Puig elige a dedo a Global Omnium para análisis de coronavirus en aguas residuales de residencias

VALÈNCIA. El grupo Global Omnium ha tenido más suerte en la Generalitat valenciana que en la de Cataluña en su campaña para conseguir un contrato para realizar análisis de aguas fecales para detectar la presencia de trazas de SARS-CoV-2, el coronavirus. Si en Cataluña maniobró sin éxito para que la Agencia Catalana del Agua convocara un concurso para realizar estos análisis -así lo desvelaron las grabaciones del caso Voloh, en el que fue detenido el responsable de la filial de Global Omnium en Cataluña, David Madí-, en València lo ha tenido mucho más fácil, ya que ha sido el propio Ximo Puig quien le ha puesto la alfombra roja. Sin necesidad de concurso, a dedo, con un contrato que nadie en la Generalitat es capaz de explicar cuándo se firmará y por qué importe.

El president de la Consell recibía este jueves en el Palau de la Generalitat a una delegación de Global Omnium encabezada por su presidente, Eugenio Calabuig, tras la que anunciaba que la Generalitat, a través de esta empresa, analizará antes de Navidad las aguas residuales de los centros residenciales de mayores y de personas con diversidad funcional "como parte de la estrategia de detección y control de la covid-19". 

Al encuentro asistió la vicepresidenta y consellera responsable del área de mayores, Mónica Oltra; la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló; la investigadora del CSIC Gloria Sánchez; el director de servicios de Global Omnium, Juan Francisco Maestre, y el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínico de València, David Navarro. 

"Este es un paso más de un proyecto que inició la Generalitat en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige Pedro Duque y la empresa Global Ómnium, y que sitúa a la Comunitat Valenciana como pionera en técnicas de monitorización de las aguas residuales y alerta temprana en la lucha contra la pandemia", afirmó Puig tras el encuentro.

Otros proyectos valencianos

Sin embargo, la iniciativa no es la única de aguas residuales en la Comunitat Valenciana ni es pionera. Tres universidades públicas valencianas y la Conselleria de Agricultura a través del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC) iniciaron un proyecto en tal sentido el pasado mes de abril. 

La empresa castellonense Facsa (Grupo Gimeno) hizo lo propio con el proyecto Covid Water, que fue uno de los 42 escogidos por la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) en una convocatoria de proyectos de lucha contra la covid a la que se presentaron 300 iniciativas antes del 3 de abril. Facsa colabora en este proyecto con IATA-CSIC, CEBAS-CSIC, la Universidad Jaume I y el Instituto Tecnológico de la Informática (ITI), que aplicará procesos de inteligencia artificial a los datos obtenidos. Facsa ha comercializado el servicio y lo lleva a cabo en numerosos ayuntamientos y en empresas como Porcelanosa y UBE.

El proyecto de Global Omnium se presentó el 7 de mayo, con presencia de Ximo Puig, quien un mes después volvió a respaldarlo con una visita al laboratorio de la empresa acompañado por la consellera Ana Barceló. En ese momento las pruebas eran gratuitas, según se anunció. En esta tercera ocasión en la que Puig respaldó públicamente un proyecto que compite con otros valencianos y no valencianos en el mercado, el president fue más lejos al adjudicarle un contrato sin concurrencia pública.

Se hará probablemente por la vía de emergencia por covid, que permite al Gobierno valenciano saltarse los procedimientos de ordinarios de contratación pública, pero nadie en la Generalitat supo aclarar los pormenores de este contrato este jueves y viernes a preguntas de Valencia Plaza. La Conselleria de Igualdad que dirige Monica Oltra aseguró no conocer la circunstancias de este contrato, mientras Sanidad remitió a Presidencia, que le devolvió la pelota. Finalmente, el departamento de Ana Barceló admitió que el contrato no está firmado, que se hará de forma directa y por un importe aún por determinar.

La urgencia de este contrato llega después de más de seis meses en que las empresas han estado realizando este tipo de pruebas y después de que la patronal de las residencias Aerte y la asociación Lares, que agrupa a los operadores sin ánimo de lucro, lleven desde el verano solicitando que se hagan pruebas periódicas a los trabajadores de los centros.