Sanidad fija para el 15 de diciembre la reversión del servicio de resonancias magnéticas

VALÈNCIA. El servicio de resonancias magnéticas en casi todos los hospitales públicos valencianos volverá a ser de gestión pública a partir del próximo 15 de diciembre. Así se lo comunicó este jueves la Conselleria de Sanidad a la UTE Erescanner Salud, que ha gestionado el servicio durante once años, tres más de los estipulados en el contrato adjudicado en 2008.

En el escrito firmado por la secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, se recuerda que en enero de 2019 la propia conselleria pidió a la UTE que mantuviera el servicio, pues el contrato de diez años había finalizado el 31 de octubre de 2018.

Como ya anunció el pasado mes de agosto, la Conselleria de Sanidad subrogará al personal de la UTE Erescanner Salud -107 personas en aquel momento- como laboral a extinguir. Sus condiciones se fijarán en un decreto que debe aprobar la Generalitat. En un principio planeó integrarlos en una nueva mercantil pública, la Empresa Pública de Salud, pero finalmente lo descartó.

El fin del servicio privado pone fin a once años que han tenido un alto coste para las arcas públicas y ha generado pingües beneficios a los socios de la UTE, especialmente al Grupo Ascires, que controla el 57% a través de Eresa e Iberdiagnosis. Los otros socios son el grupo propietario de Clínica Benidorm, con el 28,5% a través de Inscanner y Beanaca, y Ribera, con el 14,5%.

Los beneficios durante los primeros nueve años años de contrato -a falta de conocer los de 2020 y 2021- superaron los 130 millones de euros, con una facturación de cerca de 500 millones. Los beneficios de 2019 cayeron por una reclamación de 6,5 millones de la Conselleria que obligó a la UTE a provisionar esa cantidad. Las principales beneficiadas han sido Eresa e Inscaner, que además de socios de la UTE son las empresas que realmente prestan el servicio.

La Sindicatura de Comptes advirtió dos veces, en 2013 y 2016, y la Intervención General una más en en 2017, sobre el alto coste económico que para la Sanidad publica valenciana tenía la gestión privada de este servicio.

En 2016 la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció su intención de revertir el servicio a la gestión publica cuando acabara el contrato, pero cuando dimitió para ocupar el Ministerio en junio de ese año apenas había avanzado y la nueva consellera, Ana Barceló, no mostró ninguna prisa por culminar el proceso.

El servicio se presta sin contrato desde que finalizó hace tres años y las facturas se pagan mediante expedientes de enriquecimiento injusto, fuera del presupuesto. Sanidad pidió en 2019 a Erescanner Salud una rebaja de las tarifas del 50%, a la vista del amplio margen con el que facturaba y que ya tenía casi todos los aparatos amortizados, pero la UTE solo aceptó bajarlas un 17%.

Se activará el nuevo contrato

El fin del contrato de 2008 y la gestión pública del servicio a partir del 15 de diciembre supondrá la activación del contrato que adjudicó la Conselleria de Sanidad como refuerzo a los hospitales públicos en caso de saturación, que se distribuyó entre varias empresas, especialmente Eresa e Imed. 

El concurso se adjudicó en verano de 2018 pero no había entrado en vigor al no haberse materializado la reversión.