interina en estos momentos saldrán adelante en el último pleno de la legislatura -previsto para la última semana de marzo-. 

Aunque todos aseguran que están cerca de cerrar el pacto, el contexto de desconfianza ha derivado en que las negociaciones se estén produciendo en unos términos que nunca antes se habían dado: cada grupo sabe cuántos nombramientos le corresponden en cada órgano y si les toca elevar una mujer o un hombre para cumplir con la ley de paridad. Pero nada más. Todos desconocen los perfiles y currículums que propondrán el resto de formaciones y a los que deberán apoyar. Y no los conocerán hasta el último momento. 

Ahora bien, a pesar del recelo con el que cada grupo guarda sus aspirantes, algunos nombres ya han comenzado a trascender en los medios de comunicación. Es el caso, por ejemplo, del candidato de Compromís a Síndic Major de Comptes, Josep Vidal. Tal y como adelantó Valencia Plaza, la coalición valencianista busca situar en el órgano fiscalizador en sustitución de Vicent Cucarella a quien fuera subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte entre 2015 y 2017, con Vicent Marzà de conseller. 

Un perfil que ya genera ciertas dudas en el PSPV, donde consideran que su paso por el Gobierno valenciano podría convertirlo en inelegible para el puesto. Según algunas fuentes, esto le haría incurrir en una de las causas de incompatibilidad que recoge la ley de la institución para ser elegido Síndic Major, que es haber ejercido un cargo político en los últimos años. 

Lo cierto es que el artículo 25.3 de la Sindicatura establece que no podrán ser elegidos síndicos aquellos que en los cuatro años anteriores a la fecha de nombramiento hayan sido "miembros del gobierno o cargos electos en instituciones representantivas". Así, desde el PSPV hay quien cuestiona si un subsecretario puede ser considerado "cargo político o no", dado que este perfil en el Consell está más vinculado a las funciones administrativas, pero al fin y al cabo es elegido por el conseller. 

Las dudas que plantean, sin embargo, no tendrían sustento, según recuerdan desde Compromís, si se atiende estrictamente a los plazos que marca la ley: Vidal dejó de ser subsecretario en 2017 y, si fuese nombrado Síndic Major en 2023, habrían pasado más de seis años entre un nombramiento y otro. La norma exige que transcurran cuatro para no incurrir en incompatibilidad. 

Vidal es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados por la Universitat de València. Es igualmente funcionario del Cuerpo Superior Técnico de la Administración General de la Generalitat, del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado y del Cuerpo de la Administración Civil del Estado. Fue concejal por el Bloc –ahora partido mayoritario dentro de Compromís– en l'Olleria durante los dos primeros años de la legislatura 1999-2003. Municipio del que es natural la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó. 

Tras su paso por la Conselleria de Educación –donde, oficialmente, cesó a petición propia–, se reubicó en la Diputación de Valencia como jefe del servicio de Cultura, un área que dirige el diputado provincial Xavier Rius (de Compromís).  

Javier de Lucas, al Consell Jurídic Consultiu

A pesar del secretismo, uno de los nombres que todavía no había trascendido es la segunda apuesta del PSPV para el Consell Jurídic Consultiu. En este órgano, al Consell le corresponde realizar dos nombramientos. Presidencia de la Generalitat tiene intención de mantener a la actual presidenta en el órgano, Margarita Soler. Pero junto a ella también quieren situar, según ha podido saber este diario, al catedrático y senador independiente del PSOE por la provincia de Valencia desde 2019, Javier de Lucas. 

De Lucas es filósofo, antiguo director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y secretario de Derechos Humanos, Migraciones y Reforma Constitucional del PSPV-PSOE. Dirigió el Colegio de España en París de 2005 y 2012 y es un reconocido intelectual con investigaciones y publicaciones destacadas en materia de políticas migratorias, solidaridad, minorías y xenofobia, así como otras áreas relacionadas con los derechos humanos. El catedrático cuenta con numerosos galardones, entre ellos, la Distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y libertades constitucionales de 2016, entregada por el propio Puig.

Con De Lucas, el Jurídic sería el órgano donde más nombres se conocen. Además de Soler y el propio catedrático, Compromís propone a Fernanda Lapresta, abogada y miembro de ejecutiva de la coalición en València ciudad. De hecho, figuró en la lista al Ayuntamiento en las pasadas elecciones. 

Por su parte, Antonio Montiel será la propuesta de Unides Podem, como informó este periódico. Actualmente profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universitat de València y en su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Albal, fue candidato de la formación morada a la Generalitat en 2015 y portavoz en la pasada legislatura en Les Corts.

Con estos, el puzle de los órganos estatutarios comienza a completarse. PSPV, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos aprobaron este miércoles a Alfred Costa como director general de À Punt y a Miquel Francés como presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Ambos, deberán ratificarse en pleno con no pocas complicaciones. Junto a ellos, quedará por renovar la Sindicatura de Comptes, el Consell de Transparencia para el que los morados proponen a Héctor Clark, el Consell Valencià de Cultura y el Consell d'Universitats.