La vicealcaldesa primera de València, Sandra Gómez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, acudió este viernes a declarar, en calidad de investigada por unos contratos publicitarios, por un total de 19.578 euros, firmados con los diarios Levante y Las Provincias. La denuncia la interpuso el asesor del Grupo Popular Luis Salom, que la acusó de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, administración desleal y malversación de caudales públicos.
Según Salom, esta publicidad en forma de entrevistas e informaciones en 2017, 2018 y 2019 se hizo "para la promoción personal" de la entonces primera teniente de Alcalde. Los contratos se firmaron a través de la Fundación Comunitat Valenciana del Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia, cuyo gerente, Javier Fernández Cardona, también está imputado junto a otra trabajadora de la institución.
El letrado de Gómez, Juan Carlos Navarro, presentó al juzgado un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que, según afirma, avala por unanimidad "la contratación directa de publicidad", la forma utilizada en este caso. El CJC emitió su dictamen el pasado 20 de noviembre, a raíz de una consulta de la Conselleria de Hacienda quien, a su vez, había recibido la petición desde el consistorio tras varios recursos de reposición presentados por el PP municipal contra cuatro resoluciones de publicidad directa como la utilizada por Sandra Gómez.
Estas resoluciones fueron una adjudicación directa de difusión publicitaria a una agencia de publicidad a través de un contrato menor de la Concejalía de Patrimonio en diciembre de 2018, un contrato menor con un medio de comunicación de la Concejalía de Turismo en febrero de 2019, un contrato publicitario menor con una agencia en marzo de 2019 de la Concejalía de Igualdad y, por último, una resolución dictada por el concejal de Relaciones con los Medios, Carlos Galiana, en junio de 2019, que adjudicaba la difusión publicitaria por contrato menor a una agencia de publicidad.
En el escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el CJC dictamina que, "en el supuesto planteado, no nos encontramos ante un conflicto entre el ordenamiento jurídico estatal y la normativa autonómica que demande la aplicación de la cláusula estatal, al quedar amparada la regulación en las competencias de la Generalitat y resultar, además, compatible con la legislación básica del Estado en materia de contratación pública".
Todo lo anterior viene derivado, según el CJC, del hecho de que la prohibición de contratar "de manera directa" a que se refiere el artículo 6.8 de la ley valenciana 12/2018, sobre Publicidad Institucional "se estima referida a la prohibición de adjudicación de publicidad institucional sin convocatoria pública, por lo que no vulnera el precepto legal, ni la voluntad del legislador autonómico, ni tampoco la doctrina del TC, el que los órganos de contratación recurran en materia de publicidad institucional al contrato menor, siempre que se garantice la publicidad en la plataforma de contratación del sector público al contrato menor, y se promueva la concurrencia pudiendo presentar oferta cualquier medio". Es decir, se puede adjudicar la publicidad mediante contrato menor, tal como contempla la ley estatal, siempre que se garantice que es con un procedimiento de libre concurrencia, no a dedo.
Lo dicho por el CJC con respecto a la contratación directa es, según las fuentes consultadas, lo mismo que dijeron los técnicos que ya declararon en este caso. De hecho, la defensa de Sandra Gómez esperará a que el fiscal del caso, que no acudió a la declaración, informe al respecto de lo dicho por la vicealcaldesa y de la nueva documental aportada para decidir si pide ya, o espera, el sobreseimiento del procedimiento.
Además del informe, la propia Gómez explicó a este periódico que contestó a todas las preguntas planteadas por el magistrado de refuerzo de Instrucción 18, el mismo que ha procesado y sentado en el banquillo a su compañero de gobierno, el concejal de Fiestas, Pere Fuset.
